El juicio por la expropiación de YPF entra en una nueva etapa tras el fallo favorable a la Argentina en la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Ahora, el foco está puesto en los próximos movimientos que darán los fondos litigantes Petersen y Eton -financiados por Burford-, que ya anticiparon que avanzará con nuevas estrategias para intentar revertir la decisión.
El primer paso posible es avanzar con un pedido de revisión ante todos los jueces de la Cámara, conocido como hearing en banc. Se trata de un recurso excepcional, que rara vez es aceptado por los magistrados. “Si los jueces aceptan, el caso tomaría una dimensión excepcional frente a la justicia neoyorquina”, explicó el director de Latam Advisors, Sebastián Maril.
Según los plazos previstos, esa presentación debería concretarse en un lapso de 14 días. A partir de allí, la respuesta del tribunal podría demorar entre 20 y 45 días.
En el Gobierno consideran que esta es la vía más probable que tomará Burford en lo inmediato. También destacan que este tipo de revisiones no suele prosperar, aunque admiten que el caso tiene particularidades que podrían influir en la decisión.
Si el pedido ante la Cámara es rechazado, la siguiente posibilidad será que los fondos demandantes acudan a la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, llegar hasta esa instancia no es automático: requiere un pedido de revisión, conocido como certiorari, que el máximo tribunal acepta solo en situaciones de relevancia excepcional.
El calendario judicial también condiciona ese escenario. La Corte entra en receso el 31 de julio y retoma su actividad en octubre. Si la presentación se realiza antes de esa fecha, una respuesta podría conocerse en diciembre. En caso de rechazo, se agotarían las vías legales en EE.UU.; si el tribunal decide intervenir, el proceso podría extenderse hasta una definición en julio de 2027.
En paralelo, existe una alternativa que puede activarse sin necesidad de esperar esos pasos: recurrir al CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Esto permitiría abrir un nuevo frente internacional en el reclamo contra la Argentina.
Mientras tanto, en el Gobierno sostienen que el escenario cambió de manera significativa tras el fallo de la Cámara y que las chances de que prospere una nueva apelación son limitadas. Aun así, aseguran que se preparan para todos los escenarios posibles en una causa que todavía no está cerrada.
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En los equipos jurídicos de la Casa Rosada no descartan que una eventual nueva instancia implique otra vez presentaciones de escritos, aunque remarcan que no cambiarán el eje de la defensa. “No está todo cerrado, pero está ganado en un 90%. Ahora se invirtió el marco de posibilidades y hay muy pocas chances de que les tomen una apelación. Nos estamos preparando igualmente para todos los escenarios”, resumieron en despachos oficiales, según contó TN.
Los argumentos que el oficialismo promete sostener son los mismos que recogió la mayoría de la Cámara. El primero es que los reclamos de daños por incumplimiento contractual de los accionistas contra la Argentina no son admisibles bajo el derecho argentino. El segundo es que, aun si se asumiera la existencia de una obligación derivada del estatuto de YPF, esos reclamos igual quedan desplazados por el derecho público argentino que regula la expropiación.
