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- “Dilatar el proceso más que una defensa legítima, constituye una afectación directa a los derechos de las víctimas”, concluyó.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, rechazó de manera categórica la solicitud de contraperitaje presentada por la defensa de los acusados en el caso Jet Set, calificándola como “totalmente innecesaria” y carente de fundamento técnico.
Reynoso sostuvo que el planteamiento de un supuesto explosivo no tiene sustento frente a un expediente que, según afirmó, contiene evidencias contundentes sobre fallas estructurales en el edificio. Indicó que dichas fallas se originaron por la sobrecarga del techo, el cual no estaba diseñado para el uso al que fue sometido por los propietarios, identificados como Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
La procuradora cuestionó la coherencia de los imputados, señalando que, si realmente lamentan la tragedia y respetan las acciones de las víctimas, deben evitar que retrasen el proceso judicial. “Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó.
Asimismo, se observó que la solicitud de contraperitaje carece de pertinencia técnica y constituye una maniobra dilatoria que busca desviar la atención de la causa real del colapso del techo. Explicó que resulta jurídicamente irrelevante evaluar aspectos como la carbonatación del concreto o realizar estudios geofísicos profundos, cuando ya existían señales claras de fatiga estructural que fueron ignoradas.
Reynoso recordó que, según la ingeniería forense, ante fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no se centra en la microestructura de los materiales, sino en la falta de acciones inmediatas para evitar el colapso.
“Pretender someter el proceso a pruebas como cromatografía de gases para detectar explosivos, sin ningún indicio que lo sustente, es un ejercicio de especulación técnica que busca distorsionar la responsabilidad y retrasar una decisión judicial sobre un hecho que era previsible y evitable”, expresó.
Las víctimas también tienen derecho a justicia oportuna
La procuradora enfatizó que el debido proceso no es exclusivo de los imputados, sino un derecho que también asiste a las víctimas ya la sociedad.
En ese sentido, subrayó que la justicia debe ser pronta y efectiva, garantizando que los casos sean conocidos sin dilataciones innecesarias.
“El debido proceso es una garantía para todas las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su caso sea conocido en un tiempo razonable”, indicó.
Finalmente, advirtió que retrasar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica representa una vulneración al derecho de las víctimas a la verdad y la reparación.
“Dilatar el proceso más que una defensa legítima, constituye una afectación directa a los derechos de las víctimas”, concluyó.
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