La Embajada de China en Chile difundió este sábado una declaración oficial en la que acusó a Estados Unidos de actuar en contra de los intereses nacionales de Chile.
La misiva pública salió a la luz luego de que Washington revocara las visas a tres funcionarios del gobierno chileno, bajo el argumento de que habrían realizado acciones que afectarían la infraestructura crítica de telecomunicaciones y la seguridad regional.
Según la representación de la nación asiática, la medida estadounidense se vincula directamente con el proyecto de cable óptico submarino transpacífico Chile–China, iniciativa que busca fortalecer la capacidad de comunicaciones del país con Asia y con su principal socio comercial, y consolidar el liderazgo regional de Chile en economía digital.
En ese sentido, la embajada sostuvo que los funcionarios sancionados “han actuado fieles a los intereses nacionales de Chile”, calificando la decisión de Washington como un “desprecio por la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales”, con una “naturaleza hegemónica y despótica”.
En su declaración, la diplomacia china aseguró que el proyecto de cable transpacífico no afecta intereses de terceros países y acusó a Washington de buscar mantener un monopolio sobre las telecomunicaciones internacionales, aludiendo a antecedentes de vigilancia y espionaje, como el caso PRISM.
Asimismo, el texto menciona la Doctrina Monroe, remarcando que su aplicación histórica y actualizada ha generado presiones, conflictos y amenazas en América Latina.
El pronunciamiento concluye con un llamado a que Chile y los países de la región defiendan su autonomía para elegir socios de cooperación, en un contexto de tensiones diplomáticas crecientes en torno al control de la infraestructura digital estratégica y la proyección geopolítica en el hemisferio occidental.
Revocación de visas
La controversia se hizo pública luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmara la revocación de visas a tres autoridades chilenas, acusándolas de dirigir, autorizar o respaldar actividades que comprometerían infraestructuras críticas de telecomunicaciones.
Los afectados fueron el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y el jefe de gabinete de la Subtel, Guillermo Petersen.
Muñoz reconoció públicamente la notificación y lamentó la decisión, señalando que se trataba de un golpe personal, dado su vínculo previo con Estados Unidos.
Desde el Ejecutivo, el Presidente Gabriel Boric rechazó la acusación, afirmando que Chile no ha realizado acciones que socaven la seguridad de otros países y recalcando la autonomía del país para decidir sus proyectos estratégicos.
En tanto, Cancillería chilena, encabezada por el ministro Alberto van Klaveren, condenó la imposición de medidas unilaterales y entregó una nota de protesta al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, solicitando explicaciones formales sobre la decisión y la identidad de los funcionarios afectados.
El cable submarino y disputa por la conectividad digital
El origen del conflicto apunta a la evaluación, por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de un proyecto de cable submarino impulsado por China Mobile, que conectaría directamente a Chile con Hong Kong, generando una ruta alternativa de datos entre Sudamérica y Asia.
En ese tenor, Estados Unidos expresó su preocupación por eventuales riesgos de seguridad, planteando que Chile ya cuenta con el cable Humboldt, iniciativa finalmente adjudicada a Google, con conexión hacia Australia.
En reuniones sostenidas a mediados de febrero, el embajador Judd abordó el tema con autoridades chilenas, incluyendo a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, poniendo énfasis en riesgos asociados a cables chinos redundantes y en la ciberseguridad.
Tras esos encuentros, desde el gobierno se indicó que se encargó una revisión técnica a la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
