El miércoles 11 de marzo, Argentina puso en marcha la campaña de vacunación antigripal 2026. Tres semanas antes de lo habitual. El ministro de Salud Mario Lugones anunció que el adelanto fue posible gracias a una compra anticipada y una distribución coordinada que ya tiene más de 1.800.000 dosis en las provincias. Es una buena noticia. Y vale la pena entender por qué.
Arrancar antes del pico invernal no es un detalle logístico: es la diferencia entre prevenir y apagar incendios. Y esa diferencia —anticiparse en lugar de reaccionar— es exactamente la lógica que debería guiar toda política sanitaria. La vacunación no es una respuesta a la enfermedad. Es su antecesor, su interruptor, su negación anticipada.
Consecuencias positivas
Detrás de cada vacuna aplicada a tiempo hay una cadena de consecuencias positivas que rara vez se nombra. Pensemos en el caso concreto: un niño o niña que completa su esquema de vacunación contra enfermedades como el sarampión o la varicela tiene muchas menos probabilidades de enfermarse gravemente durante sus primeros años de vida. Eso significa, en términos prácticos, que su madre o su padre no pierde días laborales acompañándolo, que no se consume el crédito de licencias por enfermedad, que la economía del hogar no se fractura ante una internación imprevista.
Los datos oficiales permiten medir la otra cara de este argumento. El Boletín Epidemiológico Nacional registró 7 fallecidos por coqueluche en Argentina durante 2025, de los cuales ninguno tenía antecedente de vacunación. Cuatro de ellos eran menores de seis meses. La coqueluche es una enfermedad prevenible por vacuna, incluida en el Calendario Nacional desde hace décadas. Esos fallecimientos no representan una fatalidad inevitable: son, en su gran mayoría, consecuencia de brechas en la cobertura.
Los mismos números muestran que hay trabajo por hacer. El Ministerio de Salud de la Nación publicó en diciembre de 2025 que las coberturas de la vacuna Quíntuple —que protege contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la hepatitis B y la enfermedad por Haemophilus influenzae tipo b— alcanzaban, en promedio nacional, el 78,43% para la primera dosis y apenas el 73,74% para la tercera.
Una internación pediátrica por una enfermedad inmunoprevenible implica cama, medicamentos, personal médico, estudios de diagnóstico y —en los casos graves— terapia intensiva. El costo para el sistema público o para la obra social es exponencialmente mayor al de cualquier vacuna del calendario.
Las dosis de refuerzo a los 15-18 meses apenas superaban el 64%. Es un punto de partida desde el cual trabajar: el calendario existe, las vacunas son gratuitas y el desafío es que lleguen a cada niño y niña del país.
Es la economía...
A esto se suma el argumento económico, que es tan contundente como el sanitario. Una internación pediátrica por una enfermedad inmunoprevenible implica cama, medicamentos, personal médico, estudios de diagnóstico y —en los casos graves— terapia intensiva. El costo para el sistema público o para la obra social es exponencialmente mayor al de cualquier vacuna del calendario.
La evidencia sobre el impacto sistémico es clara: la prevención mediante vacunación evita gastos asociados a internaciones, tratamientos prolongados y uso intensivo de infraestructura, liberando recursos que pueden redirigirse a equipamiento, investigación e incluso nuevas tecnologías.
Todo esto se asienta sobre una base legal sólida. La Ley 27.491, sancionada en 2018 y reglamentada mediante el Decreto 439/2023, establece de manera explícita que las vacunas del Calendario Nacional son gratuitas, obligatorias y un bien social. No hay ambigüedad posible: el acceso a la inmunización es una garantía del Estado que trasciende gestiones y coyunturas.
Alerta epidemiológica
En esa misma dirección, la Resolución 339/2026 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial en febrero de 2026, refuerza las acciones de vacunación contra el sarampión, adelantando la segunda dosis de la triple viral para reducir la ventana de susceptibilidad en la población infantil.
Esta medida responde a la alerta epidemiológica activa frente a casos importados detectados durante 2025 y es exactamente el tipo de decisión preventiva que distingue a un sistema de salud que actúa antes de que el problema escale.
La campaña que arrancó este miércoles es un buen ejemplo de todo esto. La Argentina tiene uno de los calendarios de vacunación más completos de América latina, una conquista que tomó décadas y que vale la pena sostener.
Distribuir dosis antes del invierno, llegar a los grupos más vulnerables, planificar con anticipación: eso es apostar por la prevención y demuestra que la salud pública puede ser, al mismo tiempo, eficiente y universal.
