En las sombras de la Ley de Amnistía para la
Convivencia Democrática persiste la represión chavista mediante la judicialización sistemática de al menos 215 familiares de militares disidentes, excluidos de beneficios por su vínculo sanguíneo con casi 200 uniformados encarcelados bajo tácticas de Sippenhaft nazi, documentadas por defensores de los derechos humanos. Secuestros, torturas e imputaciones fabricadas en casos como
Operación Oro o Explosivos de
Plaza Venezuela, han sufrido las adolescentes
Hernández Castillo, de 16 y 19 años, o la familia Heredia a la que el Sebin amenazó con cortarle al pequeño Samuel, de 8 años, en un castigo colectivo para coaccionar a disidentes de la FAN
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