El 18 de julio de 1978 Silvia Saladino había vuelto con fiebre a su casa. Tenía como norma con su pareja, Fernando, no acostarse sin la confirmación de que había llegado a casa, pero ese día no pudo. Era la norma que se habían puesto como miembros de Vanguardia Comunista, el grupo en el que militaban contra la dictadura en Argentina que dos años antes había tomado el poder. Esa madrugada un sonido fuerte le despertó y cuando abrió los ojos el cañón de un arma le apuntaba a la cabeza. “¿Eres ‘La Molinera’? Tienes que acompañarnos”.

“En mi cuarto dormían esa noche mi hermana pequeña y una amiga de ella. Además, rápidamente aparecieron mis padres asustados. Nadie sabía que yo militaba, así que para evitar problemas hice lo que me pedían. Tuve suerte y me dejaron vestir antes de salir, no como a otros compañeros. Al despedirme le dije a mi hermana al oído que avisara a Fernando. Di un abrazo a mis padres y, como pensé que sería la última vez que me verían, intenté aparentar tranquilidad. No quería que su recuerdo fuera el de alguien asustada. Me subieron a un Peugeot 504 blanco y cuando arrancó solo tenía en la cabeza que me iban a matar, porque en esos años aparecían personas fusiladas. Lo que no sabía entonces es que a muchos los llevaban a centros clandestinos”, recuerda casi cincuenta años después en una cafetería de Buenos Aires.

Silvia Saladino fue una de las cerca de 30.000 personas que, según estiman varias organizaciones de derechos humanos, fueron desaparecidas por la dictadura. Las Fuerzas Armadas argentinas gobernaron el país a través de varias Juntas Militares durante siete años, aplicando un sistema de desapariciones, torturas y exterminio contra parte de su población. Guerrilleros de grupos armados que operaban en el país surgidos de experiencias como Cuba o Vietnam, militantes de partidos de izquierda o también ciudadanos sin vinculación política directa fueron el objeto de la violencia de Estado en la que hubo secuestros, desapariciones, torturas y robos de bebés.

En total hubo más de 700 centros clandestinos en todo el territorio. El primero de ellos fue creado un año antes del golpe de Estado en la provincia de Tucumán, una de las provincias donde más conflicto hubo entre la guerrilla y el Ejército. Era la llamada Escuelita de Famillá, un edificio destinado a ser un colegio pero que antes de ser inaugurado fue ocupado por el Ejército. En ese espacio estuvo varios meses Margarita Cruz: “Más que un centro de detención aquello era un laboratorio. Estaban implementando, observando y analizando qué resultado les daba las diferentes técnicas aprendidas en la Escuela de las Américas. Yo pensaba que me iban a matar, pero no, me tuvieron privada de libertad, con torturas y con otros secuestrados con los que no podía ni hablar. Estabas todo el tiempo con los ojos vendados. No podías preguntarle nada al gendarme porque no te respondía. Hubo muchos días de aislamiento total. Pierdes la noción de tiempo, espacio y lugar”, explica a 20minutos.

Pensaba que me iban a matar, pero no, me tuvieron privada de libertad, con torturas y con otros secuestrados con los que no podía ni hablar

Tres años después de lo sufrido por Cruz, Silvia Saladino viviría en sus carnes lo aprendido en ese laboratorio previo a la dictadura. “Cuando llegué a El Vesubio me llevaron a la sala de tortura, me hicieron desvestir y me pusieron en la parrilla (como se le conoce a la base metálica de una cama en la que se ata a un detenido para aplicarle diferentes métodos de tortura). Ahí empezaron con el interrogatorio. Yo les decía que no militaba, hasta que en un momento me quitan de la parrilla y me sacan la capucha. Era todo confuso. Yo no veía bien, pero pensé que enfrente había mujeres que conocía. Vuelvo a la parrilla y cuando vuelven a parar dos personas a los que se les conocía como Fresco y Batata me siguen interrogando, y es ya cuando nombro la casa de Fernando, que suponía habría tenido tiempo de levantarse. Y también la casa materna de Nieves, una compañera, para que fuera la madre quien le avisara. Pensé que había dado tiempo a todos para que, alertados por mi secuestro, pudieran irse de sus casas, pero poco a poco muchos fueron cayendo. He pensado mucho en todo eso”.

El silencio y el estigma de las víctimas

Silvia Saladino estuvo dos meses en El Vesubio, después fue trasladada a una comisaría en la que pasaría otros tres más. Ahí consiguió entregar un papel a una persona que trabajaba con presos comunes en el que avisaba a su familia de que seguía viva. En ese año se había celebrado en Argentina el Mundial de Fútbol, momento en el que los rumores de las atrocidades cometidas por el Gobierno de Videla empiezan a ser ya un secreto a voces. Forzados por la presión internacional, permiten que visite el país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, momento en el que la dictadura intenta trasladar a desaparecidos, ocultar a los asesinados, derribar algunos centros y legalizar las detenciones.

