Una fuente de la comisión confirmó que Porras ocupa la posición 35 en la nómina de aspirantes. Su expediente fue entregado por un tercero que sería Evelyn Marisela Castillo García.

De acuerdo con varias fuentes, Evelyn Marisela Castillo García fue la única abogada que no aceptó ser fotografiada ni quiso dar declaraciones a la prensa, tras haber entregado —supuestamente— su expediente para participar en la elección de fiscal general.

Este viernes 20 de febrero se cerró la recepción de expedientes de quienes aspiran al cargo de fiscal general. En total, fueron 59 profesionales los que se postularon para competir por un lugar en la nómina que será analizada por el presidente Bernardo Arévalo.

Cada expediente será evaluado por la comisión de postulación, que tiene prevista sesión el lunes 23 de febrero. Esa reunión será presidida por la magistrada Claudia Paredes, recientemente ascendida a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El cronograma original contemplaba tres días para la revisión de expedientes, pero este fue modificado a una sola jornada. Sin embargo, respetar ese cambio o ampliarlo dependerá del análisis que haga la postuladora, ante la cantidad de aspirantes.

Consuelo Porras también se postuló como candidata a magistrada titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad por el Consejo Superior Universitario, pero no logró obtener ninguno de los cargos.

Esa candidatura fue cuestionada por sectores nacionales e internacionales, debido a que la fiscal ha sido señalada de atentar contra la democracia por medio de investigaciones contra funcionarios de gobierno, periodistas y operadores de justicia. Además, Porras y la cúpula del MP han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, que los consideran actores corruptos y antidemocráticos.

Al mismo tiempo de esa derrota, un grupo de expertos de la ONU reveló que Porras podría estar vinculada con casos de adopciones ilegales, cuando dirigía un hogar que daba refugio a menores víctimas del conflicto armado interno.

La fiscalía también fue señalada por los allanamientos en centros de votación del CANG, donde se elegía a magistrados de la CC.