La Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR or sus siglas en inglés) dio a conocer una lista de barreras no arancelarias en México que afectan la inversión estadounidense y el intercambio comercial en el sector energético, farmacéutico, telecomunicaciones, infraestructura, entre otros.
Además, se quejó de la desaparición de entidades regulatorias independientes del sector de energía y telecomunicaciones, entre otros cambios legales que para Estados Unidos van contra los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Sobre la falta de protección a la propiedad intelectual aseguró que a pesar de los operativos hechos por el gobierno de México contra la piratería hay una falta de aplicación de la ley, siguen altos los índices de piratería física y digital. Además de que persisten los mercados de productos falsificados en ciudades como Guadalajara y Ciudad de México.
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Al dar a conocer el documento National Trade Estimate, la USTR dio una lista de barreras al comercio, por ejemplo, en el sector salud, explicó que las empresas reportan retrasos de hasta dos años para obtener registros sanitarios y permisos de importación ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). A pesar de ligeras mejoras, la falta de personal, de capacidad y las regulaciones son la principal barrera para la entrada de dispositivos médicos y productos farmacéuticos aprobados por la Federal Drug Administration al mercado mexicano.
En el sector energético dijo que las barreras tienen que ver con cambios estructurales profundos que dan trato preferencial a la CFE y PEMEX, limitando la participación privada mediante reformas constitucionales. Las empresas estadounidenses enfrentan retrasos injustificados en permisos y una deuda acumulada por parte de PEMEX que supera los 2 mil 500 millones de dólares por servicios ya prestados.
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En telecomunicaciones se mantiene un agente preponderante que limita la competencia y persiste la preocupación sobre el costo del espectro radioeléctrico, que es de los más altos en la región y favorece al proveedor dominante.
En el sector ferroviario advierten de tensiones porque el gobierno mexicano cambió de estándares de referencia y ahora exige los europeos en lugar de los norteamericanos para sistemas de señalización y despacho. Esta decisión podría obstaculizar la integración futura de las líneas ferroviarias en el sistema de América del Norte, complicando la actividad económica transfronteriza y la interoperabilidad de los equipos.
Asimismo, la USTR afirmó que hay deficiencias en la facilitación comercial mexicana debido a la falta de notificación previa sobre cambios en procedimientos aduaneros, porque la reforma a la Ley Aduanera que entró en vigor en enero de 2026, impuso una responsabilidad estricta a los agentes aduanales y exigen una cantidad excesiva de información para cada transacción, elevando las sanciones y la capacidad de la autoridad para incautar cargamentos, además de que limita su actuar a ciertas aduanas, lo que va contra el T-MEC.
Añadió que existe una crisis en la disponibilidad de agentes aduanales, ya que muchos han sido suspendidos y no se han abierto procesos de certificación desde 2023.
La agricultura también enfrenta obstáculos significativos, con demoras críticas en el registro de pesticidas y químicos agrícolas, ya que por la regulación varias empresas perdieron sus licencias de importación debido a que la autoridad no otorga renovaciones, incluso para actualizaciones administrativas simples, lo que genera incertidumbre a pesar de las nuevas medidas de simplificación emitidas a finales de 2025.
Sobre el acceso de papas frescas estadounidenses a territorio mexicano dijo que aún hay restricciones, por lo que mantiene su vigilancia en dicho cultivo.
Respecto a los obstáculos técnicos, Estados Unidos dijo que les preocupan los cortos periodos de consulta pública para las regulaciones de la Ley de Infraestructura de la Calidad. La falta de un reglamento finalizado impide que los organismos de normalización propongan estándares armonizados, creando un vacío regulatorio que afecta la adopción de Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
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