Especialistas en derechos humanos consideran que México no debe rechazar la ayuda exterior contenida en la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas (ONU) para resolver el problema de las desapariciones de personas y la crisis forense del país.
Entrevistados por EL UNIVERSAL, señalan que la respuesta defensiva del Estado mexicano frente a este proceso obstaculiza el acceso de las familias a la verdad y la justicia, y abre paso a la impunidad para erradicar este delito y evitar que se reproduzca en el futuro.
México, dicen, debe aceptar la cooperación internacional, establecer mecanismos de búsqueda y reparación del daño, y no rechazar el informe del CED.
El pasado jueves, el organismo de la ONU decidió solicitar al Secretario General que remita a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México para que tome medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
El comité concluyó que hay “indicios fundados” de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad.
Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, advierte que —después de una evaluación muy serena y concienzuda— el organismo concluye que la situación no mejora y que se siguen dando demasiadas desapariciones.
Afirma que “no es una bronca contra México”, es para ayudar a solucionar el problema. Corcuera detalla que el CED se propone establecer un mecanismo con financiamiento y cooperación internacional para atender la impunidad y la crisis forense.
“Ya hay más de 80 mil cuerpos sin identificar y la crisis forense sigue creciendo”, señala, al criticar que el gobierno reacciona de manera muy agresiva insultando al comité de la ONU.
“El problema de negar un problema es que no se adoptan las medidas para solucionarlo”, menciona. Se está desperdiciando una oportunidad de oro para obtener asistencia internacional, insiste. “El gobierno tiene que admitir que necesita ayuda internacional”, dice, y destaca que el enfoque está en frenar las desapariciones y no en sancionar al país.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, califica de muy lamentable el rechazo del Estado a la resolución del CED porque impide activar mecanismos de cooperación internacional para atender la crisis de desapariciones.
“Está señalando que la desaparición forzada en México es un problema mundial y está llamando a cooperar, a brindar asistencia técnica e incluso financiera”. En este país está desaparecida una de cada mil personas, recuerda.
Hay un alto rigor técnico con base en datos de las Naciones Unidas, de organizaciones y del propio Estado; descalificarlo no daña a esos actores, daña a las víctimas, afirma. “Es indispensable aceptar la cooperación internacional para identificar los más de 70 mil cuerpos sin identificar y localizar a las más de 132 mil personas desaparecidas”, indica, al advertir que hay menos de 4 mil carpetas de investigación en la materia.
Señala que la carga de la búsqueda recae en las familias, principalmente mujeres, quienes enfrentan riesgos constantes, y que las personas buscadoras están siendo amenazadas, desaparecidas o asesinadas.
“La desaparición de personas demuestra que la política de seguridad no está funcionando”, sostiene, tras señalar que la crisis también refleja debilidad institucional y falta de capacidad más allá de la voluntad.
Michael Chamberlin, activista por los derechos humanos, alerta que con 40 personas desaparecidas cada día, más de dos décadas de crisis sostenida y niveles persistentes de impunidad, México enfrenta un problema estructural que el Estado continúa minimizando.
“El comité no está diciendo que exista una política deliberada como en la guerra sucia, pero sí que hay desapariciones generalizadas, y en algunos casos patrones sistemáticos”, explica, al citar el reclutamiento forzado de jóvenes en el estado de Jalisco.
“Cada vez que México se niega, refuerza la percepción de responsabilidad y debilita su credibilidad”. Considera que aceptar la asistencia internacional con supervisión es necesario.
“Si no se reconoce la realidad, no habrá forma de recuperar el Estado de derecho ni la paz. La negativa oficial puede escalar el caso a instancias internacionales más severas”, advierte.
Subraya que si bien el Estado insiste en atribuir las desapariciones al crimen organizado, ello no lo exime de responsabilidad, ya que tiene la obligación internacional de prevenir, investigar y desmantelar a esos grupos.
Andrea Horcasitas, encargada del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, detalla que con impunidad superior a 98%, más de 83 mil restos humanos sin identificar y 132 mil personas desaparecidas, México enfrenta una crisis estructural. “Por primera vez, un caso relacionado con México se eleva a la Asamblea General de la ONU. El artículo 34 es el máximo nivel de alerta ante una práctica sistemática o generalizada”, expone.
Advierte que la disputa del gobierno federal por el diagnóstico —que no es nuevo y ha sido sostenido por familias, organizaciones y la academia— retrasa la implementación de la asistencia técnica ofrecida por el organismo.
También considera que la respuesta defensiva del Estado frente a este proceso obstaculiza el acceso de las familias a la verdad y a la justicia.
Para Patricia Olamendi, creadora de la Red Nosotras Tenemos Otros Datos y exconsultora internacional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con su rechazo, México se colocó entre los Estados que niegan la cooperación en derechos humanos.
“El gobierno de México ya dice que no acepta las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada; esto no implica que el caso no se lleve a la Asamblea General; se va a discutir ahí, como ya ha sucedido con otros países.
“Lo grave es que, con este rechazo y la falta de colaboración con el comité, México pasa a la lista de los Estados que niegan el trabajo conjunto con los mecanismos de protección de los derechos humanos”, sostiene.
“Es muy grave porque México fue promotor de la creación del Consejo de Derechos Humanos y hoy vemos un cambio radical en su política exterior”.
Adalberto Méndez, exintegrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advierte que el rechazo del Estado mexicano a la resolución del CED no sólo lo coloca bajo mayor escrutinio internacional, sino que puede derivar en un escarnio público.
Explica que aun cuando las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, sí generan consecuencias en la calificación de un país como destino de inversión y en su imagen como país seguro.
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