La organización Cáritas ha organizado varias charlas en diversos municipios de Mallorca, entre ellos Palma, con el objetivo de informar acerca del proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes. En total, el calendario contempla siete charlas con los ilegales interesados en la regularización de Pedro Sánchez.
Los eventos informativos, dirigidos tanto a potenciales beneficiarios de la medida como a la población en general, pretenden explicar en qué consistirá el proceso y qué documentación se debe presentar de cara al mismo.
Principalmente, según ha indicado la entidad humanitaria en un comunicado,ile un pasaporte que esté vigente, documentación que corrobore su permanencia en España y los antecedentes penales.
Otras cinco ideas básicas que se expone en las charlas son aclarar que la regularización no da derecho a voto, no supone una «amnistía para delincuentes», no provocará un «efecto llamada», no colapsará los servicios públicos y no quitará trabajo a la población local.
La medida anunciada por el Gobierno, según estimaciones recientes, podría alcanzar a 550.000 personas que se encuentran en situación administrativa irregular en España, que serían unos 10.800 en Baleares.
Esta realidad también se refleja en el acompañamiento que realiza Cáritas, dado que 4.310 personas atendidas en 2024 (el 56,06%) no tenían su situación regularizada.
Muchas de ellas viven desde hace años en el país, pero no pueden acceder a una autorización de residencia por obstáculos burocráticos, carencia de documentación o situaciones de vulnerabilidad.
La irregularidad, ha detallado la entidad, limita gravemente el acceso a derechos básicos y sitúa a las personas en una posición de gran fragilidad.
Por ejemplo, sin una autorización de residencia y trabajo, muchas quedan excluidas del mercado laboral normalizado y se ven obligadas a aceptar empleos precarios o sin garantías.
También encuentran dificultades para acceder a la vivienda o realizar trámites cotidianos, como abrir una cuenta bancaria, que «alimentan al círculo de invisibilidad y exclusión social».
Es por todo ello que desde Cáritas han considerado que una regularización extraordinaria puede representar un «cambio profundo» en la vida de muchas personas, quienes pasarían a poder acceder a un trabajo digno, cotizar, contribuir al sostenimiento de los servicios públicos y planificar un proyecto de vida con estabilidad.
También les facilitaría el acceso a servicios esenciales como la sanidad, la educación o la vivienda y reduciría el riesgo de explotación laboral o discriminación.
Su apoyo a esta medida, ha subrayado la entidad, responde también a una «cuestión pastoral» y se alinea con la postura mantenida por las principales instituciones de Iglesia.
