Las rentas de casas y departamentos en la Ciudad de México marchan más rápido que la inflación debido a la alta demanda y baja oferta que provocan las políticas públicas inadecuadas y la incertidumbre jurídica, opinaron analistas consultados por EL UNIVERSAL.
El Inegi encontró que el alquiler capitalino subió 4.1% en 2025 y rebasó la inflación nacional de 3.7%.
Se trata del segundo año consecutivo en que las rentas se encarecen a mayor velocidad, situación que no ocurría desde hace más de dos décadas.
La última vez que superaron a la inflación por tanto tiempo fue entre 2001 y 2003, cuando era jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador y terminó el régimen de rentas congeladas que duró casi seis décadas.
La vivienda en la Ciudad de México se ha elevado significativamente en términos de compra y renta porque el gobierno continúa sin actualizar el uso de suelo intraurbano y tampoco pone en marcha programas que permitan el incremento en la densidad de los terrenos, dijo el fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil, Fernando Soto-Hay Pintado.
“Las políticas públicas de los últimos gobiernos han sido ineptas, corruptas y carecen del valor para desarrollar la infraestructura que le urge a la capital”, comentó.
“Sin certidumbre jurídica los empresarios no invierten, porque son objetos de extorsión de todas las autoridades, lo que agota la viabilidad de los negocios y el interés de llevarlos a cabo”, agregó.
Soto-Hay destacó que el desarrollo inmobiliario conlleva altos riesgos, por lo que, ante la situación actual, inversionistas optan por otros mercados u opciones.
El economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, dijo que la gente que busca comprar una casa o departamento se desanima por su alto costo y decide rentar, lo que aumenta la demanda de alquileres y los precios.
“Los arrendadores también suben sus precios por la demanda y el mayor costo que deben cubrir para financiar sus proyectos o inmuebles”, mencionó a este diario.
Tope
El pasado miércoles, la Suprema Corte declaró constitucional el tope impuesto al alquiler en la capital, que no deberá subir más que la inflación del año anterior, cuyo presidente Hugo Aguilar argumentó que la medida “responde a un objetivo de justicia social, pues parte del reconocimiento de que el acceso a la vivienda no puede quedar exclusivamente sujeto a dinámicas de mercado que, en contextos de alta presión inmobiliaria, generan expulsión y profundizan desigualdades urbanas”.
El director de Tu Hipoteca Fácil calificó la medida como una aberración, debido a que “se busca tapar el sol con un dedo, ya que el problema real es que hay insuficientes inmuebles para rentar”.
Advirtió que topar los precios reducirá la oferta de arrendamientos y se van a idear mecanismos paralelos para incrementar la renta de los inmuebles.
“La inversión privada en vivienda para arrendamiento era prácticamente inexistente en la Ciudad, pero con esta medida ya se acabó.
“Quién en su sano juicio va a invertir para tener rendimientos anuales de 3.7% si pueden meter su dinero en instrumentos financieros que hoy ofrecen cerca de 10% y sin riesgo”, apuntó Soto-Hay.
En su opinión, el tope también va a trasladar la presión inmobiliaria a zonas del Estado de México y aumentará la informalidad en el arrendamiento.
Perspectiva histórica
El congelamiento de rentas en la capital, que decretó en 1942 el entonces presidente Manuel Ávila Camacho y finalizó en 2001, desincentivó el mantenimiento de los inmuebles por parte de los propietarios, quienes enfrentaban ingresos fijos frente a costos crecientes, y se deterioró el parque habitacional, lo que llevó al abandono de edificios y al despoblamiento de zonas céntricas, explicaron los analistas de Banamex, Paulina Anciola y Rodolfo Ostolaza.
Recordaron que la medida también redujo la oferta de inmuebles en alquiler, ya que los propietarios evitaron destinar inmuebles a este mercado, lo que limitó las opciones de vivienda para la población de ingresos bajos y medios, contribuyendo a la expansión desordenada de la periferia urbana.
Expusieron que la falta de rentabilidad incentivó prácticas como la supresión de servicios de agua y luz por parte de los arrendadores para presionar a los inquilinos, lo que derivó en conflictos legales.
Los beneficiarios, que representaban menos de 5% de los inquilinos en 1990, disfrutaban de rentas extremadamente bajas, mientras que el resto enfrentaba precios de mercado crecientes, lo que generó tensiones sociales y una percepción de injusticia entre propietarios y nuevos inquilinos, indicaron en Banamex.
Aunque logró su objetivo inicial de proteger a los inquilinos, el congelamiento de rentas provocó la falta de inversión en vivienda, el deterioro urbano y la reducción de la oferta de alquileres, señalaron.
En el banco estiman que la medida redujo la oferta de vivienda en renta en 20% entre 1950 y 2000.
Desde su punto de vista, las rentas congeladas que ya experimentó la Ciudad de México son un claro ejemplo de los efectos no deliberados de políticas públicas que pueden ser bien intencionadas.
Ese episodio histórico nos deja la importante lección de que algunas intervenciones públicas deben diseñarse con plazos definidos, monitoreo continuo y mecanismos de ajuste porque, de lo contrario, pueden derivar en externalidades negativas de magnitud relevante y deteriorar de manera estructural activos escasos para la sociedad, concluyeron en Banamex.
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