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"Influye en la gobernabilidad y el marco regulatorio."
- De un tiempo a esta parte, la política española vive un momento de regresión ciertamente alarmante.
Bajo este eufemismo, PP y Vox, pretenden instaurar un sistema de castas en el acceso a las ayudas sociales y a la sanidad. Una medida que, no sólo atenta contra la propia Constitución española, sino que supone además un alarde sin precedentes de supremacismo, discriminación y castigo al diferente. Las cosas por su nombre.
La prioridad nacional es una patada al artículo 14 de nuestra Carta Magna, que tanto desconoce Feijóo, como dice defender. El artículo 14 no es una sugerencia; es la garantía de igualdad ante la ley. Es la prohibición de discriminar a nadie por nacimiento, raza o religión. ¿Qué será lo próximo que les acepte Feijóo? ¿Segregar barrios, escuelas y hospitales? Con su aceptación de la prioridad nacional, Guardiola, Azcón y Feijóo, están dinamitando el contrato social para abrazar la xenofobia institucional.
El PP protagoniza estos días una rendición ideológica sin parangón ante la ultraderecha, que en el contexto actual Feijóo se afana en tapar, con su hipocresía habitual, asegurando que "todo lo firmado es legal", y escondiendo su vergüenza con el eufemismo del “arraigo duradero y verificable”.
Pero la realidad es tozuda. Desde septiembre de 2025, el líder del PP ha ido asumiendo, paso por paso, los marcos mentales de Vox sin dejarse uno. Asimila, sin despeinarse, una agenda ultra que busca a las claras restringir derechos fundamentales.
Mientras, voces como las de Juanma Moreno intentan a la desesperada marcar distancias con la prioridad nacional, alertando sobre la falta de preparación de Vox para gobernar. Distancia que hoy exhibe, y que, muy probablemente, acabe asumiendo, como Guardiola y Azcón, tras el 17 de mayo.
No se entiende que la dirección nacional del PP esté, tan cómoda y feliz, entregando la gestión de los servicios sociales a quienes quieren desmantelarlos.
Pero al margen del dudoso encaje legal de la prioridad nacional, el daño no es solo moral. También lo es material. Como extremeña, me duele en el alma el acuerdo de Guardiola, pero también el de Aragón, que no solo amenazan la convivencia, sino que condenan a estas regiones a la desindustrialización. Frenar las energías renovables y poner en duda proyectos industriales por puros prejuicios ideológicos, es una irresponsabilidad que pagarán los ciudadanos con su bolsillo.
El concepto de "prioridad nacional", no es solo una simple estrategia política de lo peor de esta derecha que sufrimos. Es también la instauración de un “apartheid social” que divide a la ciudadanía entre personas con derechos y personas excluidas por su origen. No podemos permitir que se normalice ni se institucionalice esta discriminación. La sanidad es universal, los derechos humanos no caducan según el pasaporte, y la Constitución es el dique que debe frenar esta deriva.
El pueblo extremeño y aragonés deben saber que la respuesta ante este atropello será el recurso sistemático del Gobierno de España ante los tribunales. No se tratará de vendettas políticas, sino, simple y llanamente, de defender la decencia y la dignidad humana, frente a la barbarie de la segregación, el racismo y la xenofobia.
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Maribel García López es portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista y diputada por Badajoz
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