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"Influye en la gobernabilidad y el marco regulatorio."
- Por ese motivo, el juez señaló que la mera intervención del Estado Nacional "no determina automáticamente la competencia contencioso-administrativa" .
Los triunviros de la CGT, Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, argumentan que la reforma vulneraría "en forma ostensible y manifiesta" los artículos 14 bis y 75 -incisos 19 y 22- de la Constitución Nacional "por grave lesión de derechos de máxima raigambre constitucional, como de protección, progresividad, razonabilidad, tutela judicial efectiva, no discriminación, libertad sindical, defensa en juicio y derecho al debido proceso".
En el pedido de inhibitoria, la jueza aseguró que primordialmente se debate sobre derecho público y secundariamente sobre derecho privado, algo que para Ojeda es "inexacto". Y retrucó: (...) de derecho público solo se incluyen las cuestiones impositivas del F. A. L. (artículo 67 Ley 27.803) y quedan otras 80 normas fuera de esa calificación, salvo que se pretenda que esta Justicia Nacional del Trabajo no sea competente para hablar de huelga, convenios colectivos, asociaciones sindicales y de la propia Constitución Nacional".
triunvirato CGT
La intervención del Estado, el rol de la CGT y el traspaso del fuero laboral como telón de fondo
En ese sentido, el titular delJuzgado Nacional del Trabajo N°63 recalcó que, tal como manifestó la CGT en la presentación, en el expediente se debaten cuestiones "sobre instituciones exclusivamente laborales" tales como el ámbito de aplicación de la ley laboral, el trabajo de plataformas, la presunción de laboralidad, el contrato a plazo fijo, el período de prueba, las indemnizaciones por despido arbitrario, las horas extras, las vacaciones y los intereses en los procesos laborales. También se incluye el derecho de huelga, las negociaciones colectivas, las contribuciones y los ilícitos laborales colectivos, entre otros.
Además, citando fallos anteriores, consideró que de prosperar la decisión inhibitoria y el traslado al fueroContencioso Administrativo, la central obrera se vería obligada a litigar ante un órgano que no constituye el juez natural de la causa, por fuera de un trámite que no es el previsto por ley, lo que lesionaría principios inherentes al debido proceso y a una mejor y más correcta administración de justicia.
"En este caso la CGT no discute: potestad administrativa; acto administrativo singular; procedimiento administrativo; contrato administrativo; sino la constitucionalidad de una reforma integral del régimen laboral y sindical", continuó Ojeda, por lo que el análisis "le corresponde a la Justicia Nacional del Trabajo, por su especial versación en la materia".
Por ese motivo, el juez señaló que la mera intervención del Estado Nacional "no determina automáticamente la competencia contencioso-administrativa". Y citando a la Corte Suprema, agregó que "no basta que el Estado sea parte para atraer la competencia contencioso administrativa; además debe predominar sustancialmente una relación regida por derecho administrativo".
La reforma laboral, a través de su artículo 79, modificó el artículo 20 Ley 18.345 relativo a la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo y propició el inicio del traspaso del fuero a la órbita porteña, hecho que motivó un fuerte rechazo del personal judicial y de los magistrados que allí se desempeñan.
En el fallo, Ojeda hace mención a las modificaciones al señalar que la normativa sustrajo como sujeto pasivo al Estado Nacional y sus Entes Descentralizados. Pero, basándose en una interpretación de la nueva ley, el juez distinguió entre "Estado empleador", al cual se vería impedido de traer al juicio dentro del fuero laboral, y "Estado legislador", que podría ser incorporado sin la obligación de que la causa deba ser trasladada la cuestión al Contencioso Administrativo.
El magistrado considera que, debido al contenido de la reforma y al planteo de la central obrera, es el Estado legislador el que se trae a colación a la causa. Además, argumenta que la nueva redacción del artículo 20 "divide el primer párrafo de su versión originaria", pero "en ambos casos el artículo comienza diciendo “serán de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo “en general, las causas contenciosas en conflictos individuales de derecho…” y allí se dividen las competencias". Por ese motivo, resolvió sostener la causa y rechazar el pedido de inhibitoria, posición que había sido compartida por el fiscal Javier Fernández Madrid, dictamen al que adhirió Ojeda.
Corte Suprema mahiques
Los cortesanos del máximo tribunal junto al ministro de Justicia, Juan Mahiques.
Reforma laboral: el Gobierno presentó un per saltum y pidió a la Corte Suprema frenar la cautelar
La resolución cobra relevancia en medio de las discusiones sobre la inconstitucionalidad de la reforma. En las últimas horas, el Gobierno presentó un per saltum ante la Corte Suprema para que intervenga sin pasar por instancias previas y revierta la suspensión de artículos de la reforma laboral.
El planteo del cuerpo de abogados del Estado solicita la revisión del fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que el 30 de marzo suspendió la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
En representación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, la Procuración exigió que se declare la admisibilidad del recurso, se suspendan los efectos de la cautelar y que la Corte resuelva el caso de manera definitiva. Además, pidió que el máximo tribunal revoque la sentencia al considerar que fue dictada por un juez incompetente y que no existe un caso judicial válido ni legitimación activa colectiva.
cta autonoma y cta de los trabajadores
Los titulares de las centrales de trabajadores durante un encuentro reciente. (Imagen de archivo).
Las CTA se sumaron a la demanda de la CGT contra la reforma laboral
El conflicto se originó a partir de una acción presentada por la CGT, que solicitó la inconstitucionalidad y la suspensión cautelar de varios artículos de la norma. Según la central obrera, los cambios introducidos afectan derechos como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia.
En ese marco, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, a través de su secretario Hugo Godoy, y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, mediante su titular Hugo Yasky, presentaron este viernes un pedido al Juzgado Nacional del Trabajo N°63 a cargo de Ojeda para que sean incorporadas a la causa contra la reforma laboral impulsada por la CGT por "estrecha vinculación y semejanza" con la misma para "evitar sentencias contradictorias".
La acción de amparo de ambas CTA pide que se declare la nulidad de la ley 27.802 por el carácter de inconstitucional de gran parte de sus artículos, títulos y capítulos ya que, según denuncia, "violentan y vulneran de manera manifiesta" lo establecido en el artículo 14 bis, 16, 17, 18, 28, 43 y 75, incisos 19 y 22, de la Constitución Nacional, además de una serie de convenciones y tratados internacionales.
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