Gobiernos locales, autoridades estatales y organizaciones civiles en Estados Unidos expresaron su rechazo al plan de la Administración del presidente Donald Trump para adquirir depósitos y almacenes en más de una veintena de ciudades con el fin de convertirlos en centros de detención para migrantes en proceso de deportación.
El proyecto, que forma parte del programa denominado Iniciativa de Reingeniería de la Detención (DRI) impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), contempla una inversión de 38.300 millones de dólares incluida en el “gran y hermoso proyecto de ley” promovido por el mandatario.
En Surprise, donde se prevé habilitar uno de los centros para albergar a unos 1,500 migrantes, el alcalde Kevin Sartor afirmó que cientos de residentes acudieron al Concejo Municipal para expresar su preocupación por el impacto de la iniciativa en la comunidad, los servicios públicos y la seguridad de las escuelas cercanas.
“No quieren un centro de detención en Surprise. No quieren otro centro más en Arizona”, declaró Sartor a EFE.
Organizaciones defensoras de derechos humanos también mostraron alarma. Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, recordó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene un “récord oscuro” en el estado, donde más de una docena de migrantes han muerto en el Centro de Detención de Eloy.
Estados exigen respuestas al DHS
La iniciativa también enfrenta resistencia en otros estados incluidos en el plan. La fiscal de Arizona, Kris Mayes, y la congresista Adelita Grijalva, enviaron una carta al ICE exigiendo transparencia sobre la compra del almacén en Surprise.
En New Hampshire, la gobernadora Kelly Ayotte informó que recibió un documento del DHS en el que se detalla la implementación del plan para septiembre, incluyendo la adquisición de un almacén en la ciudad de Merrimack.
Según estos documentos, el modelo contempla la compra y renovación de ocho grandes centros de detención, 16 sitios de procesamiento y diez instalaciones “llave en mano”.
Preocupación por escuelas y falta de información pública
En Surprise, grupos comunitarios denunciaron que el centro estaría ubicado a apenas 300 metros de una escuela donde el 60 % del alumnado es hispano.
También cuestionaron la falta de notificación pública sobre la compra del almacén de casi 39,000 m² por 70 millones de dólares.
Los residentes aseguran que se enteraron del proyecto a través de documentos del condado de Maricopa, no por comunicación oficial de las autoridades federales.
Resistencia también en Florida, Maryland y Texas
La oposición se ha extendido a otros estados donde el DHS avanza en la compra de propiedades:
Florida
En Orlando, funcionarios locales rechazaron reportes sobre la posible adquisición de un depósito de 40,000 m² cerca del aeropuerto.
El alcalde Buddy Dyer afirmó que, al tratarse de un asunto federal, la ciudad no puede impedirlo, pero congresistas como Maxwell Frost y Darren Soto enviaron una carta al DHS denunciando los “abusos documentados” del ICE en el estado, incluyendo el caso del centro “Alligator Alcatraz” abierto en 2025.
Texas
En Texas, una inmobiliaria en las afueras de Dallas se negó a vender un almacén que el DHS pretendía adquirir para construir un centro con capacidad para 9,000 migrantes, que habría sido el más grande del país.
Sin embargo, el Gobierno logró comprar otro almacén en El Paso, con capacidad estimada para 8,500 detenidos.
Con información de EFE.
Por: Yari Araujo
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