En semanas anteriores he insistido en que es prematuro afirmar que se ha iniciado una transición en Venezuela si no se establecen condiciones que favorezcan de inmediato y sin demoras el ejercicio pleno e irrestricto del periodismo informativo y de opinión; si no se restituye la libertad de expresión para la totalidad de los ciudadanos y las organizaciones; si no se derogan, sin excepciones, instrumentos de persecución y coerción legal como la aprobada en 2017, Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; la aprobada en 2004 y reformada en 2010, Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos; si no se modifican leyes como la Ley Especial contra Delitos Informáticos, que ha sido usada para fines políticos; o el Código Penal, que permite calificar de vilipendio cualquier señalamiento que los medios de comunicación hagan de funcionarios y, en consecuencia, permite juzgar a periodistas y editores como autores de delitos penales. Estas cuatro que he mencionado hasta aquí no son todas, porque hay varias otras, como la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que contienen restricciones como las “zonas de seguridad”, que impiden, por ejemplo, que reporteros hagan su trabajo en sedes gubernamentales e instalaciones militares.
Pero este ámbito hasta aquí señalado, que es condición urgente y necesaria para el restablecimiento de un real debate público y para el relanzamiento de los partidos políticos y de posibles candidaturas, no serían tampoco los requisitos mínimos suficientes para avanzar hacia la transición. Hace falta abordar sin más dilaciones, otras dos tareas de enorme magnitud y complejidad, que no deberían esperar ni un minuto más para su arranque.
La primera que debo mencionar es la reforma raigal, desde el primero hasta el último nivel, del sistema judicial. Es, así lo creo, una tarea tan compleja como la depuración de las Fuerzas Armadas, solo que en el caso de esta última, por su naturaleza y estructura, una vez cambiada la cúpula, el resto de la estructura debería tender a seguir los lineamientos emanados por el ministro de la Defensa y el Alto Mando Militar.
En el caso del Sistema Judicial se presentan a priori tres desafíos. El primero, cómo evitar una política de tierra arrasada, que castigue indebidamente a los jueces y funcionarios que han logrado preservar su ejercicio profesional dentro del marco legal, a pesar de la podredumbre del conjunto del sistema.
El segundo desafío se refiere al establecimiento de los límites del llamado Sistema Judicial, toda vez que, por ejemplo, son innumerables los casos que han terminado en decisiones extremas por parte de jueces en contra de personas inocentes, en los que funcionarios de la Fiscalía, la Contraloría y hasta de otras instituciones, han tenido una participación y hasta una complicidad relevante. Esta es una cuestión que deberá ser examinada con celo extremo para establecer todas las responsabilidades, caso a caso, dentro o fuera del Poder Judicial.
El tercer desafío está llamado a ser el más controversial, tal como ha ocurrido en otros países, una vez que han caído dictaduras en las que se han cometido violaciones graves de los derechos humanos, como ha ocurrido en el régimen de Chávez y Maduro.
Declararlo o escribirlo en un artículo es fácil, pero en los hechos, las tensiones entre justicia e impunidad, entre perdón y castigo, entre los derechos de las víctimas y la necesidad política de crear un escenario de reconciliación y diálogo, hace tremendamente difícil resolver este debate, cuyas soluciones siempre resultan insatisfactorias para los especialistas y sectores organizados de la sociedad.
Seguramente le ocurre a muchos lectores: cuando se escuchan los argumentos a favor de castigar los delitos cometidos por jueces y fiscales -los menciono porque, por su carácter, estaban especialmente obligados a cuidar el cumplimiento de la ley- de inmediato nos sentimos ganados a compartir esa posición a favor de hacer justicia y castigar a quienes lo merezcan.
Pero cuando se escuchan a los especialistas que defienden tesis favorables a las llamadas estrategias del perdón -materia sobre la que hay una bibliografía muy amplia y recomendable en español, sobre cómo se han manejado estos asuntos en la Argentina y Chile-, también es inevitable considerar si es viable enjuiciar y castigar a una estructura de funcionarios integrada por miles y miles de personas. Se preguntan los expertos cuánto costaría, cuánto tiempo exigiría y quiénes estarían dispuestos a asumir una responsabilidad como esa, cuidando que los procesos no deriven en vendettas.
Sin negar su específica dificultad, la reforma profunda del Consejo Nacional Electoral es, además de absolutamente imprescindible, condición sine qua non para la realización de cualquier próximo proceso electoral. La Junta Directiva actual del CNE, así como las autoridades de cada región electoral, sus responsables técnicos y el conjunto de los funcionarios involucrados por acción u omisión en los fraudes electorales cometidos por ese organismo, especialmente el 28 de julio de 2024, deben ser destituidos y reemplazados por profesionales idóneos y decentes, conocedores de la materia electoral, que no faltan en todas las regiones del país, y que estos años han aguardado la llegada de este momento, para volver a ejercer el oficio al que se dedicaron por años, el de trabajar en un organismo que se asumiera como garante de la democracia.
Presidente editor de El Nacional, Venezuela
