La educación constituye un pilar esencial en la formación del ciudadano que cada sociedad aspira a construir, de acuerdo con su modelo de organización política, social y cultural. No se trata de un proceso neutro ni meramente técnico, sino de una acción profundamente orientada por valores, principios e ideales colectivos. En ese sentido, la Constitución de cada país se erige como el referente fundamental que define el tipo de ciudadano que se desea formar; a partir de ella, las leyes sectoriales de educación precisan los fines y objetivos que el sistema educativo debe procurar desarrollar en cada individuo.
Este marco normativo no surge del azar ni de decisiones aisladas, sino que responde a una visión filosófica determinada. Son los grandes sistemas de pensamiento los que, históricamente, han orientado los principios constitucionales y educativos de las naciones, conforme a la ideología asumida por las clases gobernantes y por los consensos sociales alcanzados en cada etapa histórica. Por ello, toda política educativa expresa, de manera explícita o implícita, una concepción del ser humano, de la sociedad y del poder.
Desde la filosofía clásica, Platón, discípulo de Sócrates, ofrece una de las reflexiones más influyentes sobre la relación entre educación, política y vida en sociedad. Para Platón, el ideal más alto de la educación es formar a quienes puedan conocer el bien, gobernar con justicia y evitar el abuso del poder. La educación es, en su pensamiento, la base de una república donde primen la virtud, la racionalidad y el bien común. No puede haber un buen gobierno sin una buena educación, ni una vida ciudadana plena sin ciudadanos formados moral e intelectualmente.
En este contexto, la educación debe ser de calidad y estar orientada por fines morales superiores. Platón advierte que una mala educación conduce inevitablemente a la demagogia, al desorden social y a la proliferación de gobiernos corruptos e incompetentes, guiados más por las pasiones y los intereses particulares que por la justicia. En cambio, una educación adecuada produce gobernantes sabios y ciudadanos que obedecen la ley no por temor al castigo, sino por convicción racional y compromiso ético con la comunidad política.
Esta visión platónica sirve de marco para la construcción de una república ideal en la que la buena educación posibilita una vida ciudadana plena. En ella, la ley es respetada por todos, no como una imposición externa, sino como una expresión racional del bien común. El comportamiento moral orienta tanto las actuaciones de los gobernantes como las de los gobernados, fortaleciendo la cohesión social y la estabilidad institucional.
Para Platón, la educación debe ser integral y ajustada a las necesidades, capacidades y aptitudes de cada persona, así como a su rol dentro de la polis. No todos los ciudadanos cumplen la misma función social, pero todos deben ser educados conforme a los principios que garanticen la armonía colectiva. En ese sentido, la educación cumple también la función de moderar las pasiones y de formar el carácter, de modo que la acción ciudadana se oriente al bien colectivo y no al interés individual desmedido.
En otras palabras, una educación de calidad es fundamental para construir un modelo de república y de sociedad en el que la finalidad compartida sea la actuación correcta conforme a los principios morales y a las leyes. Se trata de una sociedad en la que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida con libertad, seguridad y dignidad, sin temor a gobiernos injustos, arbitrarios o represivos.
Surge entonces una pregunta clave: ¿qué debe enseñar la educación para cumplir con esta finalidad? En primer lugar, los conocimientos fundamentales, como la lengua, las ciencias y las matemáticas, indispensables para comprender el mundo y participar de manera informada en la vida social. A ello deben sumarse los principios morales y éticos que constituyen la base de una sociedad justa y democrática, donde cada ciudadano pueda aportar responsablemente al desarrollo del bien común.
En función de esta finalidad, el currículo del sistema educativo dominicano requiere una revisión profunda. Es necesario, como planteó en su momento Ortega y Gasset, darle un “golpe de podadera”: eliminar la redundancia, reducir la sobrecarga de contenidos y concentrarse en aquello que realmente es útil para la vida en sociedad. No se trata de empobrecer la educación, sino de hacerla más pertinente, significativa y coherente con las necesidades del ciudadano contemporáneo.
Algunos países han iniciado procesos de revisión curricular con este enfoque. El presidente Javier Milei, en Argentina, por ejemplo, decidió mediante decreto eliminar determinadas disciplinas que consideró innecesarias en la formación del ciudadano actual. Más allá del debate que estas decisiones generan, lo cierto es que la revisión del currículo resulta urgente también en nuestro contexto, donde persiste una acumulación de contenidos poco relevantes y escasamente vinculados con las competencias ciudadanas.
Se impone, por tanto, una reforma educativa profunda, coherente con las demandas de la sociedad actual y con las competencias indispensables para vivir conforme a los principios de la democracia representativa que consagra la Constitución dominicana. Educar para la democracia y la vida en sociedad no es una opción secundaria: es una responsabilidad esencial del Estado y una condición indispensable para el desarrollo sostenible, la justicia social y la convivencia pacífica.
