Por Lucila Fernández*
En dos décadas, Venezuela pasó de ser un régimen político con aspiraciones democráticas a una autocracia de línea dura. Los puntajes del Bertelsmann Transformation Index (BTI) muestran cómo la valoración sobre transformación política, economía y gobernanza se deterioraron a través de los años, reflejando el desgaste constante de la participación política, el estado de derecho y la gobernanza. Los
resultados no son otra cosa que el espejismo de un país atrapado en crisis política, socia y económica.
El BTI: Qué es y cómo funciona
El Bertelsmann Transformation Index (BTI) analiza y evalúa si los países en desarrollo y los países en transición están dirigiendo el cambio social hacia la democracia y una economía de mercado, y de qué manera. Para ello, examina un total de 137 países, de forma bienal, usando un total de 17 criterios.
Este índice ofrece un amplio espectro de información que permite abordar y comprender como una multiplicidad de factores impactan en el desarrollo y la transformación de estos países. Además, permite analizar las tendencias e identificar los resultados de las estrategias de transformación.
Su metodología está guiada por un libro de códigos estandarizado que guía a expertos nacionales, quienes evalúan hasta qué punto se ha cumplido cada indicador para cada uno de los países. Estas evaluaciones se someten a una revisión entre pares y calibración regional e interregional, en puntuaciones del 1 (peor) al 10 (mejor) para cada indicador y en un informe descriptivo que justifica cada puntuación. Estandarizar así el proceso analítico permite realizar comparaciones específicas de las políticas de reforma.
Aquí se analiza el desempeño de Venezuela a través de los informes del BTI de 2006 a 2026, abarcando el periodo del 1 de febrero de 2003 al 31 de enero de 2025 a través de tres dimensiones: transformación política, transformación económica y calidad de gobernanza. Como se observa en el gráfico, el país ha oscilado entre un valor máximo de 5,23 y un mínimo de 1,29, evidenciando profundas falencias en cada una de estas áreas. Cabe señalar que los acontecimientos posteriores a enero de 2025 no forman parte del análisis, por lo que las referencias se limitan estrictamente al periodo considerado.
A continuación, abordaremos el contexto venezolano en este marco temporal, deteniéndonos en algunos criterios clave.
Venezuela bajo la lupa del BTI
Venezuela alcanzó sus mejores puntajes en el BTI del 2006. Ese desempeño inicial se apoyaba en un legado institucional: el proceso de democratización iniciado en 1958 tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
La Constitución de 1999 proclamó al país como una república federal y presidencialista, con un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Allí se establecieron principios de pluralismo, participación y descentralización, además de mecanismos de control como la revocabilidad de todos los mandatos. El artículo 72 consagró el “recall”, que permitía a los ciudadanos solicitar la destitución de un funcionario con el apoyo de al menos el 20% del electorado, una vez transcurrida la mitad de su mandato.
En 2004, este mecanismo fue puesto a prueba contra el presidente Hugo Chávez. La oposición impulsó un referéndum revocatorio, pero el resultado fue favorable al oficialismo: un 59,1% de los votantes respaldó la continuidad de Chávez en el poder. El instrumento constitucional, pensado como salvaguarda democrática, no logró frenar su consolidación, pues el apoyo popular le dio legitimidad política.
A partir de allí, la articulación populista del chavismo profundizó la polarización social. Chávez construyó un antagonismo entre “el pueblo” y “los otros”, debilitando el pluralismo democrático y la tolerancia. Este esquema populista, basado en la confrontación permanente, erosionó las instituciones que en teoría podían haber garantizado una democracia.
Estado de Transformación Política
En 2006, Venezuela alcanzaba su pico en Estado de Transformación Política con un puntaje de 5,23, siendo definida por el BTI como autocracia moderada. Con el descenso de estos indicadores, la recategorizaron como autocracia de línea dura llega bajo el gobierno de Maduro. La caída no es solo numérica, es la historia de un país que perdió sus instituciones democráticas. Para entender el porqué de estos resultados, debe comprenderse que el BTI mide el Estado de la Transformación Política según 5 criterios: estatalidad, estado de derecho, estabilidad de las instituciones democráticas,
participación política e integración política y social.
Para evaluar la estatalidad se observa el indicador de monopolio del uso de la fuerza, el cual ha caído de manera drástica desde 2006, evidenciando una marcada pérdida de control del Estado venezolano sobre el territorio nacional. En las zonas más pobladas, los colectivos pro-gobierno y organizaciones paramilitares actúan como fuerzas de control y represión política en coordinación con la seguridad nacional, siendo además responsables de delitos como robos, secuestros y extorsión.
