Este 24 de marzo se cumplen 50 años del último Golpe de Estado que dio origen a la dictadura más sangrienta de la historia argentina.
Desde la reapertura de los juicios, en 2006, 1231 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad en 361 sentencias. También hay 250 absueltos.
Luego de la vuelta de la democracia, empezó uno de los procesos judiciales más importantes y prolongados del mundo por crímenes de lesa humanidad. Mientras muchos países que atravesaron dictaduras optaron por una amnistía general y recién están comenzando a desclasificar archivos de la época, la Argentina optó por juzgar a sus militares cuando aún tenían cierto poder.
El denominado “Proceso de Reorganización Nacional” dejó un saldo que el Estado argentino tardó décadas en dimensionar: 30.000 personas detenidas-desaparecidas, miles de presos políticos, exiliados, hijos apropiados y familias destruidas.
Tribunales federales de todo el país continúan trabajando para esclarecer los interrogantes que persisten en la actualidad. Hay 12 juicios en trámite en diferentes jurisdicciones y 282 causas en etapa de investigación preliminar, con casi 300 procesados.
Las causas incluyen delitos sobre desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales y robo de bebés, entre otros.
Más del 80 por ciento de las personas detenidas permanece en prisión domiciliaria.
La genealogía de las causas judiciales: del histórico Juicio a las Juntas al reconocimiento de los delitos sexuales cometidos durante la dictadura
El histórico Juicio a las Juntas, el proceso en el que un tribunal civil sentó en el banquillo a los represores
El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal leyó la histórica sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Por primera vez en la historia universal, ex jefes de Estado y comandantes en ejercicio fueron condenados por tribunales civiles ordinarios por crímenes contra la humanidad cometidos de manera sistemática contra ciudadanos.
Llegar a esta instancia no fue una tarea sencilla. La sociedad argentina emergía de siete años de dictadura con heridas abiertas, las Fuerzas Armadas conservaban cuotas de poder real y buena parte del círculo jurídico dudaba de la viabilidad del proceso.
Durante nueve meses, el tribunal integrado por León Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D´Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz escuchó los testimonios de cientos de testigos, muchos de ellos sobrevivientes de centros clandestinos de detención que describieron, por primera vez en sede judicial, el mecanismo sistemático del terror: los vuelos de la muerte, las salas de tortura, los partos en cautiverio y el robo de bebés.
El fiscal a cargo de la acusación fue Julio César Strassera cuando a su adjunto, Luis Moreno Ocampo.
Videla y Massera recibieron prisión perpetua, mientras que Viola fue condenado a 17 años de prisión; y Armando Lambruschini, a 8 años. La sentencia estableció con claridad que los hechos no fueron excesos aislados ni errores individuales, sino un plan sistemático y planificado desde el más alto nivel de las Fuerzas Armadas.
El informe “Nunca más” de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), entregado al presidente Alfonsín en septiembre de 1984 antes del juicio, documentó 8961 desapariciones forzadas durante la dictadura.
Apenas dos años después del histórico fallo llegó un retroceso en el camino de reparación que había iniciado la Argentina. En diciembre de 1986, el Congreso sancionó la Ley de Punto Final, que buscaba limitar los juicios a los represores. En junio de 1987 se aprobó también la Ley de Obediencia Debida, que eximía de responsabilidad penal a los subordinados argumentando que solo cumplían órdenes de superiores. Ambas normas cortaron de raíz miles de investigaciones que ya estaban en marcha.
En 1989 y 1990, el presidente Carlos Menem firmó diez decretos de indulto que beneficiaron directamente a Videla, Massera y decenas de represores ya condenados o procesados. Durante casi 20 años el proceso judicial quedó prácticamente paralizado y miles de causas durmieron en los tribunales. Las Madres de Plaza de Mayo y organizaciones como H.I.J.O.S reclamaron sin cesar contra estas medidas.
