Tres comités sociales de la megatoma de San Antonio presentaron, ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, un recurso de protección -por vulneración de derechos- en contra de la Delegación Provincial de San Antonio y de la delegada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el asentamiento, Gloria Maira.
Los recurrentes sostienen que 2.143 familias han sufrido afectaciones físicas y psíquicas a raíz de los desalojos realizados en el Cerro Centinela (donde se ubica la megatoma), que consideran como ilegales, arbitrarios y sin resguardo adecuado.
También acusan vulneraciones a derechos fundamentales como la vida, la integridad, la honra, la igualdad ante la ley y la protección de la salud.
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Dafne Aránguez, representante de los mencionados comités, informó que el recurso se sustenta en las consecuencias que, según denuncian, han provocado las actuaciones de la Delegación Provincial de San Antonio, incluyendo la negativa a entregar información sobre los desalojos realizados.
Por su parte, el vocero del Movimiento Pobladores Organizados, Gustavo Sepúlveda, señaló que la querella por estafa presentada en contra del titular del Minvu, Carlos Montes, fue declarada inadmisible. Sin embargo, el representante indicó que se solicitaron nuevas diligencias investigativas.
Supuestas irregularidades en el desalojo
El recurso de protección también describe supuestas irregularidades en el desalojo iniciado en enero de 2026, como demoliciones anticipadas, falta de datos sobre reubicaciones, carencia de apoyo suficiente para adultos mayores, niños y personas con discapacidad; además de presuntas omisiones en la fiscalización de albergues y cumplimiento de protocolos.
Los comités también piden -en la ampliación de su requerimiento- la suspensión del desalojo, el cese del hostigamiento y la adopción de medidas cautelares para familias y dirigentes. Además, solicitan subsidios de arriendo por al menos dos años para 120 socios directamente afectados.
Al respecto, desde la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio enfatizaron que toda persona tiene el derecho legítimo de recurrir a los tribunales y afirmaron que los procedimientos realizados se ajustaron a lo ordenado por los órganos jurisdiccionales.
