Todavía estamos a tiempo

Estado, empresa y sociedad

Los expertos evaluadores visitarán Guatemala en febrero de 2027.

Desde julio del año pasado, ha estado en el Congreso de la República la iniciativa de ley 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, para estudio y dictamen de las comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, y de Economía y Comercio Exterior. La que dictaminó la iniciativa, el 24 de febrero pasado, fue la Comisión de Economía y Comercio Exterior.

El Congreso decidió avanzar con este dictamen, lo cual es conveniente dado el atraso que, como país, ha tenido la emisión de esta pieza legislativa. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) realizó la última Evaluación Mutua de País (EMP) en 2016, prevista cada cinco años, pero la pandemia del COVID trastocó la de hace cinco años. Los expertos evaluadores visitarán Guatemala en febrero de 2027, aunque el proceso de evaluación ya está en curso con la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR).

El dictamen modificó la iniciativa, en algunos casos para mejorarla, pero en otros, ojalá no ponga en riesgo el compromiso del país con la prevención y persecución de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Consejo Nacional contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFT), que ya existe como COPRECLAFT, instancia política de coordinación interinstitucional de alto nivel, presidido por la vicepresidencia de la República, pero excluye a la SAT, como si el origen de los fondos provenientes de la defraudación tributaria no fuera un delito precedente de lavado de dinero. También se pretende convertir a esta entidad en oficina operativa para que conozca y apruebe o impruebe cada caso que la SIB considere necesario incorporar como Persona Obligada, soliviantando la independencia institucional que la Ley de Supervisión Financiera y la propia Constitución Política otorga a la SIB.

El dictamen reduce el tiempo de dos a un año para que una Persona Expuesta Políticamente (PEP) siga siendo PEP después de haber dejado el cargo, además que los diputados se autorrecetan excluir como PEP a los dirigentes de los partidos políticos.

Ante los conocidos abusos por la imposición de reserva de investigación para las partes y los sujetos investigados llevadas a cabo en el curso del proceso penal, se comprende la propuesta de que la reserva sea solo para terceros, pero debemos suponer que esto no aplicaría al seguimiento del dinero que realiza la IVE previo a trasladar los casos al Ministerio Público (MP), porque si no, cualquier pandillero, extorsionador, narcotraficante o lavador de dinero, se mantendría exigiendo “legalmente” a que la IVE le informe si está bajo escrutinio de posible lavado de dinero, haciendo nugatorio el trabajo de la IVE como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que debe mantener sus actuaciones bajo la más absoluta reserva.

La iniciativa correctamente migra de un modelo prescriptivo hacia un Enfoque Basado en Riesgo (EBR), más preventivo, que optimiza recursos institucionales y empresariales, concentrando esfuerzos donde los riesgos son mayores y simplificando procedimientos en operaciones de menor riesgo. Esperamos que ya no se persiga al ladrón de una gallina que la vende y el dinero sea tipificado como lavado de dinero, mientras se deja sin perseguir a gigantescas estructuras dedicadas a lavar dinero y otros activos.

Urge la aprobación y la pronta vigencia de esta Ley para que Guatemala pueda superar con éxito la EMP y siga siendo reconocida como país cooperante en la lucha contra los delitos mencionados.