Una técnico de Transportes dice que recibió una «instrucción» para duplicar la compra de mascarillas a Aldama

Angélica Martínez Ortega, ex secretaria general técnica del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos al frente de la cartera, ha declarado este miércoles ante el Tribunal Supremo que recibió una instrucción de su superior, el subsecretario, para duplicar la compra de mascarillas durante la pandemia en un contrato adjudicado a Soluciones de Gestión, la empresa del empresario Víctor de Aldama. La testigo, sin embargo, se ha desmarcado de la gestión directa de esa contratación y ha asegurado que desconocía si la compañía tenía experiencia previa en material sanitario.

La declaración de Martínez Ortega ha tenido lugar en la segunda jornada del juicio por el conocido como caso Koldo, que se celebra en el Tribunal Supremo con Ábalos, Koldo García y Aldama en el banquillo. La sesión, iniciada con media hora de retraso, ha estado marcada desde el principio por un equívoco procesal que ha generado tensión en la sala.

El presidente de la Sala Penal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha interrumpido el interrogatorio a la testigo para advertir que la jornada de este miércoles estaba prevista para centrarse en la contratación de Claudia Montes y de Jésica Rodríguez en empresas públicas dependientes de Transportes, no para abordar los contratos de mascarillas.

El error se ha producido porque la defensa de Ábalos la había propuesto pensando en su vinculación con Ineco, empresa donde fue colocada la ex amante del ex ministro, cuando en realidad Martínez Ortega ocupó el cargo de secretaria general técnica en el Ministerio durante la pandemia. El magistrado ha recriminado el fallo al letrado del ex ministro, aunque finalmente ha permitido que el interrogatorio continuara para no perjudicar a la testigo.

En su declaración, Martínez Ortega ha explicado que durante el estado de alarma sus funciones en el Ministerio consistían en «garantizar la seguridad en el transporte de viajeros» y «garantizar el transporte de mercancías para asegurar el abastecimiento en toda España».

Ha relatado que realizó un seguimiento diario de la situación sanitaria y que, en un momento determinado, su superior le encomendó elaborar la primera orden de compra de mascarillas ante las necesidades derivadas de la emergencia.

La testigo ha precisado que en aquella fecha se permitía la tramitación de emergencia para atender la crisis sanitaria, así como los sistemas de contratación centralizada para su posterior reparto. «Yo de la contratación no me encargaba», ha apuntado, aunque ha reconocido que no descarta que le llegaran correos relativos a dichas compras.

Sobre la empresa de Aldama, ha aseverado que no tenía conocimiento de si contaba con experiencia en material sanitario, si bien ha confirmado que las mascarillas adquiridas sí fueron recibidas.

Otras declaraciones

La segunda jornada ha comenzado con la declaración de Óscar Gómez Barbero, ex director gerente de Logirail, filial de Renfe. Gómez Barbero ha relatado que, cuando se incorporó a la empresa en enero de 2020, ya era sabedor de que Claudia Montes, amiga del ex ministro y ex Miss Asturias 2017, no acudía a su puesto.

Su explicación ha resultado cuando menos llamativa: «No es que no trabajara. No fue a trabajar y yo lo entiendo porque el puesto de trabajo no era adecuado». Según ha descrito, el puesto estaba ubicado en una planta baja, «al lado de una escalera» de servicio, un lugar que consideró poco apropiado para alguien que debía vender viajes de tren de lujo. No obstante, dice que le informaron que Claudia Montes sí trabajaba desde otro lugar.

El ex directivo ha asegurado que tomó la iniciativa de llamar personalmente a Montes, entre tres y cinco veces, para comunicarle que se iba a resolver su situación. Una decisión que, según ha remarcado, adoptó por su propia iniciativa, «sin recibir instrucción alguna» de Renfe, Adif ni del Ministerio de Transportes, y ello pese a que Logirail contaba entonces con 500 empleados.

Cuando se le ha preguntado si era habitual que el director gerente llamara personalmente a cada empleado con problemas, ha respondido que el contrato al que estaba adscrita Montes representaba alrededor del 5% de los ingresos de la empresa, el cuarto más sustancial de la compañía.

Tras el cambio de puesto y la mejora de sus condiciones, Gómez Barbero ha afirmado que «me consta que trabajaba». Ha negado también que Montes le presentara denuncia alguna por acoso laboral, aunque ha reconocido que el despido posterior de la trabajadora fue calificado en un acto de conciliación como «improcedente».

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sostenido en sus informes que la contratación de Montes fue «ilegal» y se produjo por la «influencia» de Ábalos y la «relevante colaboración» de Koldo García.

Un mensaje del entonces ministro a su asesor, fechado el 8 de octubre de 2019, lo resumía con una prosaica economía de palabras: «¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?». La respuesta de Koldo fue igualmente lacónica: «Lo arreglo».