La historia se volvió a revertir el 14 de junio de 2005 cuando Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el emblemático fallo conocido como “Mazzeo”. El máximo tribunal sostuvo con argumentos sólidos que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que Argentina no podía violar los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional con rango superior.
Poco después, el Congreso derogó definitivamente los indultos de Menem. La reapertura de las causas fue inmediata y masiva, y en 2006 comenzó el primer juicio oral de la nueva etapa: el caso Simón-Poblete Hlaczik, que rompió el silencio judicial y abrió la puerta a lo que vendría después.
Desde 2006, 1231 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad en 361 sentencias
Según los datos relevados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) del Ministerio Público Fiscal, se dictaron 361 sentencias por los Tribunales Orales de todo el país desde la reapertura de los juicios en 2006.
Las causas más conocidas son las denominadas ESMA I (o Febres), donde se condenó a represores por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura, incluyendo secuestros, torturas y desapariciones, con figuras clave como Alfredo Astiz, Jorge “el Tigre” Acosta, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda, Antonio Pernías, entre otros. En esta causa, se incluyeron los casos de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y la desaparición del periodista Rodolfo Walsh.
En el caso Febres, el juicio incluyó sólo cuatro casos de víctimas sobrevivientes y a un solo imputado, el exprefecto naval Héctor Antonio Febres. El 10 de diciembre de 2007, cuatro días antes de la lectura de la sentencia, el imputado murió producto de la ingesta de arsénico mientras se encontraba detenido en la dependencia de la Prefectura Naval de Zona Delta. Las circunstancias de esa muerte son aún desconocidas.
Febres había sido identificado por las víctimas como el encargado de sustraer a los bebés nacidos en la ESMA y ubicarlos en familias de apropiadores. La muerte del exprefecto dio cuenta de la necesidad de un mayor control de las condiciones en las que se encuentran detenidos los imputados por crímenes de lesa humanidad.
En el caso Poblete Hlaczik (2006, Capital Federal), se juzgó la apropiación de Claudia Victoria Poblete y el secuestro y tortura de sus padres. Fue el caso testigo que quebró la impunidad.
Otros de los juicios emblemáticos fueron la causa contra Miguel Etchecolatz (2006, La Plata): primera condena a prisión perpetua por 14 víctimas del circuito Camps, un conjunto de 29 centros clandestinos de detención. Jorge Julio López, testigo clave, desapareció días antes del veredicto.
En la causa Von Wernich (2007, La Plata), el capellán de la policía bonaerense fue condenado por 41 víctimas, probando la complicidad de sectores de la Iglesia católica. Durante este juicio se pudo comprobar que su presencia en los lugares de cautiverio cumplía una función dentro del engranaje represivo: escudado en su rol de sacerdote, Von Wernich tenía como trabajo sacarle información a las víctimas y calmar los reclamos de sus familiares. Fue condenado a prisión perpetua por 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.
Otros expedientes son el de la Masacre de Fátima (2008, Capital Federal), donde se comprobó que 30 personas fueron ejecutadas y voladas con explosivos en Pilar. La causa Menéndez – Brandalis (2008, Córdoba), fue la primera contra Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo del Ejército.
La causa Regimiento de Infantería 9 (2008, Corrientes), fue el primer juicio que analizó un centro clandestino dentro de un regimiento militar. Por su parte, en Vargas Aignasse (2008, Tucumán), se condenó el secuestro y desaparición del senador justicialista en las primeras horas del golpe.
El caso Berthier – Caso Sampallo Barragán (2008, Capital Federal), fue el de la primera nieta recuperada que querelló contra sus apropiadores.
La lista continúa con causas como:
- La Masacre de Margarita Belén
- El Plan Sistemático de Apropiación de Menores (en sus varias etapas)
- Los juicios de Campo de Mayo
- Causa ESMA unificada
- Vesubio
- La Perla
- Automotores Orletti
- La Masacre de Trelew
- El Operativo Independencia
También decenas de megacausas provinciales que abarcaron desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.
