Hace pocos días, el Gobierno nacional presentó formalmente el proyecto de ley “Hojarasca”, destinada a “depurar” el cuerpo normativo argentino de lo que la administración libertaria califica de lo “obsoleto” e “inútil”.
La comunicación pública de la iniciativa por parte de la Casa Rosada apuntó a los casos más llamativos, como una ley que penaba los “azotes” o la eliminación del “padrinazgo presidencial”, ambas con orígenes a fines del siglo XIX y cuya obsolescencia nadie duda.
“Por ello, el proyecto de ley que se acompaña resulta de una revisión legislativa que apunta a eliminar legislación obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores o claramente violatoria de los principios constitucionales. Como dice el viejo adagio: “cuantas más leyes menos justicia”, proverbio que pesa mucho más cuando las leyes no cumplen objetivos útiles para la sociedad”, se señala en el mensaje que acompaña el proyecto y que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Sin embargo, entre las 70 leyes que buscan ser derogadas, hay al menos tres que han tenido impacto político en la historia reciente o que tienen finalidades distintas a las que enuncia el Gobierno nacional.
Bienes culturales
El caso de la ley 25.750 es paradojal desde sus argumentos. Se trata de una norma aprobada por el Congreso en junio de 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, pero que quedó asociada a Eduardo Duhalde y que, a pesar de llevar como título “Ley de Bienes Culturales”, pasó a la historia como “Ley Clarín”.
En menos de 10 artículos se establecían puntos que blindaban a los capitales nacionales propietarios de medios de comunicación, por ese entonces con deudas en dólares, de las intenciones de grupos extranjeros que querían acceder al mercado comprando esas deudas.
Entre otros puntos, se establecía una cuota máxima de participación extranjera, no solo en medios de comunicación, sino también en servicios de Internet.
Martín Becerra, docente y especialista en políticas de comunicación, comenta que aquella norma fue vital para salvar a un importante número de medios argentinos que, a partir del año siguiente, pudieron reestructurar sus deudas y, algunos de ellos, crecer en sus negocios y expandirse.
El Gobierno, en el proyecto de ley, afirma que esta norma “restringe el derecho de ejercer industria en algunas actividades particulares. Establece que la propiedad de los medios de comunicación deberá ser de empresas nacionales, limitándose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario y que otorgue derecho a voto hasta por el mismo porcentaje del 30%”.
En diálogo con El Cronista, Becerra señaló que en los últimos años se vivió una virtual nacionalización, tanto de los medios tradicionales como de las telecomunicaciones.
“El ejemplo más cercano es Telefé, que era de Viacom y después de Paramount, y se vendió a una empresa argentina”.
En lo que se refiere a Internet móvil y hogareña, las fusiones también derivaron en un amplio control de capitales nacionales, aunque allí, de hecho, ha existido participación extranjera.
Por otra parte, el docente universitario recordó que el propio presidente le dedicó un párrafo extenso a esa ley en un mensaje de X que tiene fijado en su cuenta y que data del conflicto que mantuvo con el grupo Clarín a causa de la compra de Telecom.
En ese mensaje, Milei recordaba que la “Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales” impidió a los bancos acreedores ejecutar las deudas del multimedio.
CLARÍN:
— Javier Milei (@JMilei) March 3, 2025
LA GRAN ESTAFA ARGENTINA
Se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín. No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo…
Mientras tanto, Sturzenegger, en los considerandos de la ley, afirmó que la “norma es de dudosa constitucionalidad e implica una restricción a la inversión extranjera”, ya que “el artículo 20 de la Constitución dispone que los extranjeros (...) pueden ejercer su industria, comercio y profesión”.
Sin embargo, no hay registros de impugnaciones judiciales a la ley para pedir su inconstitucionalidad y la posibilidad de acceso de capitales ha sido practicada, aunque no sea la tendencia actual en el mercado.
Compre nacional
La hojarasca sturzeneggeriana también carga contra una ley de un solo artículo, sancionada durante la presidencia del radical Arturo Illia, en la que se ordenaba que el Estado y todos sus organismos adquieran automóviles que sean producto de la industria nacional.
Los años 60 fueron de una importante incorporación de capitales extranjeros en fábricas radicadas en Argentina y la política parecía apuntar a fortalecer ese entramado productivo.
La explicación, en este caso, no apunta a la caducidad de la norma: “El Estado debe priorizar utilizar el dinero de los contribuyentes de la manera más eficiente posible. La obligación de comprar automóviles fabricados en la industria nacional impone trabas para la eficiencia en el uso de los recursos nacionales y, por ende, perjudica a los ciudadanos”.
Si bien no existen datos actualizados, las auditorías oficiales de 2024 indican que se estimaba que la Administración Pública Nacional (APN) contaba entre 15.000 y 20.000 vehículos, entre unidades operativas (ambulancias, patrulleros) y de traslado de funcionarios.
La renovación de esos móviles ahora no estará atada a la fabricación en Argentina, sino que podrán ser unidades importadas.
Medicamentos públicos
En el año 2011, el kirchnerismo sancionó la ley que declaró de interés nacional la investigación y producción de medicamentos, vacunas y productos médicos como bienes sociales, con el objetivo de promover la accesibilidad y propiciar el desarrollo científico y tecnológico.
Si bien la Hojarasca afirma que la ley “no impone acciones concretas” y es “primordialmente declamativa, sin consecuencia práctica alguna”, desde el sanitarismo ligado al peronismo afirman que el único objetivo es cerrar el paso a la investigación estatal y abrir el juego a los laboratorios privados.
Esa postura no es negada desde ese sector: “Es una buena iniciativa en la línea correcta, ya que habiendo una industria farmacéutica nacional que cuenta con una plataforma industrial competitiva y de calidad tornan innecesaria la existencia de laboratorios públicos compitiendo con ventajas financieras, impositivos y de control con el sector privado", señalaron desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos.
“El Estado cumple mejor su rol garantizando el acceso —a través de compras, regulación y cobertura— que compitiendo con la industria en la cadena productiva", agregaron desde la entidad.
En Argentina existe una red de laboratorios públicos provinciales y nacionales que trabajan desde la producción de medicamentos tradicionales como la amoxicilina, o analgésicos como el ibuprofeno y el paracetamol, pasando por drogas para el tratamiento de enfermedades cardíacas que generalmente se destinadan al abastecimiento de la salud pública.
Además, con posterioridad se creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que ha llevado adelante investigaciones como el desarrollo de moléculas sintéticas contra el Chikungunya, vacunas terapéuticas basadas en ADN y ARN para el tratamiento del Chagas, o el desarrollo de formulaciones farmacéuticas para uso pediátrico en enfermedades poco frecuentes.