Según el BTI, el estado venezolano posee una estructura administrativa a lo largo del país, pero su desempeño es muy limitado, no alcanzando los niveles de administración básica. Los servicios públicos enfrentan problemas estructurales debido a la falta de mantenimiento y capacidad técnica. En el caso del sistema educativo, la educación es pública desde preescolar hasta el nivel universitario, cubriendo el 88.3% de la población estudiantil. Pero este sistema se ha visto afectado por el exilio masivo y por la baja paga a los profesores, resultando con que 7 de cada 10 instituciones públicas no proveen el
aprendizaje correspondiente ni cumplen las normativas respecto al entorno escolar.
El sistema de salud falla drásticamente con un 70% de los hospitales sin acceso regular a agua o electricidad, además el 56% de las camas son inoperables. Debido a la situación que atraviesa el país, el sistema de salud se ha privatizado de facto, con un 56% de los cuidados de salud pagándose del bolsillo, siendo en la teoría, un aparato público.
En el criterio de participación política un indicador es el de las elecciones libres y justas, de las cuales Venezuela carece, por ello aquí obtiene un puntaje de 2 en el BTI 2026. La participación política esta estructuralmente restringida. La oposición es constantemente descalificada y perseguida. Además, los funcionarios electos carecen de poder efectivo para gobernar, sean o no aliados al régimen.
Aunque la Constitución de Venezuela garantiza en el artículo 52 la posibilidad de asociarse libremente con fines lícitos y en el artículo 53 la reunión pacífica, ambos derechos son vulnerados bajo el régimen bolivariano mediante intimidación y acoso que desalientan su ejercicio. Las organizaciones civiles han denunciado persecución y campañas de difamación. La libertad de expresión es también restringida, pese a su reconocimiento en los artículos 57 y 58. Los medios críticos son perseguidos y reprimidos, generando un clima de miedo. En el índice de prensa libre de 2024, Venezuela se ubicó en el puesto 156 de 180 países.
La ausencia de libertad informativa y el incumplimiento de las garantías constitucionales impiden el acceso a datos oficiales y reducen la transparencia. Esto limita el debate público, restringiendo la participación democrática y vulnerando los derechos ciudadanos. El estado de derecho en Venezuela está gravemente socavado por la corrupción sistémica en todos los niveles de gobierno. La separación de poderes es inexistente durante todo el periodo analizado y pese a las garantías constitucionales, con puntajes que oscilan entre 2 y 3, que reflejan que tanto el poder legislativo como el poder judicial
son meros apéndices del poder ejecutivo.
La corrupción dentro del poder judicial se traduce en la ausencia de castigo para aquellos funcionarios públicos que abusan de sus posiciones, particularmente para aquellos que están alineados con el partido gobernante. Aquí el Estado venezolano obtiene el puntaje más bajo, de 1, dejando ver cómo las reglas de la ley están severamente minadas por la corrupción sistemática del gobierno. Aquellos que se
atreven a exponerlo son frecuentemente acosados, detenidos o forzados al exilio.
Los derechos civiles han sufrido un marcado deterioro desde el BTI 2006, cuando alcanzaban un puntaje de 6, hasta llegar en la edición de 2026 a apenas 2. Este descenso refleja la práctica cotidiana de un gobierno que vulnera las garantías individuales consagradas en la Constitución, reducidas a un mero enunciado. Dichas garantías son socavadas mediante represión, vigilancia masiva y criminalización de la disidencia.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas como parte de una política depersecución contra opositores políticos, activistas y periodistas. En su informe de julio de 2025, Amnistía Internacional documentó 15 desapariciones forzadas ocurridas tras los comicios presidenciales de 2024, evidenciando que la represión afecta tanto a la ciudadanía en general, como a líderes políticos y candidatos opositores, quienes enfrentan hostigamiento, descalificación y maniobras judiciales que limitan lacompetencia electoral. Así, la crisis de representación se profundiza en un escenario de incertidumbre y hostilidad, donde el clientelismo y el control del aparato estatal por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) distorsionan la dinámica partidaria e inhiben la estabilidad democrática.
La polarización política es extrema e intencional, ya que de esta forma el PSUV mantiene el control deliberadamente. El oficialismo mantiene la narrativa de que la oposición son traidores a la patria o agentes extranjeros, usando estos términos para desacreditarlos e impedir la cooperación mediante la exacerbación de las divisiones sociales.
