En diciembre de 2018 el Presidente Piñera y Marcela Cubillos, ministra de Educación de la época, promulgaron la ley Aula Segura. Fue un proyecto polémico, asumir que la violencia había llegado a las salas de clases y que era un fenómeno indispensable de enfrentar, chocaba con quienes están más preocupados de no “criminalizar” que de combatir el crimen.
Esta semana, esa violencia escolar nos golpeó de manera brutal. Una inspectora falleció, de acuerdo a las informaciones de prensa, producto de la agresión con arma blanca de un estudiante de cuarto medio en Calama. No fue la única víctima, también quedaron heridos otros estudiantes y otra inspectora.
Es un acontecimiento terrible y doloroso, pero viendo la manera en que se informa, a ratos pareciera que se trató de un hecho de la naturaleza o de una rareza estadísitca. Nada de eso, es parte de un fenómeno social que se viene incubando y desarrollando hace años, que tiene varias causas y que es, en buena medida, consecuencia del discurso que deslegitima la autoridad, que ve las normas como un sistema opresivo y que desprecia la disciplina, porque la considera una manera de reprimir las potencialidades de los jóvenes.
El gerente de la Corporación Educacional San José recordó que la Superintendencia de Educación prohibe a los colegios revisar las pertenencias de los estudiantes y que, en caso de hacerlo, les “caen las penas del infierno”. A propósito de este crimen se plantea, con razón, instalar pórticos detectores de metales y está bien, pero será insuficiente sin un cambio cultural, si no dejamos atrás de una vez por todas el discurso ideologizado que ve en la disciplina, las normas, el respeto a los demás y el ejercicio de la autoridad, formas ilegítimas de autoritarismo.
Las agresiones permanentes a carabineros, a médicos y personal de los centros de salud, así como los estudiantes que paralizan el Metro y los que destruyen la ciudad con sus bombas molotov, son expresiones de este mismo fenómeno social. Bajo el sofisma de que no se puede “criminalizar la protesta social” hemos permitido que el espacio público y los lugares comunes, como la sala de clases y el patio escolar, se conviertan en territorio franco para la violencia y el matonaje.
Allí donde no impera un sistema de normas, la fuerza se convierte en la única regla y no existe una convivencia verdaderamente segura y libre de la fuerza irracional, sin autoridad que haga cumplir los preceptos que ordenan las relaciones sociales. Esa autoridad son los padres en el hogar, el carabinero en la calle, el profesor en la escuela, el personal de salud en el hospital y así sucesivamente, porque no existe sociedad viable sin autoridad.
Ver en este llamado a la autoridad y el orden una expresión de autoritarismo es no entender nada. De lo que se trata es de la autoridad democrática, sujeta a responsabilidad y que habilita para que cada uno pueda vivir su propio proyecto de vida, sin el temor de los verdaderos fascistas que hemos tolerado con sus overoles blancos.
Por Gonzalo Cordero, abogado