Según se desprenden de estas 355 sentencias, los circuitos represivos más juzgados fueron la ESMA, Campo de Mayo, La Perla, Vesubio, Automotores Orletti, Mansión Seré, Sheraton, Pozo de Banfield y Brigadas policiales.
Las personas más condenadas fueron Luciano Benjamín Menéndez, Miguel Etchecolatz, Alfredo Patti, Ramón Díaz Bessone y Jorge Acosta.
Delitos sexuales durante la dictadura
Los datos muestran que del total de las sentencias dictadas, 58 incluyeron condenas por delitos de violencia sexual cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Estas representan el 17% del total desde la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
La violencia sexual fue parte integral del plan sistemático de represión desplegado durante la última dictadura cívico-militar.
La primera condena por estos delitos se produjo en 2010 en Mar del Plata. El Tribunal Oral Federal de esa ciudad sentenció a prisión perpetua al suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina por hechos que incluyeron violencia sexual. A partir de allí, la política criminal del Ministerio Público Fiscal dio un giro con la Resolución PGN 557/2012, que instruyó a los fiscales a investigar y requerir la sanción autónoma de estos crímenes, sin subsumirlos en figuras genéricas como “aplicación de tormentos”.
Desde entonces, los procesos se extendieron a todo el territorio nacional.
En promedio, cada una de las sentencias que abordaron violencia sexual involucró a varias víctimas y varios imputados, lo que refleja la complejidad de las investigaciones y la necesidad de probar el carácter sistemático de los abusos.
Especialistas y organismos de derechos humanos destacan que la visibilización de estos delitos contribuye a una comprensión más completa del terrorismo de Estado. No se trata de hechos aislados, sino de una estrategia deliberada para aterrorizar y deshumanizar a las víctimas. La autonomía en la calificación jurídica permitió que, en muchos casos, las víctimas pudieran relatar con mayor precisión lo sufrido y que los tribunales reconocieran el impacto diferenciado según el género.
El balance también muestra que, si bien el número de sentencias específicas por violencia sexual aún es proporcionalmente menor al total de juicios, la tendencia es ascendente. El récord de 2023 sugiere que los tribunales y las fiscalías incorporaron con mayor profundidad esta dimensión en las causas en trámite.
Uno de los casos más emblemáticos donde se tipificó de manera específica este tipo de delito fue la denuncia realizada por Silvia Labayru, que estuvo detenida en la ESMA y fue violada sistemáticamente por Jorge “El Tigre” Acosta y Alberto González, quienes fueron condenados en 2021 por estos hechos.
“Fue algo que tenía bastante guardado y me parecía muy importante aclarar que fueron violaciones y acabar con esta historia de que algunas secuestradas tuvimos relaciones con marinos. No era posible ninguna relación, era absolutamente imposible. El secuestro mediante, familiares amenazados, no hay consentimiento posible. No lo hay”, dijo Labayru en declaraciones a la CNN.
Cada una de estas 361 sentencias representan miles de horas de debate oral, testimonios de sobrevivientes, peritajes históricos, reconstrucción de centros clandestinos y identificación de responsabilidades. El proceso acumula un acervo documental y testimonial único en el mundo.
La Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo en juzgar con todas las garantías procesales a quienes cometieron los crímenes más graves contra la humanidad. El Juicio a las Juntas es tomado de ejemplo en todo el mundo como un caso inédito de reparación.
Gracias a esa decisión, el “Nunca más” dejó de ser solamente una frase escrita en 1984 para convertirse en una política de Estado sostenida durante dos décadas y media. 50 años después del golpe, el compromiso sigue intacto: seguir investigando cada causa abierta, seguir juzgando con rigor, seguir garantizando que aquello que ocurrió entre 1976 y 1983 nunca vuelva a suceder en suelo argentino.
