El caótico tercer gobierno peronista, que en menos de tres años tuvo cuatro presidentes, seis ministros de Economía y un proceso inflacionario que se volvió descontrolado, fue a la vez el período constitucional más violento de la historia argentina moderna.
La violencia se agravó en 1974 cuando murió Perón y bajo su viuda y sucesora empezó a funcionar la Triple A desde la sede de un ministerio cuyo titular era el ex sargento de policía y autor de libros de astrología esotérica José López Rega, a la sazón el personaje más poderoso del gobierno. Como una broma macabra, el ministerio en el que se acopiaba el arsenal con el cual se asesinaba a los disidentes se llamaba “de Bienestar Social”.
Hubo 662 casos registrados de desapariciones y 609 asesinatos sin desaparición. Sin embargo, a diferencia de la inagotable polémica que existe desde hace más de una década sobre la cantidad de desaparecidos durante la dictadura, que para algunos sectores “fueron treinta mil”, la cifra alcanzada por el terrorismo de estado que instauró el tercer gobierno peronista nunca animó discusiones públicas. Eso no se debe a que se convaliden los registros oficiales correspondientes a la etapa previa al 24 de marzo de 1976 sino a que casi nunca se los menciona. Los sostenidos esfuerzos del peronismo por esconder lo relacionado con la represión ilegal implementada por el gobierno constitucional comenzaron en 1983 y se profundizaron en 2003 cuando desde el Estado el kirchnerismo glorificó a la guerrilla peronista y tergiversó, con más insinuaciones y adjetivos que precisiones, el contexto histórico integral de los años de plomo.
Debido a que el caos y el clima anárquico del gobierno de Isabel Perón fue en 1976 el argumento medular de los militares para dar el golpe de estado y a que lo que vino después con el terrorismo de estado a escala industrial terminó siendo la noche más oscura de la historia argentina, habitualmente resulta controversial, hasta podría decirse también incómoda la valoración objetiva del período que precedió a la dictadura. Plantea un problema sin solución: quien reconstruya el fracaso de aquel peronismo junto con la incapacidad de toda la dirigencia política de entonces para hallar una salida en el marco constitucional quedará expuesto a la crítica impiadosa de que lo que en verdad se quiere es justificar a las Fuerzas Armadas. Incluso en el ámbito académico investigadores e intelectuales interesados en las sombras del gobierno peronista suelen tener que soportar el reproche vil de que su intención es alivianarle la carga a Videla.
No es este un tema nuevo en la historia universal. Resulta inevitable que algo tan traumático como una dictadura que volvió industrial el método de secuestrar, asesinar y hacer desaparecer a los disidentes armados y desarmados y que además robó bebés, contribuya a eclipsar una situación precedente desastrosa, sangrienta, arropada acá por la legitimidad de origen, el sufragio popular. A veces por falta de modelos taxonómicos las secuencias históricas quedan más a merced de los relatos. O un tramo directamente llega a esfumarse.
El gobierno provisional de Alexander Kerensky, en 1917, tras la caída del zar, fue un período de caos, crisis económicas y decisiones tan impopulares como la de seguir participando en la Primera Guerra Mundial, pero quedó sepultado en el recuerdo por el peso de la Revolución de Octubre y la creación de la Unión Soviética. Algo similar ocurrió con la Segunda República española (1931-1936), cuyas fallas institucionales a menudo son olvidadas debido a lo que vino después: la cruenta guerra civil, la dictadura de Franco y la persecución sistemática contra los republicanos.
En el caso argentino hay que sumar la trabajosa construcción de la desmemoria que hizo el peronismo mientras consagraba con exclusividad la causa nacional de “la memoria” a los estragos de la dictadura. Hasta el día de hoy muchos de quienes califican de “negacionistas” a los que no concuerdan con que en la dictadura hubo treinta mil desaparecidos (el negacionismo es un concepto neutrónico tomado de la negación total o parcial del Holocausto) jamás calculan, discriminan, desagregan o siquiera mencionan a los desaparecidos (y asesinados) de Isabel Perón.
Este soslayo ha sido consonante con la determinación del peronismo de no brindarle a la sociedad un reconocimiento plausible de sus responsabilidades en el período 1973-76. En parte el peronismo adoptó esa postura en atención a la creencia de que cualquier admisión habría fertilizado la frontera lábil que puede hallar un juez entre responsabilidades políticas y responsabilidades criminales. Pero también porque una revisión seria del período habría llevado en forma inevitable a cuestionar a Perón, ya fuera por el encumbramiento de López Rega y la creación de la Triple A como por la estimulación irresponsable que hizo el general entre 1970 y 1972 del surgimiento y desarrollo de las organizaciones armadas y su impotencia posterior para desarmarlas. La advertencia sindical en forma de slogan “no jodan con Perón” surgió en 2007 como reacción a las investigaciones judiciales sobre la Triple A focalizadas en Isabel Perón, pronto disipadas.
