El Ministerio Público sostiene que actuó deliberadamente y por ello le imputa los cargos
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5 febrero, 2026
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Este jueves 5 de febrero el Ministerio Público formalizó ante un juez su acusación de terrorismo contra el peruano Ángel del Pino Cuya o Ricardo Casas, señalado como responsable de la llamada telefónica sobre una supuesta bomba en un avión que había despegado desde el Aeropueto Internacional de Las Américas (AILA).
La llamada telefónica obligó al avión de pasajeros a regresar al AILA, hecho ocurrido el 6 de enero del 2026, cuando su falsedad activó todas las alarmas y los protocolos de emergencia, paralizando todas las operaciones durante más de tres horas, así como provocando el desvío a otros aeropuertos de aeronaves programadas para aterrizar en la terminal que sirve a la capital del país.
El retorno forzoso del avión, que iba con rumbo a Panamá, la rápida evacuación de los pasajeros, la minuciosa inspección de la aeronave y del equipaje, además de nerviosismo propio de estas situaciones, fueron algunas de las secuelas de tal llamada con información falsa proporcionada por motivos aún no revelados.
La Fiscalía solicitará prisión preventiva y declarar el caso complejo, al considerar la gravedad de los hechos, el impacto generado en la seguridad del Estado, el peligro de fuga, el riesgo de obstrucción del proceso y una alta probabilidad de reiteración delictiva de este hecho que generó un despliegue extraordinario de recursos humanos y técnicos.
De acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción, que será presentado el jueves en el Palacio de Justicia, el ciudadano peruano realizó la llamada telefónica para alertar de un presunto artefacto explosivo a bordo del vuelo CM299 de Copa Airlines, mientras el avión se encontraba volando hacia Panamá.
El imputado, quien al realizar la llamada se identificó como gerente de un restaurante, aseguró inicialmente que la información sobre la existencia del explosivo le había sido suministrada por un familiar.
Luego cambió su versión y dijo que fue un amigo de un familiar el que le había comunicado del presunto explosivo.
El Ministerio Público sostiene que actuó deliberadamente y por ello le imputa cargos de terrorismo, al pretender generar pánico colectivo y alterar el orden público, afectando las operaciones de la aviación civil causando pérdidas económicas y alteraciones logísticas.
