Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo. – Los abogados de los imputados en el entramado de corrupción de los casos Coral y Coral 5G iniciarán este martes, ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la presentación de sus conclusiones finales, con el objetivo de rebatir el pedimento de condenas solicitado por el Ministerio Público contra sus representados.
Para la presentación de los discursos finales de defensa, la jueza presidenta del tribunal, Gisselle Méndez, estableció un calendario con días y horas específicas para cada uno de los juristas que representan a los imputados que figuran en el expediente del caso Coral y Coral 5G.
De manera preliminar, se prevé que los abogados soliciten a las magistradas rechazar el pedimento del Ministerio Público, alegando que el órgano acusador no logró demostrar la acusación formulada contra sus defendidos, quienes sostendrán en ese momento que son inocentes de los hechos que se les imputan.
Una vez concluyan las exposiciones de las defensas, proceso que se estima finalizará en el transcurso del mes de febrero, las juezas del tribunal se retirarán a deliberar para decidir si acogen o no el pedimento del Ministerio Público.
Pedimento del Ministerio Público
Cabe recordar que la semana pasada el Ministerio Público, encabezado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, solicitó condenas que van desde cinco hasta 20 años de prisión contra los implicados, al asegurar que logró demostrar la responsabilidad penal de los imputados en los hechos cometidos.
El órgano acusador pidió 20 años de cárcel para los principales responsables de la red de corrupción, entre ellos los oficiales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Bautista, Franklin Antonio Mata Flores y el coronel Rafael Núñez de Aza.
Además de las penas privativas de libertad, el Ministerio Público solicitó que estos imputados sean condenados al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos.
Asimismo, solicitó 15 años de prisión para la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco, además de una multa ascendente a 300 salarios mínimos.
También pidió 10 años de prisión para otros imputados del entramado de corrupción de los casos Coral y Coral 5G, entre ellos: Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara; Tanner Antonio Flete Guzmán; José Manuel Rosario Pirón; Erasmo Roger Pérez Núñez; Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez; Guillermo de Jesús Torres Robiou; Epifanio Peña Lebrón; Lucía de los Santos Viola; Enmanuel Antonio Alba Trinidad; Raymel Pastor del Rosario Viola; Onoris Beatriz Soto de los Santos; Eric Daniel Pereyra Núñez; Manuel de Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago.
Para estos imputados, además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicitó el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos.
De igual forma, solicitó una condena de 10 años de prisión contra Esmeralda Ortega Polanco y Alejandro José Montero Cruz. En el caso de Ortega Polanco, pidió una multa de 400 salarios mínimos, mientras que para Montero Cruz solicitó una multa de 75 salarios mínimos.
El órgano acusador también solicitó cinco años de prisión para Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura, además del pago de una multa de RD$500,000.
Con relación al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, el Ministerio Público solicitó una pena de cinco años de prisión, computando el tiempo que ha permanecido bajo arresto domiciliario, y que el resto de la condena sea suspendida bajo el cumplimiento de reglas como residir en un domicilio fijo, abstenerse del porte y tenencia de armas de fuego y presentarse mensualmente ante el juez de ejecución de la pena. También pidió el pago de una multa de 200 salarios mínimos.
El Ministerio Público solicitó además el decomiso de 214 inmuebles, 86 vehículos de alto cilindraje, así como más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo. Indicó que los bienes incautados han generado ingresos superiores a RD$86 millones, producto de alquileres y actividades agrícolas, a favor del Estado dominicano.
Asimismo, pidió la clausura, suspensión de operaciones y disolución de la Iglesia Bautista Vida Eterna, junto con la imposición de una multa de 200 salarios mínimos, así como sanciones contra las empresas Hacienda Kelman SRL, R&F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial SRL. También solicitó la disolución y una multa de RD$10 millones contra Rawel Importadores SRL.
El Ministerio Público acusa a una estructura integrada por policías y militares, encabezada por Adán Cáceres Silvestre, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del CUSEP, CESTUR y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en perjuicio del Estado dominicano.
Principales bienes de los imputados pidieron su decomiso
Una finca avícola, ganadera y agropecuaria donde operaba la Asociación Campesina Madre Tierra en Sabana Grande de Boya, con un valor de US$ 3,856,046.00.
Un proyecto residencial, dentro de Colina del Oeste, consistente en 4 residencias familiares y un área común con un valor en conjunto de USD$ 3,502,004.13.
Una Villa de lujo en Balcones del Atlántico Las Terreras, con un valor de US$ 500,000.00Una Plaza de 44 locales comerciales en la autopista Duarte, con un valor de RD$ 92,000,000.00.
Un amplio terreno en la Av. Charles de Gaulle, Santo Domingo, con construcción de un negocio con un valor de cientos veintitrés millones seiscientos cuarenta y nueve mil doscientos treinta y cuatro pesos con dos centavos (RD$123,649,234.02).
Una finca sembrada de Piñas, ubicada en Pueblo Nuevo del Distrito Municipal Chirino, Monte Plata, valorada en RD$ 32,256,056.00.
Una finca agrícola, ubicada en el tramo carretero Mata Los Indios, Bella Vista de Guerra, Distrito Municipal de Chirino, sección Mata Mamón, Provincia Monte Plata, valorada en US$ 342,040.00.
Una finca sembrada de Cacao, que se encuentra ubicada en el tramo carretero Los Botados-Camarón, Hato Viejo, Yamasá, provincia Monte Plata, que posee un valor de US$ 265,546.00.
Una finca ubicada en la Carretera de las Palmas, esquina de Caquelo, s/n, Distrito Municipal Rio Verde, provincia La Vega, con un valor de RD$14,400,000.00,
También más de 25 apartamentos ubicados en Santo Domingo, Distrito Nacional, Punta Cana, Santiago de los Caballeros.
Varias casas residenciales en San Francisco de Macoris, Santo Domingo Oeste, entre otros.Unos 70 vehículos de carga, deportivos, agrícolas, jeepetas, carros eléctricos y otros automóviles de lujo.Productos financieros como cuentas bancarias y certificados financieros inmovilizados.
Abogados del Estado dominicano solicitan indemnización millonaria
Por su parte, los abogados representantes del Estado dominicano solicitaron que los imputados sean condenados al pago de una indemnización superior a RD$20 mil millones, alegando daños morales y materiales al Estado, así como un grave impacto a la institucionalidad y a la protección de niños y adolescentes.
Los juristas sostuvieron que los altos mandos militares y civiles involucrados dejaron a menores sin alimentos, atención y protección, provocando un daño moral profundo y un descrédito institucional a nivel nacional e internacional.
Durante la audiencia, José Ortiz, miembro del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), afirmó que la corrupción en el CUSEP “contaminó moralmente la autoridad presidencial”, al desviar recursos destinados a la seguridad del jefe del Estado.
En tanto, Alberto Caamaño explicó que el daño causado al CESTUR y al Conani representa una herida ética al Estado, reflejada en la pérdida de confianza ciudadana, el descrédito internacional y la desnaturalización de instituciones creadas para proteger a la población más vulnerable.
Los abogados del Estado expusieron que los informes de la Cámara de Cuentas y el incremento patrimonial injustificado demuestran daños materiales que superan los RD$4,500 millones, destacando que cada peso sustraído significó menos alimentos, menos atención médica y menos protección para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad
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