La sociedad civil venezolana permanece diversa y activa, aunque funcione bajo un régimen autoritario que restringe sistemáticamente su trabajo. En el último tiempo la polarización los ha alcanzado debido a la confrontación en relación con las estrategias planteadas para enfrentar al gobierno autoritario. Mientras que algunas organizaciones desean confrontar a través de denuncias internacionales, otras priorizan la negociación con instituciones estatales para poder asegurar la continuidad y proveer servicios esenciales a la población en medio de la crisis humanitaria que atraviesa el país.
El Estado de la Economía
El Estado de la Economía en el BTI 2006 registró su puntaje máximo de 4,89. Para este entonces Venezuela sufría una inflación que rondaba el 16%, pero mostró un aumento del PIB de 9,3% en 2005, que se dio gracias al boom petrolero. En este caso, la metodología de estudio del Estado de Transformación Económica se mide respecto a 7 criterios, reflejando una definición de economía de mercado que abarca el desempeño económico, la política regulatoria, los derechos de propiedad, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad. El desarrollo integral va más allá del crecimiento económico: requiere reducción eficaz de la pobreza y libertad de acción.
El mercado venezolano es caracterizado en la Constitución de 1999 como una economía social de mercado sujeta a la prerrogativa del estado para regularla. Asimismo, el artículo 112 estipula el principio de libre competencia. Pero en la práctica el sistema funciona como una economía de mando a causa de la ideología política del gobierno. Esto viene acompañado con el control de los precios, la complejidad burocrática y la restricción de acceso al mercado para el libre intercambio de bienes y servicios.
En el indicador de estabilidad monetaria el país oscila entre 1 y 3 en el BTI. Estos puntajes acompañan la política del PSUV donde el equilibrio económico nunca fue un asunto primario en tanto el gobierno pudiera mantenerse en el poder monetizando los enormes déficits presupuestarios. En 2021, Venezuela emergió del periodo de hiperinflación que duró de 2016 a 2020, esto se obtuvo gracias a una serie de medidas económicas que incluyeron la dolarización de facto, restricciones al gasto público y un
ejercicio modesto de disciplina fiscal por parte del gobierno.
Pero la reintroducción de las sanciones petroleras a principios de 2025, por parte del gobierno de Trump y su política de “máxima presión”, ha precipitado un marcado resurgimiento de la inflación y
ha ampliado la grieta entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Los derechos de propiedad privada en el régimen socialista de Maduro son violados mediante ocupaciones ilegales promovidas por el Estado y expropiaciones arbitrarias avaladas por un poder judicial subordinado al ejecutivo. Venezuela ocupó el último lugar en el índice de derechos propietarios internacional. Esta ausencia de seguridad
jurídica frente a inversiones privadas, sumada a la crisis económica y social, ha
generado un clima de tensión sostenido en el tiempo.
Entre 2023 y 2024 la pobreza e inequidad afectaron severamente a grandes conjuntos de la población venezolana, profundizando la exclusión social y limitando las oportunidades económicas. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) en 2023, los índices de pobreza alcanzaron al 82,8% de los venezolanos, mientras que la pobreza extrema roza el 50,5%. Despreciando regiones de actividad económica como Caracas, la recuperación económica del país permanece frágil y desigual, marcada por una dolarización de facto que ha beneficiado únicamente a quienes tienen acceso a moneda extranjera o sectores privilegiados. En contraste, los sectores más desprotegidos se ven relegados a la economía informal, que continúa expandiéndose a través de actividades de subsistencia.
El principio de no discriminación en el artículo 21 de la constitución bolivariana es un adorno si se tienen en cuenta los reportes de organizaciones de derechos humanos que documentan casos de discriminación basada en la orientación sexual, identidad de género, religión o afiliación política. La desigualdad de género es estructural: según ENCOVI, aunque las mujeres poseen un nivel educativo levemente superior, sus ingresos son menores en casi todos los sectores. La falta de marcos institucionales sólidos para aplicar políticas de igualdad dificulta reducir estas brechas, y el 8,7 % de
las mujeres en edad laboral no puede trabajar por responsabilidades domésticas.
El presupuesto nacional se compone predominantemente de ingresos petroleros y, en ausencia de estos, de la recaudación impositiva. Esta estructura económica dependiente constituye un desafío para alcanzar cualquier intento de diversificación. La incerteza económica y política mantiene escasa la inversión interna y externa, restringiendo las posibilidades de crecimiento. En tanto no se avance más allá del dogma socialista hacia un modelo de economía social de mercado, el desempeño fiscal continuará siendo débil.
