Manuel lleva un año viviendo una auténtica pesadilla debido a la okupación de su vivienda en Huesca. Primero la vivienda fue okupada por una joven de nacionalidad rumana de 27 años con dos hijos. La mujer falleció el 24 de enero de 2026, seis días antes de la fecha pactada para que desalojara la casa. La familia de la okupa, antes de que el propietario pudiera recuperar la vivienda de Huesca, cambió la cerradura de la puerta. Sin embargo, ha sido la pareja de la fallecida quien ha okupado finalmente esta vivienda.
Se trata de un hombre marroquí que ha destrozado la puerta del piso para acceder a su interior y quedarse a vivir ilegalmente en la casa. El propietario no da crédito: «Parece una película pero no lo es», ha denunciado en una entrevista a OKDIARIO.
Todo comenzó cuando Francisco Manuel decidió alquilar su vivienda en la calle Perena 26 de Huesca. Él vivía en un tercer piso sin ascensor. Como iba a ser operado de la rodilla, decidió abandonar su vivienda e irse a vivir a casa de unos amigos mientras pasaba la recuperación de su rodilla. Antes de abandonar la casa, decidió darse de baja de la luz y el gas para poder ahorrarse esas facturas durante el tiempo que no viviera allí.
La mujer de 27 años y de nacionalidad rumana se enteró de que Manuel abandonaba el piso y se puso en contacto con él para que le dejara usar su vivienda «como trastero» para poder meter las cajas que ella tenía y que no le cabían en la habitación que tenía alquilada y donde vivía inicialmente.
Al principio, Manuel no quiso alquilar su casa, pero después accedió, no sin antes avisar a la okupa de que la luz y el gas estaban cortados. A la mujer esta circunstancia no le importó y accedió a pagarle 550 euros al mes por la vivienda.
Tras unos meses, la joven dejó de pagarle y también se negó a abandonar el piso que Manuel quería retomar tras recuperarse de su operación de rodilla. «Ella vivía como una reina allí porque además tenía pinchada la luz y el gas».
En mayo de 2025, Manuel llevó a los juzgados este caso y acordó perdonarle la deuda de 7.000 euros que le debía (por impago de alquiler y facturas del agua) si abandonaba el piso. En noviembre de ese año se acordó que la okupa desalojaría la vivienda el 30 de enero del 2026, pero el 24 de enero falleció.
Manuel pensaba que por fin iba a poder recuperar su vivienda. Pero con lo que no contaba es que la familia de la fallecida le cambió la cerradura de su propia casa. Tras varias negociaciones con ellos, los familiares decidieron darle una copia de las llaves de la nueva cerradura, pero Manuel, el propietario de la casa, se encontró con un nuevo problema con el que no contaba, tal y como ha explicado a OKDIARIO.
La pareja sentimental de la primera okupa, un joven de nacionalidad marroquí, destrozó la puerta y volvió a cambiar la cerradura el 1 de febrero de este año, una semana después de que falleciera su supuesta novia.
Ahora es él quien vive en su interior y «no hay manera de echarle», según denuncia en una entrevista en este medio el titular de la casa. «Solo espero que la justicia actúe y pueda recuperar mi casa, ya que ahora estoy en una finca rústica sin luz ni agua y no puedo seguir así», añade.
Plataforma de Afectados por la Okupación
Manuel ha denunciado su caso no sólo ante los juzgados y la policía. También lo ha puesto en conocimiento de la plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación, que ha vuelto, por tercera vez, al Parlamento Europeo para denunciar el desamparo legal y la campaña de bloqueo a los afectados por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Desde el 4 de octubre de 2021, la Plataforma envía mensualmente peticiones de reunión a los ministerios de Vivienda y Justicia sin haber conseguido ninguna respuesta. Además, pidió poder reunirse con alguna eurodiputada socialista. En concreto, con Sandra Gómez, quien ha declinado escucharles, y Hana Jelloul, quien no ha respondido a sus peticiones.
La Plataforma va a exigir a la Comisión Europea que sea garante de la aplicación del derecho a la propiedad, el derecho a la tutela efectiva y la obligación de los gobiernos a ofrecer los recursos a quienes más lo necesitan, tres artículos recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que en España el gobierno no protege ni aplica.
