Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha utilizado artilugios para subsanar discapacidades innatas o adquiridas en diversas circunstancias. A los ojos del mundo actual, fascinado por las vertiginosas tecnologías, el uso de prótesis en el Antiguo Egipto, entre 2700 y 3400 años atrás, sería un simple dato curioso. Lo cierto es que en la confección de los llamados «dedo del pie de Greville Chester» y «dedo del pie de El Cairo» el ingenio humano utilizó diversos materiales hasta lograr una prótesis presumiblemente funcional. La historia no se detiene ahí. Estudiosos del tema documentan numerosas estrategias de corrección de la naturaleza o de los estragos del azar que sería prolijo enumerar. Algunas nos resultan no solo simpáticas, sino también identitarias, como las famosas patas de palo de los piratas, recreadas una y mil veces por el cine y la literatura.
Pero más allá de lo anecdótico, queremos hablar de la tecnología de apoyo, también conocida como tecnología asistiva. Aunque la palabra tecnología nos lleve a pensar solo en los progresos que hoy son parte de la cotidianidad susceptibles de ser reconocidos por las políticas sobre discapacidad, en 1988 los Estados Unidos adoptaron la Ley de Asistencia Tecnológica para Personas con Discapacidad, que definió la tecnología de apoyo como «cualquier artículo, pieza de equipo o sistema... utilizado para aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de personas con discapacidad» y, por tanto, dotarlas de un grado aceptable de autonomía en la realización de tareas cotidianas.
En la República Dominicana, todavía hoy, hablar de tecnología de apoyo o asistiva es entrar en el mundo de las generalidades teóricas, si bien existen esfuerzos que apuntan a subsanar el déficit de políticas y prácticas públicas. Tal es el caso del recién presentado Plan Nacional de la Discapacidad 2025-2035.
El documento, elaborado por el Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis), propugna la accesibilidad universal, aunque no introduce explícitamente el concepto de tecnología de apoyo. Esto se explica porque en el artículo 15, Políticas de accesibilidad universal de la Ley 5-13 sobre discapacidad, se establece la obligación «de asegurar a las personas con discapacidad el acceso efectivo al entorno físico, al transporte, la comunicación, la información y al conocimiento, incluidas las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones...». Varios otros artículos mencionan la tecnología como vía de la inclusión.
A su vez, la NORDOM 826 Requisitos de accesibilidad para el contenido en la web, abre el espacio digital a todas las personas «... incluidas aquellas con discapacidad, bien de forma autónoma o mediante los productos de apoyo tecnológico adecuados». Otras normas similares adoptadas en los últimos años sirven de marco al PND 2025-2035 y a su propósito inclusivo.
Sin embargo, estas y otras iniciativas no configuran aún un ecosistema integrado que permita al país hablar de fomento sistemático y universal de las tecnologías de apoyo. Para esto se requiere un todavía inexistente registro nacional de la discapacidad que permita saber quién necesita qué y dónde; y costos asumibles por todos. Solo así la tecnología de apoyo dejará de ser un privilegio geográfico y económico para convertirse en un derecho efectivo que materialice la inclusión prometida en las leyes y normas.
