El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene en su poder desde hace meses quejas de las defensas de los investigados en el caso de la DANA de Valencia en las que se hacen constar específica y directamente cuestiones referentes a la continua presencia del magistrado Jorge Martínez Ribera, marido de la juez Nuria Ruiz Tobarra, y se pone todo ello en conocimiento del citado órgano judicial. Hasta el momento, el CGPJ no se ha pronunciado. Ni acerca de esta cuestión ni de otras referidas en las citadas quejas. Nuria Ruiz Tobarra es la juez que instruye las diligencias previas del citado caso.
De hecho, las quejas y sus respectivas ampliaciones siguen en el CGPJ. Hasta el punto de que el abogado de la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas, llegó a solicitar a ese órgano que procediera a «dar un impulso efectivo a la resolución de las quejas pendientes», cosa que sigue esperando.
En julio del pasado año, 2025, el letrado José María Bueno, que dirige la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa, solicitó al citado órgano judicial, en una de las dos ampliaciones de su queja llevadas a cabo, la incoación de diligencias informativas acerca de la presencia del juez Jorge Martínez Ribera y que, mientras estas diligencias se llevasen a cabo, se suspendiera en funciones a ambos magistrados.
Esta petición estaba contenida en la alegación tercera de su escrito, bajo el epígrafe de «contaminación de la causa por la participación no autorizada ni declarada formalmente de un magistrado ajeno a la causa», en referencia al marido de la juez de Catarroja.
En ella, el abogado recordaba, entre otras cuestiones, que «la jurisprudencia del Reino de España, tiene reiterado que (…) la sustitución entre jueces no supone violación del derecho constitucional al juez legal; ahora bien, matiza dicha jurisprudencia, siempre y cuando exista previa habilitación o autorización legal para ello». Y eso es lo que falta en el presente caso, que dicho magistrado no está habilitado, comisionado o autorizado para poder actuar en un juzgado de diferente partido judicial al suyo, y encima cuya titular es nada más y nada menos que su esposa, actuando por tanto con claro abuso de derecho y flagrante incompetencia».
El pasado 17 del presente mes de marzo, la defensa de la ex consellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, elevó su último, hasta ahora, escrito al Consejo General del Poder Judicial. En él, solicitaba que el citado órgano requiriera al letrado Rubén Gisbert que aporte los audios que muestran la supuesta injerencia en la causa del magistrado Jorge Martínez Ribera, marido de Nuria Ruiz Tobarra, sin que se haya producido contestación.
