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La Comisión Europea tenía previsto presentar en diciembre de 2025 la esperada Ley de Aceleración Industrial (IAA), una norma con un enfoque novedoso por el que se quieren establecer requisitos de prioridad europea en asuntos como licitaciones públicas. Desde entonces acumula varios retrasos.
Hasta ahora está previsto que vea la luz el próximo 25 de febrero. Sin embargo, ya son numerosas las fuentes comunitarias que explican que harán falta dos o tres semanas más de trabajo, con múltiples departamentos queriendo influir en el borrador final que llegará a la mesa del colegio de comisarios, el órgano que da luz verde a la presentación de las propuestas legislativas.
El texto es muy complejo porque entra en una cuestión inédita para la Comisión Europea, que empezó a mostrar sus cartas tras el verano de 2025, cuando la preocupación por un nuevo "shock chino 2.0" hizo que muchos dentro del Ejecutivo comunitario adoptaran un perfil más asertivo respecto a la protección de la industria europea.
Los borradores que se han ido filtrando incluyen cuestiones como que los vehículos eléctricos que reciban algún tipo de ayuda pública deban estar ensamblados en la UE y tener un 70% del valor de sus componentes hechos en Europa. La propuesta también cubre toda una serie de sectores considerados como estratégicos, como son los semiconductores, bioquímicos, robótica o computación cuántica, además de industrias electrointensivas que se verán cubiertas, como por ejemplo son las químicas o el sector del plástico.
Una vez que la Comisión Europea termine de llegar a un acuerdo interno respecto al texto, el documento tendrá que ser negociado por el Parlamento Europeo y el Consejo, que representa a los Estados miembros. La ley todavía puede sufrir muchos cambios antes de entrar en vigor, para lo que podrían pasar muchos meses, especialmente en una negociación tan compleja, en la que la industria está siendo especialmente activa, tanto a favor como en contra.
Respaldado por más de 1.000 empresas de la industria, a principios de febrero el ideólogo de la IAA, ahora conocida informalmente como "Buy European", Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, explicaba que la norma se basa en que siempre que "se utilicen fondos públicos europeos, estos deben contribuir a la producción europea y a la creación de empleo de calidad". Sin embargo, y como demostró la cumbre de Alden Biesen (Bélgica), donde los líderes europeos se reunieron de manera informal para discutir sobre la competitividad de la Unión Europea, el asunto es muy divisivo. Los Veintisiete acordaron que respaldan algún tipo de "prioridad europea", pero solamente en sectores concretos.
Alrededor del texto chocan dos corrientes de pensamiento principales, también dentro de la Comisión Europea. Por un lado, está el grupo que defiende que hay que abandonar la ingenuidad industrial en un momento en el que China o Estados Unidos priorizan de manera clara su propia industria, dañando a sus competidores europeos. En el lado contrario se encuentran los que consideran que establecer restricciones puede hacer más daño a la economía europea, que necesita estar abierta para ser competitiva. Entre estos sectores se ha popularizado la etiqueta "Made with Europe" como alternativa al "Made in Europe": contar con la red de "socios fiables" de la Unión a los que no se debería excluir.
La norma tiene muchos puntos complejos que siguen abiertos en canal, como señalan diferentes fuentes, pero de hecho uno de ellos tiene que ver con esta cuestión de los "socios fiables". Japón y Corea del Sur son dos ejemplos de Estados terceros con los que la UE quiere mantener abiertas todas las vías, porque son importantes para muchas de sus cadenas de suministros. Hay socios más sensibles, como es el caso de India, con el que se acaba de cerrar un acuerdo comercial: nadie quiere enviar una señal de desconfianza hacia Nueva Delhi, pero al mismo tiempo hay dudas sobre si de verdad se le debe incluir en esa etiqueta.
Adicionalmente, está la cuestión de qué es exactamente "hecho en Europa". La redacción actual del texto cubre el Espacio Económico Europeo, es decir, los 27 países de la UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega, pero no Reino Unido, que busca incluirse tras su salida en 2020 y, bajo el gobierno laborista de Keir Starmer, se acerca de nuevo a la UE. Otro punto sensible es limitar las inversiones extranjeras directas (FDI) en sectores críticos para la seguridad económica europea.
