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"Influye en la gobernabilidad y el marco regulatorio."
- Otro punto clave es el plazo: las provincias tendrán un año para llamar a licitación desde la firma de los convenios.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, consideró un "avance" el decreto que habilita a nueve provincias a concesionar rutas nacionales, pero pidió tener "mucha cautela" ya que "faltan conocer muchas precisiones".
"Es un avance; así lo vemos. Pero es un decreto que no dice nada, simplemente que estarían en condiciones de ceder por 30 años la A012 a la Provincia de Santa Fe”, consideró Pullaro durante la inauguración del acceso al Área Industrial de Firmat.
Este viernes, el Gobierno nacional autorizó a Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, San Juan, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén a concesionar tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios mediante el sistema de obra pública por peaje, aunque sin ceder el control ni la jurisdicción federal sobre esos caminos.
Al respecto, el mandatario santafesino apuntó que “el decreto que publicó el Gobierno nacional pone un plazo máximo pero no un mínimo" y que su provincia "está dispuesta a invertir".
"Tenemos una licitación terminada de casi 6.000 millones para arreglarla de manera inmediata cuando se dé esa cesión", afirmó.
De todos modos, Pullaro aclaró que si Vialidad Nacional les dice que el plazo es de un año, "nosotros solamente vamos a poner los recursos, la vamos a arreglar y nadie la va a mantener".
"Por eso quiero pedir mucha cautela. Nos entusiasmamos cuando salió el decreto, pero cuando lo leímos tomamos un poco de distancia. Es un avance, vamos a trabajar mucho para que nos la puedan ceder por 30 años y así sí poder arreglarla”, consideró el gobernador.
Asimismo, adelantó que evalúa la conformación de un sistema de fideicomiso en el que diferentes actores se ocupen de su administración.
Qué dice el decreto del Gobierno sobre las rutas nacionales
La normativa publicada en el Boletín Oficial fija condiciones estrictas sobre los ingresos: los fondos obtenidos por peajes solo podrán destinarse a los tramos concesionados, sin posibilidad de financiar otras obras o corredores.
Además, se establece que los sectores delegados no podrán integrarse en licitaciones conjuntas con rutas de otras jurisdicciones, lo que limita la conformación de corredores más amplios.
Otro punto clave es el plazo: las provincias tendrán un año para llamar a licitación desde la firma de los convenios. Si no lo hacen, la delegación quedará automáticamente sin efecto.
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Los gobernadores reclaman a Nación por el estado de las rutas desde el inicio de la era Milei.
En tanto, si una concesión se extingue por cualquier motivo, el Estado nacional retomará la gestión del tramo.
El decreto se apoya en la ley 17.520, que habilita al Poder Ejecutivo a otorgar concesiones de obra pública, y en el Decreto-Ley 505/58, que regula el sistema troncal vial. También se inscribe en los lineamientos de la ley 27.742, orientada a la reorganización del Estado y la descentralización de funciones.
Por último, la norma fija que las concesiones no podrán superar los 30 años de duración, estableciendo un tope para este tipo de contratos.
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