La Red de Excarcelados por la Democracia (RED) denunció que a más de 20 presos políticos en el estado Monagas, de un total de 35 personas privadas de libertad por este motivo, les rechazaron el beneficio de la Ley de Amnistía.
El dirigente y expreso político, Ángel Aristimuño, dijo a El Pitazo que la semana pasada acudieron a la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, para consignar la lista de de quienes deben ser beneficiadas por el instrumento legal que se aprobó el pasado mes de febrero.
»En Monagas se han rechazado más de 20 solicitudes de amnistía. Resulta inaceptable que se mantenga esta postura cuando lo que exigimos es justicia y libertad para quienes están detenidos únicamente por pensar distinto», manifestó el político que estuvo preso entre julio de 2024 y julio de 2025 por ser el coordinador de la campaña electoral de Edmundo González Urrutia en esta región del oriente venezolano.
En el Parlamento los recibieron los miembros de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía que recibieron el documento consignado por la RED y los casos específicos de Monagas. Aristimuño, junto a otros excarcelados y pocos beneficiados por la normativa, acudieron la semana pasada a la Defensoría del Pueblo en Maturín para proponer la instalación de una mesa técnica para que se escuche a las familias de los presos políticos.
Defensoría del Pueblo en Monagas debe actuar
Durante su intervención, Aristimuño instó a los representantes de la institución a cumplir con su mandato constitucional de velar por los derechos humanos de cada ciudadano. Asimismo, solicitó que se tomen en cuenta las peticiones y el clamor de los familiares, quienes han mantenido una lucha constante por la libertad de sus seres queridos.
»Ya basta de tanta indolencia. La ruta hacia la reconstrucción del país debe iniciar con la liberación de todos los que hoy permanecen tras los barrotes. Ellos pagan un precio muy alto simplemente por soñar con una nación libre y democrática», agregó.
Los voceros chavistas de la Comisión de Seguimiento de la Amnistía hablan de que más de 8 mil personas han recibido las medidas que les permite recuperar su libertad plena, pero desde la RED exigieron a estos parlamentarios a publicar la lista con nombre y apellido de todas las personas beneficiadas, algo que no ha sucedido.
Esta ley se aprobó el 19 de febrero pasado tras la propuesta del interinato de Delcy Rodríguez de avanzar en la excarcelación de personas presas políticas, esto después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos que el pasado 3 de enero capturaron a la pareja presidencial venezolana en una incursión militar relámpago sobre Caracas y otras ciudades aledañas.
Presionados por la Casa Blanca, los voceros de Miraflores han dado un giro a las relaciones con Washington al reunirse con altos funcionarios de la administración de Donald Trump, con la reforma de la Ley de Hidrocarburos para permitir una mayor participación de capital privado, así como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, mientras que el líder republicano tutela a Venezuela, a través de un plan de tres fases: estabilización, recuperación económica y transición.
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