
El empresario Wilmer Ruperti, uno de los operadores económicos más cercanos al chavismo y propietario del equipo Tiburones de La Guaira, permanece retenido desde este jueves 19 de marzo por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según confirmaron sus abogados a la agencia Reuters.
Los reportes señalan que Ruperti se encuentra en El Helicoide desde el mediodía del jueves, cuando acudió a una citación en compañía de un escolta, que posteriormente fue liberado.
El bufete de abogados Winston & Strawn declaró este viernes que se le solicitó a Ruperti asistir a esa reunión con la policía de inteligencia. «Estamos preocupados por su bienestar», expresó la firma en una respuesta a Reuters.
Ruperti, fundador de empresas como Maroil Trading y Global Ship Management, acumuló fortuna gracias a contratos con Pdvsa en el transporte de crudo y derivados.
En el pasado cubrió costos legales de los sobrinos de Cilia Flores (condenados por narcotráfico en EE.UU.) y del exgeneral Hugo Carvajal. Su cercanía al poder también se reflejó en la propiedad de Canal I y en el rol que desempeñó durante la huelga petrolera de 2002-2003, cuando rompió el paro con sus buques.
¿Quién es Wilmer Ruperti?
Wilmer Ruperti (Caracas, 7 de diciembre de 1959) es uno de los empresarios más controvertidos y poderosos de Venezuela en las últimas dos décadas. Marino mercante de formación, se convirtió en magnate del transporte marítimo petrolero, fundador y principal accionista de Global Ship Management (GSM) y empresas relacionadas como Maroil Trading y Suramericana de Transportes de Petróleo.
Su fortuna se forjó principalmente en contratos con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), convirtiéndolo en uno de los principales operadores de buques tanqueros para exportar crudo y derivados en Latinoamérica.
Hijo de una familia de clase media de origen italiano, Ruperti se graduó en 1981 de la Escuela Náutica de Venezuela como marino mercante. Comenzó su carrera en Maraven S.A. (filial de Pdvsa dedicada al transporte marítimo), donde ascendió rápidamente hasta el Departamento de Comercio de la estatal petrolera.
En 1989, PDVSA lo envió a Inglaterra para realizar una maestría en tráfico marítimo y finanzas en el Plymouth Polytechnic (hoy Universidad de Plymouth). De regreso al país en los años 90, fundó Náutica Ship Brokers (1994), que evolucionó hacia un holding internacional tras el paro petrolero de 2002-2003.
El punto de inflexión: el paro petrolero de 2002-2003
Ruperti saltó a la escena pública al poner su flota de tanqueros (incluyendo buques fletados de origen ruso) al servicio del gobierno de Hugo Chávez para romper el paro que paralizó las exportaciones y el abastecimiento interno de combustible. Este rol le valió el reconocimiento oficial: Chávez le otorgó la Orden del Libertador y lo consolidó como aliado clave del chavismo.
Desde entonces, su empresa capturó una porción dominante del mercado de transporte de hidrocarburos venezolanos, lo que lo llevó a ser descrito por publicaciones especializadas como Lloyd’s List como un «Rey Midas» capaz de convertir en oro cualquier activo flotante.
Diversificación y vínculos mediáticos y deportivos
Más allá del petróleo, Ruperti expandió sus intereses:
Es propietario y presidente de Canal I (antes Puma TV), un canal de televisión abierta con línea editorial alineada al oficialismo.
En 2023 adquirió la franquicia de Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Bajo su gestión, el equipo se coronó campeón en la temporada 2023-2024, lo que reforzó su imagen de «rescatista» en ámbitos deportivos.
Su fortuna ha sido estimada en miles de millones de dólares, aunque ha enfrentado reveses: deudas millonarias con PDVSA, divorcios costosos, caídas en el mercado petrolero y sanciones internacionales.
En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de sancionados (OFAC) por presuntos vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro y operaciones que eludían restricciones. Ruperti ha sido señalado en investigaciones por presuntas irregularidades en contratos con PDVSA, financiamiento de defensas legales de figuras cercanas al poder (como los «narcosobrinos» en 2016) y creación de fideicomisos para resolver litigios internacionales.
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