El Índice de Gobernanza
El Índice de Gobernanza evalúa la calidad del liderazgo político con el que se conducen los procesos de transformación y se compone de un total de cinco criterios: capacidad de dirección, eficiencia en el uso de recursos, nivel de dificultad (considera los desafíos estructurales del país), construcción de consensos y cooperación internacional. En relación con estos dos últimos, el chavismo consolidó un discurso antiimperialista que, al definirse como ‘el pueblo revolucionario’, buscó cohesión interna, pero al mismo tiempo aisló a Venezuela del sistema internacional. En la retórica oficial, esa resistencia
se presenta como un acto de patriotismo.
En relación con el criterio de nivel de dificultad, la posición geográfica de Venezuela provee muchas ventajas en cuanto a recursos, pero estos beneficios se ven limitados por la excesiva dependencia del petróleo, la pobre infraestructura, el terreno fragmentado y los riesgos ambientales. Las altísimas tasas de pobreza, el aumento de la desigualdad y la fuga de cerebros por falta de oportunidades, ha resultado en una escasez de mano de obra cualificada. Estas precarias condiciones de vida han provocado un aumento significativo de la migración, con aproximadamente 7,9 millones de venezolanos que abandonaron su país para finales de 2024.
Estos problemas no existían cuando el régimen chavista llegó al poder; son resultado de más de dos décadas de gestión macroeconómica dogmática, incompetente y resistente al aprendizaje, caracterizada por el intervencionismo estatal, las expropiaciones arbitrarias, la destrucción del sistema de precios y el estrangulamiento del sector privado por una pequeña élite gobernante cuyos miembros rotan en los cargos.
El indicador de intensidad de conflicto político alcanza uno de los valores más altos en el BTI 2026, con un puntaje de 7, tras unas elecciones presidenciales marcadas por interrupciones en el conteo, ausencia de publicación por mesa e inhabilitación de la oposición. La observación internacional concluyó, al igual que en el 2018, como señaló el Centro Carter: “El proceso electoral de 2024 no cumplió los estándares internacionales de integridad”. Mientras que las Naciones Unidas reportaron acciones coordinadas de represión contra la población civil. Las acusaciones de fraude socavaron la legitimidad de Maduro y su gobierno, generando pérdida de apoyo de aliados tradicionales como Lula en Brasil y Petro en Colombia, y motivando a Estados Unidos y la Unión Europea a exigir pruebas del resultado. A nivel interno, sin embargo, sus principales aliados se mantuvieron leales, pese a que el régimen no presentó evidencias de su supuesta victoria ni refutó las actas de escrutinio del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Aunque la mayoría de los venezolanos no se identifican con partidos, el conflicto político atraviesa todos los ámbitos y la neutralidad resulta imposible. La
razón por la que el conflicto no ha escalado a niveles violentos es porque la oposición ha optado por medios políticos en lugar de la resistencia armada.
En una autocracia, la prioridad estratégica es la supervivencia del líder, y el oficialismo venezolano concentra sus esfuerzos en preservar el poder antes que en impulsar el progreso social. Las políticas introducidas buscan contener crisis que amenazan su hegemonía, reflejando rigidez ideológica y falta de transparencia en el aprendizaje de políticas, lo que explica su bajo desempeño en esta materia.
La población venezolana carece de derechos de libre asociación y expresión, enfrentando cierres de medios, persecución política y violaciones sistemáticas del estado de derecho, investigadas por la Corte Penal Internacional como crímenes de lesa humanidad. Hacia 2025, sin intervención de la OEA ni otros organismos internacionales, se agravaron las carencias estructurales en electricidad, salud y
educación en un contexto de hostigamiento constante contra opositores y la sociedad
civil.
Hoy, Venezuela continúa sometida a la dictadura del PSUV pese a la intervención llevada a cabo el 3 de enero de 2026 por parte de Estados Unidos, que a través de una operación militar llevó ante su Corte de Justicia tanto al dictador Nicolás Maduro como a su esposa, bajo los cargos de narcotráfico internacional. El régimen sigue funcionando bajo el mandato de la dictadora, o “vicepresidenta”, Delcy Rodríguez, también parte de la autocracia iniciada por Hugo Chavez.
El BTI como relato de la caída democrática
Los números del BTI que se ven en el gráfico reflejan más que simples puntajes: revelan la trayectoria de un régimen autocrático de línea dura que perfeccionó su modus operandi para consolidarse en el poder. Cuentan la historia de un país que perdió sus instituciones democráticas junto con sus estándares de gobernanza, erosionando la transparencia, debilitando la integración social y profundizando la crisis política. Esta deriva autoritaria ha tenido como consecuencia la migración forzosa de millones de venezolanos, obligados a abandonar su patria ante la ausencia de derechos humanos básicos.
Lucila Fernández es internacionalista, voluntaria de CADAL y ganadora en 2025 del
Premio Milada Horáková.
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