Las amenazas encabezan la lista de delitos por los que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) suscribió acuerdos reparatorios durante 2025, con mil 492 convenios de un total de 2 mil 105, entre los 14 fenómenos criminales, que, de acuerdo con el Plan de Política Criminal y Plan de Persecución Penal de ese año, fueron prioritarios para alcanzar soluciones alternativas.
EL UNIVERSAL solicitó vía transparencia el número de acuerdos reparatorios suscritos en estos 14 delitos prioritarios; sin embargo, sólo obtuvo datos sobre 12 de ellos: amenazas, robo, despojo, que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, delitos contra el ambiente, la gestión ambiental y la protección de la fauna; daños a la propiedad por tránsito de vehículo, delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos, lesiones dolosas, posesión y venta de droga, delitos de violencia sexual, violencia familiar y corrupción.
El segundo delito por el que se celebraron más acuerdos reparatorios fue el robo, con 426 pactos, sin detallar en qué variantes se celebraron. En tercer sitio se ubicó el despojo, con 131 acuerdos.
Por delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria sumaron 29 acuerdos, y los delitos contra el ambiente, la gestión ambiental, y la protección de la fauna presentaron 25.
Mientras que, por delitos de daño a la propiedad por tránsito de vehículo, y por delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos (culposo) se celebró un acuerdo reparatorio, respectivamente.
En los delitos de lesiones dolosas, posesión y venta de droga, delitos de violencia sexual (excepto violación), violencia familiar y corrupción no se celebraron acuerdos reparatorios durante 2025.
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Política criminal
En el Plan de Política Criminal y Plan de Persecución Penal de 2025, la fiscalía capitalina estableció que se privilegiaría las soluciones alternativas y criterios de oportunidad en la judicialización de ciertos delitos, ya que no se pueden abordar todos los asuntos con los mismos recursos.
“El Programa de Persecución Penal establece criterios diferenciados para la investigación y resolución de casos según la gravedad del delito y la capacidad institucional. Dado que la fiscalía no puede abordar todos los casos con el mismo nivel de recursos y estrategia, se prioriza la judicialización de algunos fenómenos criminales y se emplean mecanismos alternativos para otros, cuando esto permite una solución efectiva”, expone el documento.
Para la definición de la estrategia se analizaron 20 fenómenos criminales, donde se tomó en cuenta el diagnóstico, la composición, la atención y respuesta institucional y proyectos específicos.
La fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján ha dicho que se busca que los acuerdos reparatorios sean una alternativa en la impartición de justicia.
“Lo decíamos en el informe, en este año 180% más acuerdos reparatorios en la fiscalía en 2025, lo que habla de que realmente se está logrando priorizar y la idea es poder seguir avanzando en esto. La idea es poder consolidar los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que no son únicamente mediación, tenemos también la conciliación, tenemos también las juntas restaurativas y la idea es consolidar este modelo en este plan”, afirmó durante la Jornada de Diálogo del Plan de Política Criminal 2026, el pasado 23 de enero.
Combatir rezago en los juzgados
El experto en justicia e investigador de la Universidad Rosario Castellanos, René Cáceres, ve en la priorización de acuerdos reparatorios un esfuerzo para liberar la saturación de trabajo en la FGJ-CDMX, pero cuestionó que se suscriban en algunas variantes de amenazas.
“Creo que estamos viendo un esfuerzo por transformar la procuración de justicia, sí, pasando de este modelo punitivo a uno que busque soluciones de otro tipo, pero hay que buscar este equilibrio, ni saturar los juzgados con conflictos menores ni dejar pasar esta suerte de delitos que merecen una sanción ejemplar, como las amenazas, yo creo que una amenaza de muerte no merece o habría que tener más cuidado con ello, si es telefónica o presencial, en fin”.
El investigador también cuestionó si los acuerdos reparatorios han beneficiado a las víctimas.
“El mensaje es muy claro: la fiscalía está apostando por una justicia restaurativa como herramienta de gestión institucional, y la pregunta es si esta herramienta está mejorando el proceso de justicia para las víctimas, en primera instancia, o si está funcionando como una cuestión o mecanismo de eficiencia administrativa, o sea, una cosa es aumentar el número de acuerdos y otra garantizar que haya una verdadera reparación del daño”.
Para Susana Camacho, integrante de la organización México Evalúa, los mecanismos alternativos de solución son una oportunidad en el combate al archivamiento de carpetas de investigación.
“Muchas veces la solución más rápida que adoptan es mandar los casos a archivo, entonces los mandan a archivo y eso no implica ninguna solución en lo que surgen más datos de investigación, ahí se queda el caso, entonces a través de los mecanismos alternativos se podría dar mejor solución que simplemente archivar los casos”.
Camacho agregó que, en el caso de las amenazas, tiene el mayor número de acuerdos alcanzados debido a que se derivan de situaciones comunes como lo son pleitos entre familiares o vecinos, y por los cuales se emiten sanciones mínimas.
Dijo que el uso de soluciones alternativas podría ayudar a reducir la percepción de impunidad entre denunciantes. “Te quejas de tu vecino, de un familiar ante la fiscalía y pues es muy difícil seguir un proceso, entonces lo que hace la fiscalía es archivarlo, pero en la conflictividad y el problema social no se resuelve y eso deriva en una percepción de impunidad porque no pasó nada, la persona se fue a denunciar las amenazas y no pasó nada, en cambio con los mecanismos alternativos sí hay la posibilidad de llamar a la otra parte para sentarlos a dialogar, que haya reparación, que ya no se repitan las discusiones o las amenazas”.
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