En enero pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó sin oxígeno financiero a 57 organizaciones civiles al retirarles la autorización como donatarias, cerrándoles la puerta a emitir recibos deducibles y poniendo en riesgo la continuidad de apoyos para familias en pobreza, mujeres con cáncer de mama y niñas, niños y jóvenes con problemas de aprendizaje, entre otro tipo de atenciones.
Cifras oficiales procesadas por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) destacan que las organizaciones de la sociedad civil alimentan a una de cada siete personas —una población equivalente a todo Chile—; brindan servicios de salud a una de cada tres —como atender a toda España—, y atienden el rezago educativo de 24.2 millones de personas, una cifra cercana a la población de Australia.
Los datos señalan que, tan sólo en 2024, más de 3.2 millones de personas contribuyeron de manera voluntaria con su tiempo y talento en instituciones sin fines de lucro, lo que da cuenta del alcance social de estas causas.
Actualmente, se estima que existen 49 mil 343 organizaciones civiles en todo el país, cuya labor impacta directamente en millones de personas, especialmente en contextos de vulnerabilidad.
Las cifras dan cuenta de que, en el referido año, más de 17 mil organizaciones atendieron a población sin acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, equivalente a 14.4% de los mexicanos.
En materia de salud, cerca de 21 mil 800 ONG brindaron servicios a 44.5 millones de personas, es decir, a 34.2% de la población que no cuenta con acceso a atención médica. En cuanto a educación, alrededor de 25 mil 100 organizaciones trabajaron para reducir el rezago educativo que afectaba a 24.2 millones de personas en el país.
El Cemefi resalta que las instituciones sin fines de lucro representan un componente relevante de la economía nacional. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 este sector aportó 1.82% del PIB, equivalente a 571 mil millones de pesos, y generó empleos para más 833 mil personas.
La coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, expresa a EL UNIVERSAL que el retiro de autorizaciones como donatarias ha generado efectos inmediatos en la operación de diversas organizaciones civiles, algunas de las cuales enfrentan caídas abruptas en sus ingresos.
Alerta que, en varios casos, la pérdida de este estatus implica que muchas organizaciones dejen de recibir donaciones clave, lo que provoca crisis financieras que ponen en riesgo su continuidad. Incluso cuando logran recuperar la autorización, el impacto del periodo sin recursos puede ser severo y difícil de revertir, comenta.
Como ejemplo, menciona el caso de Reintegra, que recientemente atravesó un episodio de este tipo. La organización perdió temporalmente su calidad de donataria autorizada, lo que derivó en una reducción significativa de apoyos. Aunque logró restituirla, expone que el “bache” financiero representó una afectación considerable para una institución con décadas de trabajo en reinserción social.
Rendón subraya que si bien es necesario mantener mecanismos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas, también resulta fundamental evitar medidas que terminen debilitando al sector en su conjunto. Considera que la revisión debe realizarse caso por caso, con criterios claros, para no afectar a organizaciones que cumplen una función social relevante en distintas áreas.
Destaca que el trabajo de las ONG abarca múltiples ámbitos, desde salud y educación hasta seguridad, migración y desarrollo social. Su papel, señala, es complementario al del Estado, especialmente en contextos en los que las políticas públicas no alcanzan a cubrir todas las necesidades de la población. Externa que en los últimos años se observa una disminución en los apoyos al sector, tendencia que se acentúa desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En ese sentido, enfatiza la necesidad de impulsar estrategias específicas para fortalecer a las organizaciones pequeñas y comunitarias, que suelen carecer de acceso a financiamiento amplio o internacional. Sin estos apoyos, advierte, el riesgo es que sólo sobrevivan las organizaciones más grandes, lo que limitaría la diversidad y alcance del trabajo social en el país.
“Lo que estamos observando es un estrangulamiento financiero indirecto: al retirar la figura de donataria autorizada, el SAT no sólo afecta la operación administrativa de las organizaciones, sino que compromete la atención de millones de personas en situación de vulnerabilidad”, dice Carlos Martínez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Argumenta que las ONG suplen vacíos del Estado en alimentación, salud y educación, por lo que debilitarlas implica trasladar ese costo social a familias que ya enfrentan condiciones precarias.
“Cuando se limita la posibilidad de recibir donativos deducibles, se desincentiva la participación ciudadana y se rompe un ecosistema de corresponsabilidad que ha sido clave para atender rezagos históricos. Más allá del cumplimiento fiscal, se requiere un equilibrio: garantizar transparencia sin asfixiar a organizaciones que cumplen una función social esencial en territorios donde la política pública no alcanza”, sostiene.
Desde la perspectiva del académico, ante el “estrangulamiento” a las organizaciones civiles el panorama es delicado y con efectos en cadena. “No es un impacto aislado en las instituciones, sino en millones de personas que dependen de sus servicios. Al limitar su capacidad de recibir donativos deducibles mediante decisiones del SAT, muchas organizaciones recortan atención, cancelan proyectos o incluso cierran. Esto afecta directamente a poblaciones que reciben alimentos, atención médica básica o apoyo educativo, por mencionar algunos”. Resalta que en el mediano plazo se produce un vacío de atención que el Estado difícilmente cubre con rapidez.
“Las ONG operan en territorios y nichos donde la política pública tiene menor presencia o capacidad. Al desaparecer estos servicios, aumentan problemáticas como inseguridad alimentaria, rezago educativo y falta de acceso a salud preventiva. Otro efecto relevante es el debilitamiento de la participación ciudadana.
“Sin incentivos fiscales disminuyen las donaciones de personas y empresas, lo que rompe un modelo de corresponsabilidad social. Esto reduce el alcance de iniciativas que hoy atienden a millones de personas”, comenta.
Añade que el cierre de espacios para las organizaciones civiles no sólo reduce su capacidad operativa, sino que expone a mayor vulnerabilidad a millones de personas que dependen de ellas.
En un contexto de necesidades crecientes, advierte que el debilitamiento del sector no es un simple ajuste administrativo, sino una decisión que reconfigura el acceso a la ayuda social y delimita, en los hechos, quién recibe apoyo… y quién queda fuera.
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