“Un día sin decirnos nada nos separaron en varias camionetas y nos abandonan dentro de ellas encapuchados, maniatados y con una declaración de autoincriminación que nos hacen escribir antes. Hacen toda una actuación en la que el Ejército nos rescata y nos llevan a una comisaría para poder justificar la detención legal. Nos toman una declaración y nosotros, por supuesto, repetimos lo que decía. En ese momento, el 13 de octubre, es cuando me encuentro con mi familia. Se hace todo el proceso y el Consejo de Guerra se declara incompetente. Ya era 1979 y había mucha información dando vueltas, por lo que el juez quiso darnos la libertad condicional para evitar problemas. El 18 de mayo pude salir en libertad”, narra Saladino, que reconoce que el momento de salir a la calle es indescriptible, pero que el dolor de lo ocurrido no acabaría ahí.

Algunos liberados se exiliaron en Europa, donde contaron lo que había sucedido. El mundo empezaba a conocer lo que ocurría, pero ella, como muchos otros, se quedó en Argentina y lo vivido en ese tiempo quedó aparcado en su memoria. “Durante 20 años viví una doble vida, una hacia fuera y otra interior. Era todo silencio, no hablaba y algunos familiares de amigas no querían que se juntaran conmigo. Para un grupo de la sociedad éramos subversivos, terroristas y peligrosos, pero para otra parte éramos unos traidores, porque se preguntaban porque habíamos salido en libertad nosotros y no sus hijos”, afirma.

Para un grupo de la sociedad éramos subversivos, terroristas y peligrosos, pero para otra parte éramos unos traidores, porque se preguntaban porque habíamos salido en libertad nosotros y no sus hijos

“Yo me quería morir todo el tiempo que estuve ahí. Tenía una culpa tremenda que tuve que ir trabajando con los años”, dice Saladino. Ella, como muchas compañeras fueron encontradas por interrogatorios anteriores, algo que asegura era comprensible y por lo que no culpa a la persona que lo hizo, con quien tuvo relación años después. “Nunca le tuve rencor y pensé que ella lo sabía, pero fueron sus hijos cuando murió los que me dijeron que siempre cargó con la culpa de haber dado mi nombre”, agrega antes de insistir en que “ha habido mucha crueldad” y señalamiento entre los que consideran que hay víctima mejores que otras y “se ha creado esa figura del verdadero héroe que no dijo nada”.

La lucha por la memoria y la verdad

Esa culpa y estigma ha sido una carga para cientos y cientos de supervivientes, como explica también Margarita Cruz. “Una vez me encontré con otros tucumanos que eran de mi barrio y me dijeron directamente lo que muchos pensaban, que era que no sabía por qué me habían soltado a mí y no otros, qué cómo había hecho para salir. Y yo le respondí lo que sentía, que no lo sabía. Una respuesta que sentía que me culpabilizaba más”, agrega. Cruz recuerda que había vivido algo muy fuerte a los 21 años, un momento en el que no pudo explicarse internamente todo lo que había pasado, y que pese a que se había mudado a Buenos Aires con su hijo para seguir con su vida y trabajar, la Policía le seguía y había mucha desconfianza en la sociedad.

Con la llegada de la democracia las víctimas y los supervivientes empezaron a contar su historia. Se puso en palabras todo lo que había ocurrido y se formaron múltiples asociaciones para la memoria y la justicia. Entre ellas Madres de Plaza de Mayo, que buscaban a sus hijos desaparecidos, o Abuelas de Plaza de Mayo, que hacían lo mismo con los nietos robados. Es por eso que Cruz, junto con otros compañeros, crearon la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos. Y lo hicieron no solo para ayudar a dar testimonios que puedan ayudar a hacer justicia con los que fueron asesinados, sino también para explicar a la sociedad su propio relato de supervivencia. “Los primeros años fueron muy duros, porque ahí empieza la elaboración de dar respuesta a por qué estamos vivos y por qué salimos y otros no. Y la respuesta es que al igual que no había sido decisión nuestra que nos secuestraran, tampoco lo había sido que nos liberaran. Todo lo que ocurrió fue decisión de los victimarios”, apunta.

Al igual que no había sido decisión nuestra que nos secuestraran, tampoco lo había sido que nos liberaran. Todo lo que ocurrió fue decisión de los victimarios

Las historias de cada víctima han ayudado a ir creando el relato de lo que ocurrió en esos años, aunque no toda la sociedad argentina ve con los mismos ojos lo aquel periodo. La llegada del Gobierno de Javier Milei ha supuesto no solo la desfinanciación de organismos de derechos humanos que seguían trabajando en casos relacionados con la dictadura, sino que también insiste en la teoría que defendían los líderes de la dictadura sobre que en Argentina lo que hubo fueron "excesos" en el marco de "una guerra", algo desmontado por los jueces del Juicio a las Juntas, que probó un plan sistematizado de torturas y desapariciones. En este sentido, en el año 2024 varios diputados del partido de Javier Milei visitaron a varios militares condenados por crímenes de lesa humanidad en la cárcel.

