Cómo Costa Rica se convirtió en el tercer país de América Latina más endeudado con el FMI después de Argentina y Ecuador

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Pie de foto, Rodrigo Chaves dio paso a Laura Fernández Delgado como nueva presidenta de Costa Rica el pasado mes de febrero.

Es el tercer lugar que no quiere nadie. Para los costarricenses verse en la misma lista que argentinos o ecuatorianos es hasta chocante, pero lo cierto es que Costa Rica se encuentra entre los tres países de América Latina que mantienen una mayor deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Argentina encabeza la lista con un saldo equivalente a US$56.944 millones, el 8,3% de su PIB. En segundo lugar se sitúa Ecuador con US$8.850 millones, el 6,8% de su PIB, y en tercer puesto Costa Rica con US$2.441 millones, el 2,4% del PIB.

Pero la historia de cómo y por qué Costa Rica llegó a ese podio es muy diferente a la de sus "compañeros de ranking". Sobre todo, en lo que concierne a la saga de crisis, renegociaciones y convulsión social a los que llevaron los rescates del FMI en Ecuador y Argentina.

También es diferente la trayectoria que han seguido sus cuentas públicas y los ajustes realizados.

"Cuando comparamos la deuda en proporción al PIB, la de Costa Rica con el Fondo Monetario no es tan pesada como la de Argentina o Ecuador, que son dos países que han estado en situaciones fiscales sumamente complicadas", explica a BBC Mundo Luis Mesalles, economista y socio de la consultora Ecoanálisis.

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Pie de foto, En 2021, el FMI otorgó US$1.778 millones para que Costa Rica pudiera bajar la deuda pública.

Desde el año 2000 a 2020, Costa Rica registró déficits fiscales significativos. El gasto estatal superaba contantemente sus ingresos sin que ninguno de sus gobiernos consiguiera frenar esta tendencia.

En este periodo se incluye la crisis financiera mundial de 2009, para la que el gobierno aprobó un programa de gasto conocido como "Plan Escudo", y el inicio de la pandemia de Covid-19, que golpeó la economía costarricense en un momento en el que el país aún mantenía debilidades estructurales en sus finanzas públicas y en la gestión de la deuda.

Duras reformas

Tras varios intentos fallidos para romper con la escalada de deuda, en 2018 se aprobó una ambiciosa reforma: la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Con ella se transformó el impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado, que extendió el alcance del IVA a servicios y no solamente bienes, y se introdujo la factura digital, entre otras medidas.

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