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"Influye en la gobernabilidad y el marco regulatorio."
- De igual forma, destacó que el Parlamento designó a los abogados Larry Davoe y Eglée González como fiscal general y defensora del Pueblo, respectivamente.
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CARACAS. – efe, de mayoría oficialista, dio luz verde este jueves a una nueva Ley de Minas que allana la entrada de capital privado y extranjero para la explotación de minerales en el país, en una jornada en la que miles de trabajadores se movilizaron para exigir un aumento del salario mínimo, congelado desde 2022 pese al aumento sostenido del costo de vida.
Después de un mes de debates y consultas, la norma de 131 artículos quedó sancionada por unanimidad y derogó la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por un decreto del entonces presidente Hugo Chávez -fallecido en 2013-, quien había sido investido de poderes especiales por el Legislativo.
La nueva normativa, aprobada luego de la reforma de ley de hidrocarburos, tiene como telón de fondo los acercamientos con la Administración de Donald Trump y su interés manifiesto en el petróleo y el oro venezolano.
Entre otros, la norma establece la mediación y el arbitraje para la resolución de conflictos y el pago de regalías al Estado de hasta un 13 %.
El Ministerio de Minas determinará los «parámetros necesarios» para estos pagos que, según el artículo 92, el Estado podrá exigir «en dinero o en especie».
La ley señala igualmente que el Banco Central de Venezuela «tiene el derecho preferente para la compra del mineral oro» durante los primeros cinco días después de su extracción.
Concesiones, prohibiciones y sanciones
Además, señala que las concesiones serán por un periodo de 30 años, pudiendo prorrogarse por dos períodos consecutivos de hasta 10 años.
En el artículo 74 se establece que ningún funcionario del Estado ni sus familiares podrán obtener títulos a los que se refiere la Ley, ni podrán participar como accionistas o asociados en cooperativas o sociedades mercantiles hasta que no hayan transcurrido cinco años desde el cese del ejercicio de su cargo.
Asimismo, contempla una pena de 10 a 15 años de prisión en el caso de que las actividades mineras sean desarrolladas en áreas bajo régimen de administración especial de protección ambiental.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, -quien impulsó esta iniciativa-, agradeció, en un mensaje difundido en Telegram, la aprobación de la ley que, manifestó, moderniza el sector, «fortalece la seguridad jurídica» y «potenciará» la minería.
De igual forma, destacó que el Parlamento designó a los abogados Larry Davoe y Eglée González como fiscal general y defensora del Pueblo, respectivamente.
Rodríguez ha dado un giro a la política económica del país, luego de asumir el poder el pasado 5 de enero, dos días después del ataque militar de Estados Unidos en su país que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Desde entonces, Caracas y Washington mantienen una relación que parece cada vez más cercana y que se ha traducido en la visita de varios altos funcionarios estadounidenses al país suramericano.
Marcha reprimida y un detenido
En medio de los cambios impulsados por Rodríguez y del ingreso de divisas al país por la venta de petróleo a EE. UU., miles de trabajadores se movilizaron este jueves en varias ciudades del país para exigir el incremento del salario mínimo mensual, que al día de hoy equivale a 27 de centavos de dólar, según la tasa de cambio oficial.
En Caracas la Policía bloqueó una marcha que buscaba avanzar hacia el Palacio Presidencial de Miraflores y golpeó con escudos, piedras y cascos a los manifestantes, al tiempo que los dispersó con gas pimienta.
Al menos un militante juvenil del partido opositor Primero Justicia (PJ) fue detenido durante la marcha, según la ONG Foro Penal, que contabiliza más de 480 presos políticos en el país, mientras se desarrolla un proceso de amnistía promovido por el Gobierno y que, de acuerdo al Parlamento, ha otorgado más de 8.000 sobreseimientos.
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reportó agresiones contra 10 periodistas durante las protestas.
En paralelo, una marcha de chavistas llegó sin inconvenientes a Miraflores.
Con todo, los sindicalistas planean una concentración para entregar, el próximo 17 de abril, una carta a la Embajada de Estados Unidos, con copia al presidente Donald Trump, para exponer la crisis venezolana.
«Tome usted cartas en el asunto y díganos: ¿esta es la transición que habla Donald Trump? ¿De esto se trata la transición?», cuestionó el líder de la Coalición Sindical Nacional, José Patines, al término de la marcha reprimida en Caracas.
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