A través de su presidente, el pastor Feliciano Lacen Custodio, la entidad se sumó a la postura de la Coalición RD 100 % Renovable, que ha advertido que la normativa establece un cargo del 25 % a la energía solar que los usuarios inyectan a la red eléctrica, lo que diversos sectores han calificado como un “impuesto al sol” encubierto.
Lacen sostuvo que la disposición impactaría de manera directa a los nuevos clientes que deseen instalar paneles solares en los techos de sus viviendas y comercios.
Explicó que el artículo 19 del reglamento establece que los clientes con tarifas monómicas deberán pagar un cargo por uso de red equivalente al 25 % del valor de la energía inyectada al sistema eléctrico.
El CODUE consideró que este esquema contradice el espíritu de la Ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de las Energías Renovables, la cual establece la medición neta como un intercambio equitativo entre la energía consumida y la energía entregada a la red.
Asimismo, la organización social y religiosa criticó que el reglamento obligue al registro e inspección de sistemas de autoconsumo que no inyectan energía, al entender que esta disposición constituye una intromisión injustificada que vulnera el derecho a la propiedad privada y a la privacidad de los ciudadanos.
Ante este escenario, el CODUE reiteró su llamado a las autoridades del sector eléctrico para que revisen los aspectos que considera regresivos del reglamento, promuevan un diálogo amplio con los sectores sociales y productivos, y garanticen que la transición energética del país sea justa, sostenible y coherente con el marco legal vigente, en beneficio de las familias dominicanas y del cuidado de los recursos naturales.
Barcazas de Azua
En otro orden, el pastor Feliciano Lacen advirtió sobre el impacto ambiental negativo que, según denuncias comunitarias, ha generado desde el año 2022 la instalación de barcazas generadoras de electricidad en Los Negros de Azua. Indicó que estas han afectado los manglares de Puerto Viejo, la fauna marina y la vida silvestre de la zona.
Señaló además que residentes del área han reportado contaminación, ruidos constantes, enfermedades respiratorias, daños a la actividad pesquera y afectaciones a la economía familiar.
“Se requiere realizar estudios de impacto ambiental y de salud que sean creíbles y transparentes. Lo que procede es una revisión integral del sistema eléctrico, sin necesidad de crear nuevas leyes, sino cumpliendo las que ya existen, sin imponer más cargas sobre el pueblo”, expresó Lacen Custodio.
