Pese a la incertidumbre que genera la situación financiera de la petrolera estatal Petroperú y el historial que dejaron anteriores empresas públicas en el Perú, algunos candidatos a la presidencia buscan ampliar el rol empresarial del Estado.
De un total de 35 planes de gobierno revisados por Gestión, nueve partidos políticos incluyen propuestas vinculadas a la creación, fortalecimiento o recuperación de empresas públicas.
En detalle, una de las propuestas proviene del partido Venceremos, que plantea nacionalizar Telefónica del Perú (Integratel) y “recuperar los activos estratégicos del sector telecomunicaciones”, incluyendo el espectro radioeléctrico y la infraestructura. Con ello se buscaría la creación de TelPerú, una nueva empresa pública.
A su vez, Perú Libre propone eliminar los candados constitucionales que limitan la participación del Estado en la planificación, intervención y nacionalización de sectores estratégicos.
En una línea similar, Juntos por el Perú menciona la necesidad de una gestión empresarial del Estado en recursos estratégicos y propone una reforma de la Constitución para “recuperar la soberanía nacional sobre los recursos naturales”.
Cómo se recuerda, según el artículo 60 de la Constitución, el Estado solo puede realizar subsidiariamente actividad empresarial por ley expresa, “por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. Es decir, el Estado solo puede crear empresas cuando el sector privado no puede proveer un bien o servicio.
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Otras agrupaciones ponen sobre la mesa la creación de nuevas empresas de bandera. El Partido Patriótico del Perú considera en su plan establecer una línea aérea, una línea de trenes y una flota mercante nacionales, además de impulsar una mayor participación accionaria del Estado en sociedades conjuntas con el sector privado en sectores estratégicos.
En tanto, Perú Moderno propone que el Estado asuma un rol empresarial en sectores estratégicos como la explotación e industrialización del litio y la petroquímica, especialmente donde no llegue la inversión privada.
En el ámbito financiero, Primero La Gente iría tras la creación del Banco Nación-Pyme y el Agrobanco de Fomento como entidades financieras estatales especializadas, mientras que el Partido Unido Perú busca la creación del Banco Mypes para brindar apoyo directo a este sector, y Podemos Perú plantea un Banco de Desarrollo para mypes con líneas de crédito accesibles.
Por su lado, el partido Frente de la Esperanza propone la creación de una Droguería Nacional, para la fabricación e importación directa de insumos y equipos médicos, así como un Laboratorio Farmacéutico Nacional.
El peso de tener empresas estatales
Un reciente reporte del Instituto Peruano de Economía (IPE) evidencia que históricamente en el Perú el manejo de las empresas públicas ha tenido impactos negativos sobre las finanzas públicas. De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCRP) recopiladas por el IPE, en los últimos diez años las empresas públicas acumularon resultados negativos equivalentes a 1.5% del PBI para las cuentas fiscales.
En años más recientes el desempeño de las empresas públicas no financieras ha sido irregular. Entre 2022 y 2024 se registraron resultados mixtos según sector, con rentabilidades negativas en al menos un año dentro de ese periodo en varios rubros como hidrocarburos, defensa, y servicios y producción.
Ahora, con los problemas que ha enfrentado Petroperú, el balance se ha vuelto cada vez más negativo, indicó Victor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE. Esto, precisó, está asociado al alto nivel de rotación de los principales funcionarios, lo cual lleva a un bajo desempeño de gobierno corporativo.
“El gran problema de las empresas públicas en el Perú es que carecen de un gobierno corporativo idóneo, lo cual a la larga las incapacita técnica, financiera y operativamente para ser competitivas. El caso más evidente es Petroperú y de otro lado están las empresas eléctricas que no tienen el rendimiento de las empresas privadas, pero por lo menos, a diferencia de Petroperú, no generan pérdidas”, comentó a Gestión.
Con este contexto, Fuentes consideró que implementar nuevas empresas públicas podrían tener efectos similares a los observados en la crisis de fines de los años 80, periodo en que se generaron presiones fiscales y se derivó en una hiperinflación. En ese sentido, advirtió que insistir con este tipo medidas podrían expandir el déficit fiscal de una manera insostenible.
“El respaldo que tienen estas empresas públicas es directamente el tesoro del Estado, entonces afectaría con mayores presiones fiscales en un contexto en el que el Perú está al borde del incumplimiento de las metas fiscales. En el 2025 se cumplió [con la meta de déficit fiscal] con un poco de suerte, pero para el 2026 estimamos que no lo va a cumplir”, explicó.
Carlos Casas, exviceministro de Economía y docente de la Universidad del Pacífico (UP), también vincula estas propuestas con riesgos fiscales. Si bien en el corto plazo la intervención del Estado en un sector estratégico podría “bajar tarifas”, esto no cubre los costos de la empresa y eso termina generando desequilibrios.
Respecto a la creación de empresas de bandera, como una línea aérea, el economista recordó la experiencia de Aeroperú, que finalmente dejó de operar por falta de rentabilidad.
“El Estado peruano, ha demostrado que es un pésimo administrador, sería un duro golpe. Lo que necesitamos no es un Estado empresario, sino uno fuerte en hacer que se cumplan las normas y promover el desarrollo del país. No necesitamos a un Estado que se encargue de producir cosas. Lo que tiene que hacer es crear las condiciones para que la actividad privada se desarrolle”, indicó.
Aunque algunos partidos señalan que esta creación de empresas públicas ha funcionado para impulsar economías como las de Rusia y China, Casas precisó que, aunque el Estado es propietario, existe competencia entre empresas y una lógica empresarial orientada a generar ganancias y competir en el mercado internacional.
“La actitud del Estado empresario chino es totalmente distinta, es una lógica muy capitalista, hay control de la propiedad, pero se da libertad para que compitan entre ellas. No es algo que tengamos acá, ni tenemos las espaldas financieras para hacer tremendas inversiones, sobre todo como está la situación fiscal ahora en el Perú”, sostuvo.
Fuentes, por su parte, enfatizó que el funcionamiento de empresas públicas en otros países depende de dos factores: que hayan resuelto brechas en servicios básicos y que cuenten con alta institucionalidad, pero “no tenemos ni lo uno ni lo otro en el Perú”.
De hecho, la situación de Petroperú ha sido un obstaculo para mejorar otros aspectos. Según el análisis del IPE, el apoyo financiero de S/ 25,300 millones que otorgó el Estado a la petrolera estatal entre 2013 y 2025 para cubrir su deuda hubiera permitido financiar unos 330 colegios de alto rendimiento (COAR), 98 hospitales de mediana complejidad o 23 veces el presupuesto anual del programa Juntos.
Otro efecto de esta nacionalización de empresas, apuntó Casas, es que se reduzcan los incentivos para que ingresen operadores privados y el deterioro de la calidad del servicio.
Por ello, añadió que, si existe insatisfacción con un servicio -como el de telefonía-, la respuesta debe ser fortalecer la regulación y la competencia en el sector privado, no reemplazar el mercado por empresas públicas.
Las críticas de los economistas sobre crear nuevas empresas del Estado son claras, pero también hay otro flanco para ser cuestionado: nacionalizar las empresas privadas existentes. Solo por citar algunos de los impactos conocidos, y reconocidos por distintos analistas, la fuga de capitales y desincentivo a la inversión; ineficiencia operativa y burocracia; impacto fiscal y deuda pública; distorsión de precios y escasez; entre otros, podrían “acompañar” al país.