Aunque Isabel Perón, mujer de carácter débil y escasa preparación, al enviudar había iniciado su período (que debía llegar a 1977) diciéndoles a los militares en privado en lo que hoy se llamaría un ataque de pánico que no se sentía en condiciones de gobernar el país, en los meses previos al desenlace la hipótesis de su renuncia fue tan meneada en la política como la resistencia de ella, particularmente enfática, a concretarla. Se la reclamaron dirigentes del oficialismo así como de otros partidos, en contra de la postura verticalista que la sacralizaba por portación de apellido: la proclamaban inamovible, independientemente de las aptitudes para sortear el difícil momento y de los problemas de salud que ella tuviera. Sus frecuentes internaciones y licencias para descansar (la más llamativa fue en Ascochinga acompañada por las tres esposas de los jefes de las Fuerzas Armadas que unos meses después la derrocaron) teatralizaban la sensación de vacío de poder que la muerte de Perón había dejado junto con el derrumbe del Pacto Social. No en vano José Gelbard dejó de ser el ministro de Economía poco después. Y a mitad de 1975 sucedió el Rodrigazo, el ajuste económico más severo producido por un gobierno constitucional en un solo día.
Aparte del juicio político, vía también analizada pero que el peronismo estaba lejos de habilitar, la idea de que Italo Luder, vicepresidente de hecho, se hiciera cargo del gobierno quedó descartada debido a que el propio Luder adhería a la postura del apellido sacro de la señora, como se la llamaba puertas adentro.
Nadie sabe si un paso al costado de la presidenta (quien figura en el Guiness como primera mujer que fue jefa de Estado) habría abierto las puertas a un proceso político que evitara el golpe, hipótesis que contraviene la teoría, en general abrazada por el progresismo, según la cual el “Proceso de Reorganización Nacional” con José Martínez de Hoz como superministro era inexorable porque no respondía al deterioro progresivo de la situación sino a un mandato superior de imponer una política neoliberal y matar a veinte o treinta mil personas. Enfoque que, desde luego, subestima un desmadre nacional que no dejaba ningún rubro afuera.
Una decisión política de los comienzos de la democracia quizás facilitó el soslayo historiográfico del gobierno de Isabel Perón. Fue la del presidente Raúl Alfonsín de no culpabilizarla por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno. Alfonsín revisó el pasado argentino en términos efectivos como nadie. Llevó adelante los juicios a las juntas militares y a las cúpulas guerrilleras cuando el poder castrense aún latía y mientras el peronismo, que boicoteó la creación de la CONADEP, procesaba con ostensible dificultad su primera derrota en elecciones libres. En ese contexto el presidente radical resolvió un rescate estratégico de la figura de Isabel Perón, que venía de estar cinco años presa y se había vuelto a radicar en Madrid, donde ya había vivido doce años. La invitó a la ceremonia de asunción, la distinguió como expresidenta constitucional, la favoreció con una amnistía personalizada y le aseguró una reparación económica y patrimonial. En otras palabras, la eximió de responsabilidades por la Triple A y la escindió del “Brujo” López Rega, quien sería extraditado de Estados Unidos y sometido a juicio, aunque moriría en prisión en 1989, antes de ser condenado, luego de que el fiscal pidiera para él cadena perpetua.
Muchas veces se ha dicho que quienes no vivieron aquella época deben tener en cuenta para entenderla que la violencia impregnaba entonces la cultura política, que la eliminación del contrario estaba naturalizada y que miles de jóvenes soñaban con el ideal de alcanzar “la patria socialista” de la mano del general Perón o bajo el ideario marxista. Pero es posible que esas cantinelas no alcancen a explicar la irracionalidad del planteo de que un militar anticomunista con los antecedentes de Perón habría estado repentinamente interesado en implantar en el país un régimen socialista, por qué dominaba el escenario político una interna tramitada con trotyl, pistolas y fusiles, cómo fue posible que la guerrilla peronista hiciera la lucha armada contra un gobierno del mismo signo o qué clase de podredumbre llegó a incubarse como para que los grupos guerrilleros anhelaran el golpe de estado (“cuanto peor, mejor”) en fortuita coincidencia con vastos sectores de la clase media hastiados de la violencia, de la inflación y de la incapacidad de las autoridades para resolver las crisis económicas.
Los grupos terroristas decían preferir enfrentarse cara a cara con el enemigo, para ellos las Fuerzas Armadas, mientras que mucha gente de a pie, tal como sucedió, acción psicológica mediante, antes de los golpes de 1930, 1943, 1955, 1962 y 1966, pensaba que los militares vendrían a “poner orden” de una vez por todas. Prácticamente nadie imaginaba lo que vino.
Por resignación, desánimo o complicidad con los conspiradores, en el verano 1975-76 también algunos dirigentes políticos y sindicales estaban a favor del golpe. El caso más significativo -y menos conocido- fue el del gobernador de la provincia de Buenos Aires Victorio Calabró, un sindicalista de la UOM perteneciente a la llamada derecha peronista que se había vuelto “antiverticalista”, es decir, contrario a Isabel Perón, cuyo gobierno, en su opinión, estaba acabado. Calabró, al que se le atribuyó cercanía con Videla, estuvo un tiempo preso al comienzo de la dictadura pero no sufrió persecución como la de otros dirigentes. Y nunca más se supo nada de él.
Todo esto explica, quizás, la selección del 24 de marzo como feriado nacional hecha por el peronismo para recordar la dictadura en vez del 10 de diciembre para enaltecer la democracia en coincidencia con el día Internacional de los Derechos Humanos. El feriado evocativo del comienzo de la dictadura con pretensiones basamentales ayuda a creer que lo único que importa es lo que sucedió después.
