La Fundación Pensar, el think-tank del PRO, publicó ayer su documento mensual que tiene como eje central el conflicto bélico en medio oriente y el impacto de los precios en Argentina, y señalan los riesgos por la implicación o no del país en la guerra.
Fulvio Pompeo, ex funcionario del gobierno de Maurico Macri y actual secretario de Relaciones Internacionales del partido destacó que ya no “se trata de una escalada regional, sino de un evento con consecuencias sistémicas sobre la seguridad global, el comercio y la estabilidad económica”.
Pompeo, en la presentación, señala que Argentina, en ese contexto, tiene que “asumir una posición de claridad estratégica” que dé cuenta de los atentados de la década de 1990 y que le impiden “mirar hacia otro lado”.
“Las lecciones de esos episodios deben guiarnos hoy: el terrorismo internacional y sus patrocinadores no son amenazas abstractas, sino realidades concretas que han impactado directamente en nuestro país. Cualquier análisis serio del presente debe incorporar esa experiencia como un componente central”, destacó.
Por añadidura, señaló que lea volatilidad global puede agravar las ”fragilidades macroeconómicas" del país por la “disrupción” en los flujos de “fertilizantes y commodities” que puede complicar al agro argentino.
El informe
El documento de la Fundación Pensar señala canales concretos por los que el conflicto puede golpear a la economía argentina.
El primero y más inmediato es el energético: según el informe, el índice de referencia del gas natural licuado (GNL) experimentó un salto de casi el 95% tras los ataques a las instalaciones de Ras Laffan, en Qatar, pasando de unos 10 dólares a más de 17 dólares por millón de BTU.
Para el PRO, la consecuencia directa para Argentina es un sobrecosto estimado de 700 millones de dólares adicionales solo para garantizar los cargamentos de gas necesarios para el invierno, llevando la factura total de importaciones energéticas a cerca de 1.450 millones de dólares.
El informe advierte que, en el corto plazo, YPF está absorbiendo parte del shock internacional sin trasladarlo de inmediato a los surtidores, lo que funciona como un escudo transitorio.
Ese esquema, afirma el documento, corre el riesgo de ”descapitalizar a la industria petrolera nacional".
Si ese dique cede y los precios internos se alinean con la vorágine internacional, el golpe sobre la competitividad del agronegocio será, según el documento, “severo”.
El sector agroindustrial podría enfrentar una combinación de presiones simultáneas: el encarecimiento exponencial del flete marítimo, el aumento del combustible para la maquinaria y la disparada de los fertilizantes importados, cuyos suministros globales están bloqueados por el conflicto.
Así, cualquier beneficio que pudiera obtenerse por la suba de precios internacionales de los commodities agrícolas —un efecto colateral habitual en contextos de crisis global— quedaría neutralizado por el aumento de costos internos.
Frente a ese cuadro, el documento concluye que Vaca Muerta aparece como una variable clave pero no suficiente.
Los ingresos extraordinarios por exportaciones petroleras podrían compensar parte de la sangría energética, pero la incertidumbre sobre la duración del conflicto y la magnitud de sus efectos sobre las cadenas logísticas globales hace que esa ecuación sea, cuanto menos, frágil.
Para el PRO, la salida estructural pasa por acelerar inversiones en infraestructura de transporte y almacenamiento de gas, ampliar la capacidad exportadora de hidrocarburos y consolidar el desarrollo de la formación patagónica como política de Estado.
