Traductores legales e intérpretes judiciales denunciaron este jueves que la Procuraduría General de la República ha establecido nuevas medidas que califican como “absurdas” porque entorpecen el dinamismo de las legalizaciones de documentos y aumenta el tiempo de respuesta a los usuarios que requieren ese servicio.
Alberto Gómez y Luis Manuel Pérez Guzmán, quienes tienen más de 25 años ofreciendo el servicio en unos 15 idiomas, afirmaron que el Departamento Legal de la Procuraduría no tiene facultad para inmiscuirse en el contenido de los escritos, sino únicamente en la certificación de la firma del traductor e intérprete.
Los denunciantes, quienes son propietarios de dos de las principales empresas de traducción e interpretación de documentos, Dragoman Traducciones y Tralega, dicen que las nuevas disposiciones empezaron a implementarse hace dos semanas.
En una rueda de prensa, Gómez y Pérez Guzmán explicaron que , entre los requisitos que se exige se incluye la presentación de pasaporte o la cédula de los actores o de las personas que figuran en los documentos.
- “Esta medida no está amparada bajo ninguna ley que la sustente. El rol del Departamento de Legalizaciones de la Procuraduría es certificar las firmas tanto de los traductores legales como de los notarios, para eso es que están facultados”, sostuvo Gómez.
Todos los documentos legales en el país deben ser en español, establecen las leyes dominicanas, razón por la que todos los escritos en otro idioma que requieren su legalización deben estar traducidos.
Legalización puede durar "días"
Gómez y Pérez Guzmán mencionaron el ejemplo de que cuando una persona que quiera legalizar un acta de defunción que viene de otro país, el proceso ahora se retrasa “horas y días”, porque quien regularmente lo solicita no carga con la cédula o el pasaporte del fallecido.
Se lamentaron de que “una medida absurda entorpezca una diligencia tan simple”.
- Otro ejemplo que citaron es el de la apostilla que, aseveraron, “solo certifica la validez del firmante, no el contenido del documento” y que debe implementarse esa misma política al momento de certificar las firmas de los oficiales de la justicia.
Recordaron que el intérprete judicial está debidamente avalado y es un oficial reconocido por la justicia dominicana.
Se mostraron esperanzados de que que “sabiamente la Procuraduría General de la República, rectifique” la disposición que, indican, afecta a los traductores y a toda la población, así como a inversionistas, cuyas constituciones de compañías vienen en otro idioma y obligatoriamente deben traducirlas en español.
