Cuando llegó el momento de que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunciara con claridad, seis de sus magistrados respondieron al llamado.
Encabezados por el presidente del tribunal, John Roberts, resolvieron el viernes que el presidente Donald Trump no puede ignorar los límites legales y constitucionales y simplemente apropiarse de facultades por su cuenta. Los mecanismos de control resistieron, al menos en lo que respecta a la afirmación sin precedentes de Trump de que podía imponer y retirar aranceles prácticamente a voluntad.
El fallo desafía directamente a Trump en su tema insignia y pone en duda gravámenes que el presidente sostiene que generan u$s 900.000 millones al año, una carga que, según economistas, recae con fuerza sobre empresas y consumidores estadounidenses.
Se trata de una reprimenda contundente y largamente esperada a un presidente que, desde el día en que retomó el poder el pasado enero, ha venido ignorando el lenguaje claro de la Constitución que juró respetar.
En este caso, Trump sostuvo que una ley de 1977 conocida como Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional (IEEPA) le otorgaba la facultad de imponer amplios gravámenes a las importaciones, pese a que la Constitución reserva específicamente al Congreso el poder de establecer impuestos y la ley no menciona “aranceles” ni “derechos”.
La decisión reunió al ala liberal de tres miembros del tribunal con Roberts y dos jueces designados por Trump, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, quienes en ocasiones han demostrado estar dispuestos a enfrentarse a quien los postuló.
También marca la primera vez en el segundo mandato de Trump en que la administración pierde un desafío plenamente argumentado contra su autoridad.
El año pasado, la Corte emitió 26 fallos sobre impugnaciones a acciones de la administración Trump, todos menos uno a través del llamado “expediente de emergencia”, mediante el cual el tribunal resuelve solicitudes para suspender decisiones de tribunales inferiores mientras los casos avanzan en el proceso de apelación. En 21 ocasiones falló a favor de la administración, incluido el único caso que contó con argumentación completa.
Pero resulta que incluso este tribunal solo está dispuesto a aceptar hasta cierto punto los ataques contra las normas legales y constitucionales. En diciembre, los mismos seis jueces resolvieron en el expediente de emergencia que Trump carecía de autoridad para tomar el control de la Guardia Nacional de Illinois y enviarla a Chicago en contra de la objeción de autoridades locales.
Y en una audiencia el mes pasado, varios magistrados expresaron escepticismo respecto del intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, aunque el tribunal aún no ha emitido un fallo en ese caso.
En el caso de los aranceles del viernes, la decisión —de gran impacto— se plasmó en una opinión a la vez compleja y limitada. La mayoría coincidió en el resultado pese a un intenso debate interno sobre el estándar de revisión aplicable, lo que derivó en una opinión dividida en varias partes y una serie de votos concurrentes, además de dos disidencias.
El tribunal también evitó pronunciarse sobre la cuestión crucial de qué ocurrirá ahora y si, y cuándo, las empresas y consumidores que pagaron aranceles bajo el régimen considerado ilegal tienen derecho a reembolsos. Pero el hecho central para quienes no son juristas es que los magistrados cumplieron con el rol que les asigna el Artículo III de la Constitución como contrapeso frente a los otros dos poderes del Estado.
“No reclamamos ninguna competencia especial en materia de economía o política exterior. Solo reclamamos, como debemos, el papel limitado que nos asigna el Artículo III… Al cumplir ese papel, sostenemos que la IEEPA no autoriza al Presidente a imponer aranceles”, escribió Roberts.
Los jueces hicieron su trabajo y, por ello, Estados Unidos les debe un agradecimiento.
