Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha desafiado de nuevo al Tribunal Supremo de su país y ha elevado el arancel global hasta el 15%, sólo un día después de decidir mantenerlo en el 10% apoyándose en una ley de 1974 no anulada por la justicia de su país.
Horas antes de anunciar el arancel global del 10%, el Tribunal Supremo estadounidense había anulado el marco legal que Trump había utilizado previamente para imponer gravámenes comerciales de manera indiscriminada a prácticamente todos los países del mundo.
Trump da ahora un paso más y deja en papel mojado el arancel global del 10% anunciado el viernes. Trump utiliza la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente de Estados Unidos imponer gravámenes durante un máximo de 150 días en determinadas circunstancias económicas.
«Con base en una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer por la Corte Suprema de los Estados Unidos, tras muchos meses de reflexión, les ruego que esta declaración sirva para indicar que yo, como Presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% impuesto a países que, muchos de ellos, han estado estafando a EEUU durante décadas, sin represalias (¡hasta mi llegada!), al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%», ha publicado Trump.
Este nuevo arancel global no será efectivo de manera inmediata ya que el propio Trump ha asegurado los nuevos aranceles se aprobarán en los próximos meses.
La decisión de Trump se produce después de que el viernes por la mañana el Tribunal Supremo decidiera por seis votos frente a tres que Trump se excedió en sus competencias al imponer aranceles globales utilizando la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977. Esta norma está pensada para emergencias económicas internacionales y no específicamente para políticas comerciales estructurales.
El fallo del Supremo suponía un varapalo importante a las políticas de Trump y a su estrategia comercial, que había recurrido a esa ley para justificar gravámenes amplios sin pasar por los mecanismos tradicionales del Congreso.
La decisión abre un nuevo capítulo en la tensión entre Trump y el poder judicial, al tiempo que reaviva el debate sobre los límites del poder presidencial en materia comercial. Tras conocerse la sentencia del Supremo, el presidente norteamericano cargó contra los jueces a los que calificó de «vergüenza para el país». «Son muy antipatriotas y desleales a nuestra Constitución», señaló.
