El nuevo gobierno llegó al poder afirmando que Chile requiere un “gobierno de emergencia”, de una forma amplia y poco delimitada. Sin embargo, sostener un diagnóstico de emergencia total puede resultar tan impreciso como contraproducente. Las nociones de crisis permanente tienden a homogeneizar problemas, dificultan la priorización y empujan a respuestas generales, poco diferenciadas y, muchas veces, inefectivas.
La seguridad sigue siendo una prioridad, pero gobernarla hoy requiere algo más complejo que declarar una emergencia general: exige distinguir, priorizar, sostener lo que funciona y corregir lo que no. Hacer lo contrario -insistir en diagnósticos generales y respuestas de brocha gorda- no solo resulta impreciso; también implica evadir decisiones que realmente importan.
Hace cuatro años, el Estado de Chile mostraba debilidades para prevenir, perseguir y controlar el delito, especialmente frente a la creciente complejidad que este adquirió tras la pandemia. Hoy el país cuenta con instituciones más robustas y herramientas más eficaces para enfrentar estos desafíos. La creación del Ministerio de Seguridad Pública, la nueva ley de seguridad privada y el fortalecimiento del marco para la seguridad municipal son parte de ese cambio.
Eso no resuelve todos los problemas, pero sí cambia el punto de partida, y exige distinguir dónde están realmente los problemas.
Chile ha mejorado su capacidad para perseguir el delito y desarticular organizaciones criminales. Un ejemplo es la detención de más de 600 integrantes vinculados a bandas como el Tren de Aragua, incluyendo extradiciones de alta complejidad. Este fortalecimiento ha derivado en otra urgencia: la sobrepoblación y el endurecimiento del perfil de la población penitenciaria. En efecto, la tasa de ocupación del sistema cerrado pasó de 104,9% en 2019 a 145,0% en 2025. Este escenario requiere respuestas estructurales.
En este contexto, la creación del Ministerio de Seguridad Pública abrió la oportunidad de que Gendarmería se incorpore a las fuerzas de orden y seguridad, como establece la reforma constitucional aprobada recientemente. Ello permitirá reforzar la colaboración investigativa con la PDI y Carabineros y elevar los estándares del sistema penitenciario.
Otra urgencia es el temor. Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina, pero se percibe un escenario de inseguridad desbordada. Ese temor no puede subestimarse: afecta la vida cotidiana, erosiona la confianza y debilita la vida en comunidad. Para quienes creemos que las personas se desarrollan mejor en una sociedad que las protege, acompaña y potencia, esto es especialmente grave. No hay sociedad posible cuando las personas temen a los demás. Se requiere una estrategia seria para abordarlo, con resultados y una comunicación responsable.
Persistir en diagnósticos de “emergencia total” no solo es impreciso: también evita decisiones incómodas. En seguridad, lo pendiente no se resuelve con más volumen ni generalidades, sino con precisión y prioridades.
Por Pía Mundaca, cientista política