Otra de las críticas que se hace a la narrativa de la dictadura es el número de desaparecidos. Varias asociaciones de víctimas cifran en 30.000 los desaparecidos, aunque siempre se ha explicado que no se podrá determinar de manera exacta hasta que se terminen todos los procesos judiciales. Así lo explica a este medio Pablo Llonto, abogado en causas de lesa humanidad desde 1984 y representante legal de 360 familias de desaparecidos: “30.000 es un número estimado por las Madres de Plaza de Mayo a través de varios datos en plena dictadura, pero también se dieron cifras desde muchos otros lugares, incluido los servicios de inteligencia de Chile, que en un famoso documento de un servicio de inteligencia de 1978 cifra aproximadamente en 22.000 los desaparecidos. Nosotros somos muy serios con el tema de las cifras y afirmamos que esa cifra fue una estimación y un símbolo que solo se cerrará cuando se cierre el último juicio abierto”.

Llonto afirma que en estos 23 años desde que se reanudaron los juicios de la dictadura han salido miles de personas que no habían hecho la denuncia ni ellos ni sus familiares. Es el caso de Saladino, que afirma que su padre no realizó ningún trámite legal para buscarla ni se realizó el habeas corpus ante detenciones ilegales, entre otras cosas por lo que significaba socialmente. Sí la buscó con contactos de manera informal, pero su caso ejemplifica la compleja tarea de dar una cifra que no sea una estimación, ya que no todas las desapariciones fueron notificadas. “Creo que nos vamos a llevar una gran sorpresa, porque la cifra posiblemente supere los 30.000”, dice Llonto.

Cincuenta años intentando hacer justicia

Cuando terminó la dictadura a finales de 1983 llegó un proceso histórico en el que por primera vez se realizó un juicio civil a una dictadura militar. Parte de las pruebas usadas en ese juicio fueron realizadas por la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), a la que miles de supervivientes como Cruz y Saladino dieron su testimonio. Hace dos décadas se retomaron los juicios por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, ya que a finales de los 80 y la década de los 90 se promulgaron varias leyes e indultos que evitaban judicializar la dictadura. En estos 20 años han sido condenadas más de 1.200 personas, 400 de ellas cumplen en este momento condena en su domicilio por cuestiones de salud o edad.

En estos 20 años han sido condenadas más de 1.200 personas, 400 de ellas cumplen en este momento condena en su domicilio por cuestiones de salud o edad

Como recuerda Llonto, en estos momentos hay cientos de casos en investigación y nueve en juicio oral. “Nosotros calculamos que el 60% de las víctimas todavía no tuvieron juicio oral y que hay miles de represores sin juzgar. De los ya condenados hay muy pocos en torno a los 60 años, pero la mayoría está entre los 70 y 80, además de una pequeña franja con 90. Por eso es tan importante acelerar estos procesos judiciales, no como está ocurriendo ahora”. Los juicios no se han parado, pero los organismos encargados de muchos de esto casos han sido desfinanciados y han sido despedidos muchos trabajadores públicos, incluidos abogados que estaban en las causas de lesa humanidad y personal que hacía investigación. A esto se le une la “lentitud de la justicia Argentina” que viene de atrás, reconoce Llonto, que recuerda que la velocidad responde muchas veces a los contextos políticos y que por eso en el periodo entre 2003 y 2015 fue cuando más rápidos eran los casos.

Este martes se cumplen 50 años del golpe de Estado y se ha convocado una marcha masiva en recuerdo de lo ocurrido. Para las familias de desaparecidos y los propios supervivientes estas fechas son fundamentales para seguir generando memoria e insistir en la importancia de las causas judiciales. “Queremos justicia porque necesitamos saber dónde están los desaparecidos. Toda la sociedad fue mancillada por lo que ocurrió. Aquí no hubo una guerra ni dos demonios que se enfrentaron, hubo un Estado que cometió delitos de lesa humanidad”, dice Margarita Cruz, que reconoce que ha pasado medio siglo pero todavía le hace daño recordar lo que vivió. Para Silvia Saladino, desde que pudo abrirse públicamente a contar su caso no ha dejado de hacerlo: “Somos de las últimas generaciones que quedan que fuimos protagonistas de aquello. Ahora hay asociaciones de hijos que buscan seguir la lucha, pero ya casi no quedan madres y abuelas. Todo lo que podamos transmitir de primera mano tenemos que hacerlo, porque quienes nos escuchan se transforman en testigos de nuestra historia”.