Autoridades venezolanas establecieron un protocolo, del que aún se desconoce su contenido, para la aplicación «expedita» de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional (AN) para casos de presos políticos.
El documento fue redactado y aprobado durante una reunión en la que participaron los titulares del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General, Caryslia Rodríguez y Tarek William Saab, respectivamente, y la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, presidida por el diputado chavista Jorge Arreaza, además de otros funcionarios de estas instituciones.
En X, Saab afirmó que el protocolo «garantizará que todos los órganos de administración de justicia ejecuten de forma rápida y efectiva la aplicación de los beneficios para las personas relacionadas con los hechos establecidos» en la ley.
La normativa, en teoría, cubre entre 1999 y 2026, pero especifica 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del periodo establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.
Por su parte, Arreaza indicó que el objetivo del encuentro fue «precisar y articular todos los procesos de los órganos de administración de justicia para garantizar la rápida y efectiva aplicación de los beneficios».
El jueves, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promulgó la ley tras su aprobación y pidió «celeridad» a la comisión especial para revisar los casos «no contemplados» en la legislación.
En su artículo 15, la legislación establece la creación de esta comisión de seguimiento con la tarea de implementar «mecanismos» para cumplir la ley.
Además, puede recomendar a otros organismos del Estado la adopción de «medidas alternativas» en casos evaluados por la comisión.
Este viernes, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó que entregará a la comisión especial una lista con 232 casos para que sean incluidos en la amnistía.
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