Lo que hemos presenciado en el último tiempo es una conducción de las finanzas públicas que perdió su capacidad de anticiparse a la realidad. Durante los años 2024 y 2025, se hizo evidente que los ingresos fiscales no estaban cumpliendo con las proyecciones oficiales; sin embargo, el gasto público no se ajustó con la misma decisión y oportunidad. El balance estructural cerró 2025 en torno a -3,6% del PIB, muy por sobre la meta de -1,1% comprometida en la programación fiscal. La responsabilidad básica de cualquier administración es corregir el rumbo cuando las condiciones cambian, pero al consolidar un gasto permanente sobre ingresos que demostraron no serlo, el problema no desapareció, sino que simplemente se trasladó hacia el futuro.
Frente a este escenario, se ha intentado atribuir la estrechez fiscal a un menor rendimiento de los impuestos que pagan las grandes empresas. Sin embargo, el sector corporativo en Chile está sujeto a uno de los más altos niveles de fiscalización tributaria, incluyendo una unidad especializada dentro del Servicio de Impuestos Internos dedicada exclusivamente a su supervisión. La menor recaudación responde principalmente al menor dinamismo económico y a supuestos de ingresos que no se materializaron. La Ley de Cumplimiento Tributario aprobada en 2024 proyectó una recaudación significativa, muy por sobre estimaciones más conservadoras de organismos internacionales como el FMI. Al mismo tiempo, se han aprobado reformas que implican mayores compromisos de gasto permanente, como la reforma de pensiones. La discusión de fondo no es por qué los ingresos fueron menores, sino por qué, sabiendo eso, no se aplicó un freno oportuno al gasto.
Esta desconexión entre ingresos proyectados y gasto efectivo ha erosionado la credibilidad institucional, uno de los activos más relevantes que históricamente ha tenido Chile. El deterioro es visible en la trayectoria de la deuda: en 2014 la deuda pública representaba cerca de 15% del PIB; hoy bordea el 42%, acercándose al techo prudente de 45% definido en el marco fiscal. Cada punto adicional de déficit implica más endeudamiento y mayor pago de intereses, gasto que ha aumentado en los últimos años dentro del presupuesto público.
El nivel de ahorro fiscal tampoco ofrece un amortiguador relevante. El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) se ubica en torno a 1% del PIB. El FMI ha recomendado mantener activos líquidos equivalentes a entre 5% y 7% del PIB para enfrentar shocks severos. La distancia entre la recomendación y la realidad es evidente.
Para salir de este estancamiento, la fórmula no puede ser seguir aumentando la carga tributaria sobre una economía que ha reducido su ritmo de expansión. Mientras en la década previa al 2014 el crecimiento promedio fue cercano al 5%, en los años posteriores se ha movido en torno al 2%. Con menor crecimiento, la base tributaria se expande más lentamente y la presión fiscal se vuelve más pesada. Chile ha ido perdiendo competitividad relativa frente a economías con las que compite por inversión, y la inversión no ocurre en el vacío: se dirige donde existen condiciones más favorables.
Impulsar una rebaja tributaria orientada a mejorar competitividad no es un alivio coyuntural, sino una decisión estratégica para recuperar dinamismo. La experiencia reciente ya mostró los límites de sostener gasto permanente sobre la base de proyecciones optimistas.
El país necesita retomar una trayectoria fiscal seria y predecible. Eso exige proyecciones realistas, disciplina en el gasto y una estructura tributaria que incentive la inversión y el crecimiento. Sin ello, cualquier estabilización será transitoria. Con crecimiento, en cambio, es posible fortalecer las cuentas públicas de manera responsable y sostenible.
*La autora de la columna es presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)
