Durante una comparecencia ante la prensa, el jefe de Estado norteamericano destacó que el caso poseía una relevancia simbólica vinculada a la seguridad económica y nacional del país. La decisión del máximo tribunal fue alcanzada por una mayoría de 6-3, estableciendo un límite legal a la capacidad del Ejecutivo para invocar estados de excepción con el fin de modificar políticas arancelarias de manera unilateral.
El mandatario también emitió valoraciones críticas hacia el tribunal, sugiriendo que la corte habría sido influida por intereses extranjeros y por movimientos políticos minoritarios. Según su declaración, el fallo debilita las herramientas de negociación comercial de su administración, a pesar de que el tribunal fundamentó su decisión en el análisis de los límites constitucionales de los poderes presidenciales.
La resolución judicial obliga a la administración republicana a revisar su estrategia comercial con los socios internacionales afectados por las medidas arancelarias ahora invalidadas. El impacto de este dictamen se extiende a diversos sectores industriales que dependían de la vigencia de dichos gravámenes, mientras el Poder Ejecutivo evalúa las posibles vías legales o legislativas para dar continuidad a su programa de seguridad económica.
