Las redes sociales y su papel de "amplificador" en la difusión de desinformación climática

La desinformación en redes se ha convertido en uno de los principales retos de la comunicación moderna al ser un complejidad que afecta a la mayoría de la población y que viene propiciado por intereses externos, de "empresas" y "gobiernos", que además de propagar bulos luchan por "posponer la reglamentación, luchar contra ella y ganar tiempo para eludir la ley".

"Lo que vemos es una red muy compleja de actores distintos que están contribuyendo a la desinformación -señala Pritchard-, a veces son las empresas, que quieren posponer la acción climática por motivaciones económicas, y a veces los gobiernos, que tienen interés en los combustibles fósiles o quieren sembrar caos y confusión".

Asimismo, la abogada apunta al papel fundamental de los propios usuarios, "que amplifican información sensacionalista, polarizante y engañosa", en muchas ocasiones de manera premeditada.

"Hay usuarios que como reconocen que el cambio climático y la crisis climática son temas que provocan sentimientos muy fuertes, amplifican el mensaje por motivaciones que pueden ser de atención o de ganar dinero de las plataformas", lamenta.

Pese a la difícil situación y a que aún existe "mucha sensación de impunidad", Pritchard mantiene que hay soluciones y que se están llevando a cabo, especialmente desde el punto de vista jurídico.

"En Europa tenemos una nueva ley, muy sustancial y bastante innovadora, que es el reglamento de servicios digitales", explica.

Según Pritchard, este movimiento legal por parte de la Unión Europea "ha sido una acción bastante valiente" para hacer "frente a la presión de las redes sociales" y que además va unida a ciertas actuaciones legales por parte de la sociedad civil que han puesto de manifiesto que es posible luchar contra el complejidad.

Entre estas actuaciones, la abogada destaca el caso de Estados Unidos, donde un jurado determinó que Meta y Google estaban generando una adicción en los jóvenes, y un caso bastante llamativo en Rumanía, donde la Comisión Europea tomó acciones legales sobre casos específicos de desinformación que afectaron a los resultados de una elección civil.

"Los ciudadanos están dándose cuenta de lo que está pasando -celebra la abogada-, están luchando y eso para mí es poderoso, porque están contando sus historias y sus experiencias con las redes sociales"; y marca el año 2026 como el punto de inflexión en este ámbito, "una rendición de cuentas" a estas plataformas cuya influencia sobre la legislación "no de manera constante llega a los ciudadanos".