Esneyder Negrete
BOGOTÁ, 21 feb (EFE).- Con pañuelos verdes ondeando frente al Palacio de Justicia y pancartas que proclamaban «Sin aborto libre no hay democracia», colectivos feministas se congregaron este sábado en Bogotá para conmemorar los cuatro años de la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia y exigir su implementación plena, sin nuevas barreras.
«Tener el derecho a elegir se ha traducido en que las mujeres puedan acceder a un servicio de salud básico garantizado», dijo a EFE Angélica González, del Centro de Derechos Reproductivos y vocera del movimiento Causa Justa, al señalar que el principal avance ha sido que la interrupción voluntaria del embarazo pueda realizarse dentro del sistema público de salud.
La sentencia C-055 de 2022 eliminó el delito de aborto hasta la semana 24 y mantuvo, después de ese plazo, las tres causales vigentes desde 2006: riesgo para la vida o la salud de la mujer, embarazo producto de violencia sexual o malformaciones incompatibles con la vida extrauterina.
La conmemoración coincide con el reciente veto del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al Acuerdo 340 aprobado por el Concejo, que, según organizaciones sociales y médicas, introducía exigencias que podían dificultar la prestación del servicio.
«Una de las barreras más frecuentes ha sido la hipermedicalización del aborto, tratándolo como si fuera un problema de salud mental y exigiendo valoraciones psiquiátricas obligatorias», dijo a EFE Laura Gil, directora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir.
Según Gil, abortar «no es una patología, es el ejercicio de la libertad de conciencia», por lo que iniciativas que pretendan condicionar la decisión de las mujeres desconocen su autonomía y contravienen la jurisprudencia constitucional.
El reto pendiente
Para las activistas y organizaciones sociales, el desafío ahora no solo es mantener vigente el fallo, sino consolidar el derecho dentro del sistema de salud y ampliar su alcance en todo el país.
«La sentencia C-055 sí constituyó un avance significativo en materia de derechos frente a la que teníamos previamente, la C-355 de 2006. Sin embargo, todavía falta mucho terreno, porque el hecho de que exista una despenalización a nivel normativo no significa necesariamente que todo el país avance de manera equitativa en la garantía de derechos», afirmó a EFE Diana Iben Díaz, activista por el derecho al aborto.
Díaz subrayó la necesidad de fortalecer la formación de los profesionales de la salud para que reconozcan su papel en la garantía del derecho al aborto. Agregó que aún falta mayor difusión y apropiación de los lineamientos técnicos y clínicos por parte de las entidades territoriales, así como un compromiso más activo de la academia en la preparación de nuevos profesionales.
Asimismo, consideró que el siguiente paso es ampliar el marco legal vigente, pues recordó que después de la semana 24 el aborto solo puede practicarse bajo las tres causales establecidas desde 2006. En ese sentido, sostuvo que se debe avanzar hacia una despenalización completa, en la que no medie ningún requisito por encima de la voluntad de la persona gestante.
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