El exministro de Justicia, Hernán Larraín, apuntó que el indulto presidencial "tal como está concebido hoy día debe terminar", coincidiendo con la presidenta de la Corte Suprema, ministra Gloria Ana Chevesich.
En conversación con La Tercera, el exsenador y excomisionado experto analizó el debate sobre la atribución del perdón presidencial que la Constitución les otorga a los Jefes de Estado. Facultad que el Presidente José Antonio Kast anunció que utilizará para indultar a exuniformados condenados por delitos vinculados al estallido social.
Larraín planteó que "se trata de un proceso extremadamente complejo y delicado, que cuesta mucho tomar, y en parte porque la actuación del presidente está en un espacio en que sus decisiones pueden estar presionadas por razones ajenas a lo específico de la solicitud del indulto, es decir, presionadas por razones políticas, de cualquier tipo, como interferencias externas. Y eso es independiente, incluso, de todo lo prolijo que puede ser el proceso para otorgarlo".
En esa línea, enfatizó que "de alguna manera, está ajeno a la actuación presidencial. Al final, lo que hace un indulto es modificar los efectos de un acto jurisdiccional".
De esa forma, coincidió con la ministra Chevesich, quien propuso un consejo que analice los casos: "Lo que yo estoy diciendo es que hay que transferir esa atribución de revisar los efectos de una sentencia condenatoria a un juez y sin limitar el acceso a quienes quieran aspirar a ese beneficio luego de cumplir parte de sus penas. Lo que la presidenta insinuó a título personal, y lo que otros han señalado, es que puede haber un consejo que evalúe y recomiende hacerlo o no".
"El indulto presidencial tal como está concebido hoy día debe terminar. Sea que se le dé a un juez, o que se le dé a un juez que tenga un consejo, el que pueda orientar y revisar y aconsejar lo que tenga que hacer, me parece que entra dentro del escenario de alternativas que uno pudiera tomar. Lo que no es razonable ni conveniente es que sea una autoridad política, una autoridad unipersonal, la que tome esta decisión".
"El Poder Judicial dicta una sentencia, condena a alguien por algún delito y eso, posteriormente, es modificado en sus consecuencias por una acción del Presidente de la República. Entonces, hay aquí, obviamente, una interferencia en una decisión judicial y plantea desde ya un primer problema", sostuvo.
Larraín apuntó a la separación de los poderes: "Si yo quiero que haya independencia judicial, no quiero que el presidente intervenga en los procesos ni modifique con posterioridad una resolución judicial, porque se quiera o no, si cambia la pena por la razón que sea, incluso por una razón muy atendible, como es una persona en riesgo inminente de muerte, se está cambiando la decisión de un juez".
"Eso es una intervención de un poder en otro", afirmó, reparando en que "además, por la naturaleza de la institución presidencial es predominantemente política, mientras que la acción del Poder Judicial es un compromiso con hacer viable el Estado de Derecho aplicando la ley. Que una decisión así sea adoptada por el presidente de la República no pareciera ser del todo conveniente ni necesaria. ¿Por qué no les otorgamos a los propios jueces esta facultad?".
El exministro apuntó que las razones humanitarias que hagan recomendable revisar el cumplimiento de una pena pueden ser vistas por un juez, "bajo un proceso rigurosamente ordenado y con todas las cautelas que correspondan", para determinar la remisión o conmutación de la pena de ese caso.
"(Esa forma) A mí me parece sano, conveniente y útil. Además, sigue un viejo principio jurídico, que las cosas se deshacen de la misma manera como se hacen (...) Esto viene de tiempos monárquicos, de cuando era el rey quien delegaba la administración de justicia, y en ese contexto podía tener sentido. Pero al año 2026 nosotros podemos ir fortaleciendo el Estado de Derecho a través de preservar el respeto a la separación de los poderes".
